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Seguimos luchando contra la violencia

por Patricia Olamendi (@PatyOlamendi)

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Veinte años después de la Conferencia de la Mujer en Beijing, China, las mujeres mexicanas tenemos que evaluar los avances y reconocerlos, pero sobre todo seguir luchando contra el machismo que está presente en nuestra sociedad, en nuestros gobiernos y poderes del Estado. Esa cultura de desprecio y odio hacia las mujeres es el principal obstáculo para lograr una vida sin violencia; creo que no tenemos otro camino sino el de seguir luchando hoy como antes para lograrlo


Cuando recibí la invitación de Mario Luis Fuentes para participar con un artículo para la revista México Social dedicado al Programa y la Plataforma de Acción de Beijing a 20 años de su celebración, lo primero en lo que pensé fue en los años previos a la Conferencia, los preparativos y, por supuesto, su impacto posterior. Busqué datos, estadísticas que me permitieran demostrar avances y desafíos -con la idea de que siempre hay que seguir demostrando que lo que decimos las mujeres tiene sustento, incluso numérico-; después busqué programas gubernamentales que me permitieran demostrar nuestros avances y sí los encontré pero me parecieron huecos, poco útiles; fue entonces que decidí que escribiría mi percepción de lo que ha ocurrido en México antes de 1995 y después de la IV Conferencia. Tengo la ventaja de haber sido -y afortunadamente sigo siendo una militante por los derechos humanos de las mujeres, he trabajado dentro y fuera de mi país para ello y mi opinión, aunque personal, creo que reflejará el sentido de miles de mujeres que en nuestro país luchan todos los días por el respeto a la dignidad e integridad de las personas, convencidas de que con ello podremos lograr otro México; así que lo que encontrarán es mi vivencia y mi sentir a 20 años de ese gran acontecimiento que cambió y sigue cambiando la vida de las mujeres en el mundo.

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A finales de 1988 un grupo de destacadas feministas y mujeres de diversos partidos, cansadas de las injusticias en la ley y de la poca atención a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia, nos unimos para exigir que se diera un trato humano y las leyes fueran reformadas; por supuesto que la lucha contra la violencia no se inicia con ello, anteriormente organizaciones y destacadas mujeres en lo individual habían insistido en cambios y en la creación de centros de apoyo, pero la problemática como tal no era reconocida, se insistía en lo privado de esta violencia y en que se debía dirimir los “asuntos de los esposos en el hogar” bajo esa terrible frase de “la ropa sucia se lava en casa”. Aun así, queridas maestras del feminismo como Anilú Elías y Esperanza Brito no dejaban de evidenciar y denunciar la violencia contra las mujeres y hablaban de “nuestros derechos”, lo cual sonaba un poco raro frente a requerimientos exigidos a las mujeres como ser “castas y honestas” para denunciar un delito o el derecho de los maridos a la corrección, la sumisión total de las mujeres casadas, o incluso el derecho del esposo a privar de la vida a su mujer a cuando fuera “infiel” -por cierto, disposición vigente hasta 2014 en algunos códigos penales-.

Aún recuerdo a mi maestro de derecho penal en la licenciatura, el Doctor Franco, que le llamaba a esta conducta el delito del “matador”, ya que así decía la ley: “el matador que diera muerte a su esposa”, es decir, nunca y por ningún motivo podría aplicarse el mismo si una mujer lo cometía; este delito tenía como pena de tres días a dos años de prisión, es decir, hasta 2014 era una formalidad, ya que el matador nunca pisaría la cárcel.

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Con éstas y otras disposiciones legales teníamos que sobrevivir a la violencia, por ello es tan significativo nuestra primera gran alianza de mujeres apoyadas por algunos hombres. El llamado grupo plural pro víctimas se planteó varios objetivos, como cambiar la legislación penal; y crear espacios públicos para atender a las víctimas y evidenciar todas las formas de violencia, tarea nada sencilla para hacerlo en el marco de una sociedad machista y muy conservadora.

El grupo recibía de todo tipo de comentarios, desde felicitaciones y apoyo, hasta burlas, aislamiento o cuestionamientos incluso sobre nuestra sexualidad o apariencia física, motivaciones, etcétera –lo que siempre está presente cuando defendemos nuestros derechos y nos decidimos a luchar por ellos-; aun así hicimos lo posible con la presentación de un proyecto de reforma al Código Penal Federal en la Cámara de Diputados (varias de las integrantes del grupo éramos diputadas del PRI, PAN y PMS/PRD). El cambio propuesto a los llamados “delitos sexuales” incluía el cambio del bien jurídico tutelado, ya no era la motivación sexual lo que lo provocaba, sino el daño a la víctima en su libertad sexual y desarrollo de su personalidad; se propusieron nuevos delitos de hostigamiento, abuso sexual; la eliminación de los requisitos de castidad y honestidad; y una nueva definición de violación sexual sin criterios como desfloración o virginidad; y se reconocían, además, otras formas de violencia sexual hoy calificadas como tortura. El proceso no fue fácil, pero finalmente se lograron las reformas y junto con ellas se crearon las primeras agencias especializadas de atención a mujeres violadas y dos centros dedicados a las mujeres víctimas de violencia, el CAVI (Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar y el CTA (Centro de Terapia de Apoyo a víctimas de violencia sexual), todo ello dentro de la PGJDF; además, se instaló un centro similar dentro de la policía capitalina. ¡Por fin se hablaba de la violencia y de su impacto en la vida de las mujeres y la familia!

El grupo plural entonces decidió dar otro paso muy importante al construir la primera ley contra la violencia intrafamiliar, el proyecto se concluyó en 1994; yo entonces dirigía los servicios de apoyo a víctimas en la Procuraduría capitalina y las estadísticas de atención a casos de mujeres violentadas nos orientaron sobre qué tipo de reformas legales necesitábamos; se decidió por una reforma familiar y una penal, dado el impacto que tiene la violencia en el matrimonio, la custodia de los hijos y las hijas, la patria potestad, bienes, y sobre todo la protección que se debía lograr para las mujeres; propusimos la salida del agresor del hogar, la protección a las víctimas, la custodia provisional, los alimentos, entre otros; además de sancionar como un delito la violencia en el hogar dentro del Código Penal y las medidas de protección. Nos apropiamos de los contenidos de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, “Belém do Pará”, adoptada por la OEA, e incluso promovimos en el Senado de la República la suscripción de la Convención y una reforma a la Constitución para incluir los derechos de las víctimas; ambas se aceptaron, y el Senado ratificó la Convención de Belém do Pará, pero su publicación en el Diario Oficial fue frenada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no se aceptaba que la violencia contra las mujeres es una violación a derechos humanos. Finalmente, dos años después logramos su publicación y vigencia -años después, cuando asumí la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores promovimos la creación del Mecanismo de Seguimiento de la Belém do Pará, como una forma de compromiso ineludible con los derechos humanos de las mujeres-.

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También el Senado modificó la Constitución y en el Artículo 20 se incluyeron los derechos de las víctimas, un nuevo triunfo del grupo plural y de la perseverancia de mujeres como Patricia Garduño, quien daba la pelea en el PAN; de Angélica Luna Parra, en el PRI; de Amalia García en el PRD; y de tantas otras que desde los estados no dejaban de trabajar; así como del propio Mario Luis Fuentes, quien desde el inicio nos apoyó.

Sin embargo, había que enfrentar otros obstáculos: las opiniones de la Suprema Corte de Justicia que poco nos ayudaban, como la jurisprudencia respecto a la violación en el matrimonio, en donde se decía “que no había violación sino ejercicio indebido de un derecho propio”; que se requiriera demostrar que la víctima se había resistido a una violación sexual para acreditar el delito; o de los jueces que se negaban a retirar al agresor del domicilio so pretexto de que estaba acreditada la propiedad a su nombre y ese derecho tenía que defenderse; o los continuos careos a los que las niñas eran sometidas con sus agresores a pesar de la prohibición en la Constitución, alegando que era un derecho del inculpado, sin reconocer la situación de vulnerabilidad de las niñas.

Nuestras demandas frente a la justicia siguen vigentes; en ocasiones vemos avances, en otras nos remontan a esos años en donde era cotidiano el cuestionamiento a lo dicho por las mujeres, o la indiferencia frente a sus reclamos. Hace pocos días conocí a una agente del ministerio público federal en un llamado organismo de apoyo a las mujeres que me recordó todas las vivencias anteriores, los cuestionamientos a las víctimas, el maltrato, la violencia institucional, la falta de credibilidad a las mujeres, entre otras terribles actitudes que lamentablemente siguen vigentes; por supuesto que protesté en mi calidad de abogada, pero también lo ocurrido me permitió afianzar mi convencimiento de que el acceso a la justicia para las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente, lejos, todavía muy lejos de lograrlo.

Regresando al motivo del artículo, es evidente que las mujeres mexicanas para 1994, un año previo a la Conferencia de Beijing habían avanzado. Como se propuso que se elaborara un informe por país en el tema de violencia contra las mujeres, el gobierno pudo reportar que avances, sobre todo los contenidos de la legislación; sin embargo, a nivel nacional poco se podía decir de otros temas, ya que la Agenda de las Mujeres estaba a cargo de una oficina en la Secretaría de Gobernación, CONAPO era la ventanilla y fue quien coordinó los trabajos preparatorios, rumbo a la Conferencia Mundial. Para ese entonces ya circulaba en los pasillos de la ONU el borrador de la Declaración de la Conferencia y los documentos propuestos. Tengo que decir que la actividad de las feministas de todo el mundo fue fundamental para lograr que se reconocieran todos los derechos humanos de las mujeres, y de manera especial el papel desempeñado entonces por la Primera Dama de los Estados Unidos, Hillary Clinton, fue determinante; con una defensora de ese tamaño y con miles de mujeres cabildeando, exigiendo y proponiendo el resultado no podría ser otro sino el reconocimiento de que las mujeres sí somos humanas y sí tenemos derechos.

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Al concluir la Conferencia los gobiernos en el mundo se vieron frente a todo un programa para lograr la igualdad y la no violencia hacia las mujeres que incluía desde mecanismos nacionales u oficinas especializadas a favor de las mujeres, hasta cambios legislativos y espacios de atención. El Presidente Ernesto Zedillo propuso entonces crear el Programa Nacional de la Mujer, con un conjunto de políticas públicas que dieran respuestas a los desafíos planteados y a los reclamos de las mujeres; es así que se concreta una acción afirmativa para mantener a las niñas en la escuela; mecanismos de atención a diversos temas de salud y algunos cambios legales; entre ellos que se modificara el tipo penal de violación para reconocer la violación en el matrimonio y la primera legislación de violencia intrafamiliar por primera vez propuesta por el Presidente y todos los partidos políticos.

El Programa Nacional de la Mujer se promovía y vigilaba por dos mecanismos ciudadanos: un consejo y una contraloría social, en el cual participamos mujeres destacadas; nuestro trabajo fue voluntario, pero creo que logramos avances en política pública, y nuestro primer gran resultado es que las estadísticas oficiales del INEGI nos contaran. Hoy se pueden reír, pero ni eso teníamos. Con el arribo del Presidente Vicente Fox se presentó la iniciativa para crear el INMUJERES, propuesta por diversas organizaciones y que finalmente fue aceptada; hasta la fecha esa institución es la responsable de la política pública a favor de los derechos de las mujeres.

En cuanto al cumplimiento de los compromisos en materia de violencia contra las mujeres aprobados en la IV Conferencia plasmados en la Declaración y Plataforma de Acción, hay que empezar por reconocer que no todos ellos fueron incorporados en el quehacer gubernamental con la seriedad que ello demanda, de ello da cuenta el conjunto de recomendaciones de mecanismos internacionales a nuestro país, como lo es el Comité de la CEDAW, que le sigue recordando a nuestro gobierno su compromiso con los contenidos de los tratados internacionales de los cuales el país es parte: “El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte” (I).

Al respecto, desde Beijing se manifestó que: “Los gobiernos no solo deben abstenerse de violar los derechos humanos de todas las mujeres, sino también trabajar activamente para promover y proteger esos derechos, y se insistió que Los derechos humanos de la mujer, tal como han sido definidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, solo serán letra muerta si no se reconocen plenamente y se protegen, aplican, realizan y hacen cumplir efectivamente, tanto en el derecho como en la práctica nacional, en los códigos de familia, civiles, penales, laborales y comerciales y en las reglamentaciones administrativas” (II).

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Para los organismos internacionales que dan seguimiento a los tratados y para la mayoría de las mujeres mexicanas, las políticas públicas y las acciones de los gobiernos mexicanos no han sido suficientes para lograr la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres; su cumplimiento en muchos sentidos es letra muerta, ya que persisten obstáculos reales que los impiden, empezando por una falta total de sanción a quienes los violentan, esa actitud lo único que ha traído es una mayor indefensión frente a actos de violencia, que quedan en la impunidad.

A la fecha no sabemos cuál es la realidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país, ni la magnitud de la misma; tenemos datos de las encuestas llevadas a cabo por el INEGI en los hogares mexicanos, la llamada ENDIREH, que nos dicen que casi 7 de cada 10 mujeres mexicanas han sido víctimas de alguna forma de violencia, psicológica la mayoría; cinco de cada 10, física; sexual tres de cada 10, entre otros datos; pero si queremos saber a pesar de que la ley lo mandata cuáles formas de violencia son las más recurrentes ¿en qué magnitud y en dónde?; ¿cómo, cuándo y dónde se presentaron las mujeres a denunciar? resulta imposible saberlo, no hay datos de los registros administrativos, no se sabe qué ocurre con las víctimas, ahora sólo se contabilizan a las muertas gracias al trabajo perseverante de organizaciones de mujeres u organismos internacionales como Amnistía Internacional, pero ni en ese caso tenemos una información oficial que permita prevenir esos crímenes.

Aunado a ello la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país presenta otros fenómenos más allá de lo que hemos conocido; la desaparición de niñas y mujeres y su utilización por el crimen organizado; el creciente número de niñas, niños y mujeres como víctimas de trata; la violencia derivada del consumo de drogas; la explotación de la prostitución incluso infantil altamente tolerada; el cuestionamiento a la jóvenes y niñas víctimas de violencia como provocadoras de la misma; todo ello es una constante que va más allá del crecimiento de la violencia contra las mujeres en el hogar. Ante todo esto el Estado tiene una tenue respuesta, no exenta de la negativa en muchas ocasiones a reconocer la magnitud de la violencia, actitud que incluso se ve reflejada frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a las recomendaciones internacionales.

Sí, hemos avanzado en las leyes, tenemos incluso legislación especializada como lo son la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, además de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de Víctimas, entre otras, pero no hemos logrado que las mismas se cumplan, no hemos avanzado hacia un verdadero Estado de Derecho, podemos decir que el poder legislativo ha venido cumpliendo, pero el Ejecutivo, y sobre todo el Judicial, no han acelerado el paso a la igualdad real.

Notas:

I. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a México, Julio 2012

II. Párrafos 215 y 218 Plataforma de Acción IV Conferencia Mundial de la Mujer.

Patricia Olamendi
Abogada, defensora de los derechos humanos, feminista, fue coordinadora del Comité de expertas de la Convención interamericana de Belém do Pará de la OEA y experta electa por el Consejo de Derechos Humanos de ONU, Subsecretaria de la SRE, preside el Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos. S. C. @PatyOlamendi

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