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Retos y alcances de la planificación familiar

por Manuel de J. Campa G.

La Planificación Familiar es el planeamiento que establece una pareja para determinar responsablemente el número de hijos que podrán tener con base en sus recursos. Deben considerar las necesidades ue cada hijo tendría y en qué medida ellos podrán satisfacerlas, además de cuál es el proyecto que tienen de familia. Generalmente las parejas deciden tener un hijo en función de sus deseos y no de sus posibilidades, lo cual resulta sumamente perjudicial para las sociedades, pues cada vez nacen más niños con menos oportunidades, más necesidades insatisfechas y menos felices.

Los países donde el control de la natalidad se planifica seriamente son menos propensos a sufrir sobrepoblación y tienen una economía más pareja. También tienen más posibilidades de alcanzar un nivel de desarrollo positivo, al contar con un menor gasto de sus recursos naturales.

A principios del Siglo XX la población de México era de 13.6 millones de habitantes, en 1930 crecimos a 16.6 millones de habitantes. A partir de 1940 se inicia un descenso importante y sostenido de la mortalidad general con aumento en nuestra esperanza de vida y un crecimiento acelerado de la población, creciendo a 25.8 millones en 1950 y 48.9 millones en 1970, indicando una tasa de crecimiento demográfico en ese año de 3.4%, una de las más altas en el mundo.

En 1974, como consecuencia de la modificación al Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que eleva a rango constitucional el derecho a la libre decisión de los individuos a elegir sobre el número y espaciamiento de sus hijos, se creó el Consejo Nacional de Población (CONAPO) por mandato de la Ley de Población, con la misión de regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, y el fin de lograr que esta participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.

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Esta política de población reclama un enfoque integral, claramente inserto en las prioridades del desarrollo social, que propicie un cambio de mentalidad e intensifique el espíritu de previsión y planeación en las familias, así como el afán de igualdad entre sus miembros, especialmente en cuestiones de género; que fomente también una alta valoración parenteral de los hijos y que extienda y arraigue una cultura demográfica sobre las repercusiones de la población en el medio ambiente y la sustentabilidad del desarrollo.

En 1977 se elabora el Programa Nacional de Planificación Familiar, el cual designa como responsables de la planificación familiar al CONAPO y al Sector Salud, y nombra un Coordinador Ejecutivo de dicho programa que depende administrativamente del IMSS. Entra en vigor el 28 de Octubre de 1977 y cuenta con el apoyo de organismos internacionales que aportaron ayuda incondicional.

Al inicio del programa la tasa de crecimiento demográfico a finales de 1976 era de 3.2%, fijando las metas demográficas por alcanzar: 1982, 2.5%; 1988,1.9%; 1994,1.4%; 2000, 1%.

A finales de 1982 la tasa de crecimiento demográfico fue de 2.4%; México bajó su tasa de natalidad a un ritmo más acelerado que cualquier otro país en la historia. Por este motivo la Academia Mundial de Ciencias de la Población entregó el Premio del año al Programa Nacional de Planificación Familiar. En 1983 el programa pasó directamente a CONAPO y el sector salud.

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En 1983 se creó por decreto presidencial el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) organismo autónomo del gobierno mexicano, conjuntando en una sola institución la responsabilidad de generar la información estadística y geográfica. Esta institución, adicionalmente a los censos y a los registros, realiza una gran variedad de encuestas en hogares, en particular la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). Esta tiene entre sus objetivos cuantificar los niveles, las tendencias y las principales características de la fecundidad y salud reproductiva, migración y mortalidad, componentes demográficos que influyen de forma directa en el cambio del monto, estructura y distribución espacial de la población del país; genera información para cada entidad federativa y por tamaño de localidad sobre la composición por edad y sexo de la población, niveles y estructuras de la fecundidad y la prevalencia de la anticoncepción. Sus resultados son básicos en la toma de decisiones.

A mediados de los años noventa se actualizó la política nacional de población, haciendo de la salud reproductiva su piedra angular, reduciendo el índice anual de crecimiento demográfico al 1.75%, la tasa total de fecundidad a 2.4, y lograr un índice de uso de anticonceptivos de 70.2%.

Desde esa fecha México ha tenido políticas de población explícitas; hasta el año 2000 se habían formulado cinco programas consecutivos de Planificación Familiar en el sector oficial y una organización civil, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (MEXFAM), extendiéndose de manera notable la práctica de la misma. En 2003 se creó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), un órgano rector y desconcentrado de la Secretaría de Salud, quedando bajo su responsabilidad el Programa de Planificación Familiar.

La Secretaría de Salud, a través del Sistema de Información en Salud (SINAIS), el CONAPO y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pusieron a disposición de las instituciones académicas, organizaciones civiles, dependencias de gobierno y público en general las Encuestas Nacionales de la Dinámica Demográfica 2006 y 2009 (ENADID) en que se actualiza la información relativa a fecundidad, salud sexual y reproductiva de la población.

La educación de cada mujer guarda relación estrecha con el uso de anticonceptivos, porque propicia en las personas actitudes de previsión y planeación y favorece una mayor capacidad de decisión, autonomía y libertad, lo que se expresa en todas las esferas de la vida privada y social, fomenta el afán de logro y superación personales, así como una alta valoración parenteral de los hijos.

Además, la formación escolar incrementa la capacidad de comprensión y manejo de información, comunicación y análisis, que son cualidades que favorecen la difusión de innovaciones. Hoy en día se reconoce ampliamente el valor que tiene la planificación familiar en la vida de las personas. “La educación de una persona comienza dieciocho años antes de su nacimiento” (Napoleón Bonaparte 1769-1821).

En el año 2010 éramos 116.9 millones de personas (CONAPO), cerca de 4 millones más de lo previsto. Esta situación fue resultado fundamentalmente de la desaceleración de la caída de la fecundidad ocurrida entre los años 2000 y 2011, que no fue reconocida a tiempo. A mediados de 2013 hubo 118.3 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento total de 1.13 (51.2 mujeres y 48.8 hombres). Este año rebasamos los 119 millones.

La disminución de la fecundidad, 2.2 hijos por cada mujer, ha sido el principal determinante en la reducción del crecimiento demográfico registrado en el país durante los últimos cuarenta años. Pero el descenso de la fecundidad no ha ocurrido de manera simultánea, ni con la misma intensidad entre los diferentes ámbitos poblacionales o en los distintos grupos étnicos del país, pues aún se continúan presentando altos niveles de fecundidad (CONAPO).

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Esta problemática tiene como origen el difícil acceso a los servicios, el desconocimiento de los métodos de Planificación Familiar, de su forma de uso o lugar de obtención, así como aspectos sociales y culturales que limitan el poder de decisión de las personas.

Buena parte de las mujeres indígenas siguen sin hacer propio el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. El porcentaje de mujeres con primaria incompleta es tres veces mayor en las indígenas que en las no indígenas. En Oaxaca madres a los 20 años tienen 2.5 hijos y 5.8% es madre soltera (INEGI).

A pesar de que son muchos los logros obtenidos, las cifras dejan ver importantes desafíos que requieren respuestas eficientes y oportunas de la sociedad y el gobierno; la identificación de grupos con rezago en este tema de salud nos muestra la necesidad de reforzar el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción. Es necesario propiciar una mayor participación del hombre en las decisiones y utilización de la anticoncepción.

La población joven continúa presentando niveles muy bajos de utilización de métodos anticonceptivos, a la vez que la demanda insatisfecha prevalece alta. La utilización de anticonceptivos para postergar la llegada del primer hijo parece estar empezando a penetrar en los patrones reproductivos de las nuevas generaciones, sin embargo, los avances son incipientes y aún no están consolidados.

La brecha existente en la utilización de métodos anticonceptivos entre la población rural y urbana continua siendo alta, y los niveles de uso aún presentan un retraso de 17 años en relación con el progreso alcanzado en el ámbito urbano.

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En el caso de los adolescentes, el problema radica en el inicio temprano de la actividad sexual sin una adecuada protección; el uso de algún anticonceptivo en la primera relación sexual no llega al 50%. En el periodo 1996-2006 la falta de acceso a algún método de la planificación familiar entre menores de edad creció 10%, cifra mayor a la reportada en las comunidades indígenas y rurales marginadas.

Durante las próximas dos décadas las proyecciones oficiales indican que el nivel de embarazo de adolescentes en México continuará prácticamente en el mismo rango, lo que en opinión de especialistas en la materia es una alerta de las fallas y omisiones en materia de educación y salud reproductiva. Este es otro reto por resolver. Actualmente el nivel es de 66 hijos por cada mil adolescentes y para los próximos años será 64; en Suiza es de 4.3 (ONU).

Consideramos que el programa de planificación familiar no debe descuidarse, con la falsa premisa de que al acercarse el país a la tasa de reemplazo poblacional el problema está resuelto; se está enfocando la atención y recursos a temas como el combate del VIH/SIDA, el envejecimiento de la población, las enfermedades crónico-degenerativas y la migración. A la fecha el sector privado atiende casi el 30% de los mexicanos que usan métodos anticonceptivos (MEXFAM). Es conveniente fomentar la creación de estos organismos civiles no gubernamentales en apoyo a las autoridades de salud.

Ampliar el acceso de esta población a los servicios de planificación familiar es una obligación que requiere atenderse por motivos de equidad y justicia social, y es una condición para garantizar que toda la población pueda ejercer su derechos a elegir cuántos hijos tener y cuándo. El reto es lograr el acceso universal a la salud reproductiva. Por sus múltiples beneficios, este programa es estratégico y prioritario para la Secretaría de Salud.

Está pendiente normar el derecho a la salud sexual y reproductiva, sin distinción ni discriminación; asegurar el suministro de materiales en esta materia; considerar la difusión y el uso de los métodos anticonceptivos como estratégicos; garantizar que los programas de planificación familiar, anticoncepción, educación sexual y salud reproductiva para adolescentes sean obligatorios, eficientes y no discrecionales; dar en la educación este enfoque; y generar indicadores para medir el desarrollo del fenómeno.

Tener acceso a información y servicios sobre la salud sexual y reproductiva es fundamental; la pobreza y los indicadores de salud reproductiva están íntimamente ligados, lo que contribuye a una mayor deserción escolar en las mujeres, menores oportunidades de empleo y condiciones de vida precaria para sus hijos, lo que perpetúa el círculo vicioso de la pobreza.

La ilegalidad es una invariante del mexicano, enseñarnos a respetar la ley; educación e instrucción de calidad; y aplicar la planificación familiar y salud reproductiva son los medios más eficaces para reducir los problemas sociales en nuestro país y elevar la calidad de vida de los mexicanos. 

Manuel de J. Campa G.
Especialista certificado “In Tempore” por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (U.V.) desde 1966; fue Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz de 1999 a 2008.

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