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Protección en todo momento

por Sofía Almazán Argumedo

Mundialmente se han hecho esfuerzos por crear normas internacionales para la protección integral de los derechos de las niñas y los niños; se ha buscado convertirlos en parte de la realidad cotidiana en todos los países, siendo en muchos casos esfuerzos infructíferos. Todos sabemos que para que esto surta efecto, las normas deben estar seguidas de acciones que las hagan una realidad en cada región y en cada país


A más de 15 años de que la Convención de los Derechos del Niño y la Niña de las Naciones Unidas fue ratificada por casi todos los países del mundo, hay mucho qué hacer para lograr que lo plasmado en dicho documento sea letra viva en su realidad, pues continúan viviendo violencia, abandono y todo tipo de violaciones a sus derechos.

El papel del gobierno y la sociedad

México, las niñas y los niños todavía son en muchos aspectos invisibles y, por lo tanto, vulnerables ante la violencia y el abandono en los diferentes contextos del país. Además, existe una confusión de los roles que la sociedad mexicana juega, en conjunto y de manera particular, en su protección; hay poco conocimiento real de ellos. Por otro lado, las políticas públicas no logran abarcar los diferentes aspectos que involucran a la sociedad en la toma de consciencia, ni a la puesta en marcha de acciones que impulsen la creación de una política integral de protección a las niñas, los niños y los adolescentes que viven en nuestro territorio, sean mexicanos o provenientes de otro país.

La obligación de cualquier gobierno en su papel de salvaguardar los derechos de los ciudadanos es primordialmente entenderlos y desarrollar, a través de diversas estrategias, una visión común de dichos derechos y específicamente de los relacionados con la infancia. En la actualidad México tiene dificultades para poner a funcionar una política con estas características; existen variados contextos legales, sociales y culturales a lo largo y ancho del país que impiden una homologación de dicho entendimiento para el desarrollo de acciones y estándares de protección integral a la infancia y adolescencia del país. Un principio fundamental que debería regir es: “Todo individuo que viva o pise el suelo mexicano estará obligado y será responsable del cuidado y la protección infantil”, y fundamentarlo en un marco legal que lo proteja y avale en todo momento y situación.

La familia y su desarrollo

Las desigualdades sociales y de ingreso; el aumento de la economía informal; el acelerado y desordenado crecimiento urbano; y la crisis de las instituciones que configuran la construcción social de la niñez, la familia y la escuela forman parte de los factores que definen el grado de vulnerabilidad que las niñas y los niños encuentran en México y otros países de Latinoamérica. De estos factores se desprenden situaciones tales como la trata de personas y el trabajo infantil, conflicto con las leyes y otras secuelas del abandono que sufren por parte de los adultos, quienes deberían ser los guardianes de su bienestar y su interés superior.

Partiendo de la idea de que todos los niños y las niñas tienen derecho a la protección y el bienestar, es interesante analizar lo que actualmente vemos en nuestro país en relación con la familia. Las relaciones de familia disfuncionales, es decir, que no responden al entendimiento del interés superior del niño y que están basadas en una falta de asertividad crónica de los adultos responsables, se desarrollan en entornos muy violentos, llenos de frustración y enojo por la soledad y la depresión en la que muchos individuos de ambos sexos en nuestra sociedad se ven inmersos. Todo esto lleva a expresiones de maltrato físico y psicológico contra los más vulnerables: niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Según datos publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en abril de 2012, en México 28.6 millones de hogares registran violencia familiar y el 60% de los niños de entre 1 y 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia, en la mayoría de los casos son los propios padres quienes «vulneran la integridad física y emocional» de los menores.

El abandono infantil en México es una cuestión de grado, pero se da en todos los sectores de la sociedad. Padres y madres que descuidan su papel por no entender que más allá de sus propios intereses está la responsabilidad de hacerse cargo de manera integral de la protección y cuidado de sus hijas e hijos. Las familias reconstruidas, es decir, aquellas en donde hay una nueva pareja, muchas veces son generadoras de grandes descuidos de los hijos ajenos, creando con esto un círculo de desamparo y soledad que lleva a las niñas y los niños a dejar los hogares, pensando que la calle puede ofrecerles todo aquello que la familia no pudo. Pero sabemos lo que realmente encuentran: un círculo desafortunado de discapacidad para cuidar de sí mismos y, en un futuro, de otros.

Al final, la pérdida de lazos familiares fuertes, sólidos y confiables es la base de toda la incapacidad de los adultos para crear vínculos funcionales y asertivos en la formación de nuevas familias; esta cadena de disfuncionalidad social, en el aspecto sexual, de maltrato, abandono, entre otros, crea efectos devastadores en el desarrollo del individuo, llevándolo a aberraciones como el abuso sexual infantil; creando un círculo nocivo que se reproducirá más tarde en su vida adulta, pasando de víctima a victimario; y seguirá perpetuándose en perjuicio de la sociedad sin que parezca existir una salida.

Por otro lado, la educación en lo general y la escuela como institución tampoco son un factor de cambio en este momento en nuestro país. No existen acuerdos sustanciales sobre la sociedad que queremos. No tenemos un punto de partida con el cual construir un cambio radical en las estructuras educativas, así como contenidos que dirijan a la sociedad de manera equitativa hacia una cultura de protección a las niñas y los niños como uno de los temas centrales y que pueden guiar todo el contenido educativo de las generaciones. Sin embargo, y como un pequeño rayo de luz, podemos afirmar que a pesar de las grandes carencias y deficiencias, la escuela sigue constituyendo un factor de protección para muchos niños y niñas para los que las familias no han sido el pilar central de su seguridad y fortaleza.

La mirada a través de los medios

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de una sociedad educada en la protección integral de las niñas y los niños que la componen; hoy podemos ver que se sigue lucrando con la desgracia infantil para obtener cuantiosos ingresos en diferentes formas. También sabemos que no existe una línea clara de lo que los medios deben transmitir para ayudar a la reconstrucción del tejido social tan desgastado y lastimado por los altos índices de violencia y adicciones a sustancias legales e ilegales; problemas en los que estamos inmersos como sociedad.

Una política de manejo de contenidos alineados con esa cultura de protección de las niñas y los niños, de la que tanto carecemos, se confunde con una represión y atentado a la libertad de expresión, dejando fuera la posibilidad de siquiera pensar en otra forma de dirigir la comunicación de contenidos en el país.

Comisiones de derechos humanos y organismos de protección

Aunque por su vocación pareciera que estos órganos deberían promover la protección integral de los derechos de niñas y niños, su intervención a través de los años se ha limitado a informar y actuar de acuerdo con los intereses políticos que los rigen en los diferentes momentos de la vida pública. La confusión en el entendimiento del interés superior de las niñas y los niños es remarcable; las acciones emprendidas podrían interpretarse a veces como simulaciones de lo que deberían ser en su actuar, independientes tanto de lo político como de intereses individuales. El marco jurídico en el que se apoyan ha mantenido su actuar protegido; no existe una real intervención de protección integral, abierta y sin límite a favor de la infancia del país, una regulación que tanto necesitamos.

Sociedad civil organizada

Desde su surgimiento, ha sido quien ha protagonizado los mejores esfuerzos por entender y resolver problemáticas sociales, ambientales, de salud integral, de cultura, educación y de investigación en todos los ámbitos; sin embargo, y dado su lento avance en la profesionalización, transparencia y medición de impacto, se puede ver que ha dejado de lado el impulso de estándares de protección a la infancia que puedan ser permeados a los otros ámbitos de la sociedad, esto es, se ha hablado de muchos temas relacionados con los derechos, pero pocas son las organizaciones de la sociedad civil que cuentan con una política de protección infantil que los regule.

Hacia una política integral de protección

Más allá de que sabemos que la Constitución mexicana contiene una serie de reglas que directa e indirectamente protegen y salvaguardan los derechos de los niños, es preciso crear una política específica de protección a la infancia: escrita de manera clara, sencilla y entendible por todos; firmada a nivel de acuerdo nacional por todos los sectores y deberá ser publicada, promovida y distribuida adecuada y masivamente, inclusive en los diferentes idiomas que existen en el país. Esta política de protección tendrá que contener los diferentes aspectos en los que un niño debe estar cuidado; un glosario de términos que hagan completamente entendible cada idea contenida; un cuadro de sanciones y consecuencias en caso de que alguien la infligiera, así como medidas para restituir el daño de aquel niño o niña que se viera afectado por dicha infracción.•

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