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Seguridad vial en España

por Mónica Colás

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Que España ha conseguido altos niveles de seguridad vial en los últimos años es un hecho del que los responsables involucrados en la materia nos congratulamos. España se ha convertido en el quinto país mejor del mundo si consideramos el número de fallecidos por millón de habitantes. Pero que el recorrido hasta conseguir erradicar la siniestralidad en la carretera es largo y son muchos los esfuerzos que tenemos por delante también está en la mente y el quehacer diario de todos aquellos.


Si miramos la vista atrás no nos pasan desapercibidos los hitos que la historia reciente puede reconocer como claros activos del cambio. La seguridad vial y todo lo que como materia multidisciplinaria significa requiere en primer lugar de una adecuada gestión, cuyo liderazgo ha de encomendarse a una institución que asuma las competencias de cara a monitorizar las políticas viales y la ejecución de las medidas para su desarrollo.

En España esto no sólo se remonta a la creación de la Dirección General de Tráfico en el año 1959, sino a la cada vez mayor atribución de competencias y las herramientas necesarias para su óptima efectividad. Adscrita al Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico ha sido la agencia líder en materia de seguridad vial desde sus orígenes. Tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar, y dentro de su esfera de competencias le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en las normas.

Cierto que en muchas cuestiones es precisa la colaboración con otras entidades, de la Administración del Estado o de las administraciones regionales y locales, y por supuesto, y cada vez más, con el sector privado y la sociedad civil, pero una ha de ser la institución que impulse la materia teniendo ésta como prioridad única y exclusiva. En todo caso, y a fin de garantizar esa necesaria colaboración, y ya con algunos años de historia, la DGT impulsa la creación del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible donde aglutina a todos cuantos pueden sumar esfuerzos en la consecución de objetivos dirigidos a la seguridad de nuestros ciudadanos.

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La DGT gestiona una red de 165,361 km; una población residente de 46,771,341, a la que hay que añadir la población turista; y un parque de vehículos de 30,916,836 respecto del que puede controlar su adecuado mantenimiento; pero no tiene ninguna competencia en la construcción y el mantenimiento de las vías, que corresponden a sus respectivos titulares y claro ejemplo donde la colaboración se hace especialmente necesaria.

En todo caso, y siendo cual es su principal objetivo, los resultados en términos de siniestralidad están ahí: 2013 se cerró con 1,680 fallecidos frente a los 2,288 de 1960, lo que si ya es llamativo en términos absolutos, y con independencia de la evolución operada en esos años, aún es más relevante si lo ponemos en el contexto del parque de vehículos y el censo de conductores entre ambos años. Frente a un parque de 1,004,770 vehículos y un censo de conductores de 2,235,192, en 2013 España contaba con un parque de vehículos de 30,916,836 y un censo de conductores de 26,401,660.

Pero, con todo, la línea de descenso más acusada podemos situarla entre el año 1989 con 9,344 fallecidos y la actualidad, y tal vez es desde aquí donde conviene centrar el análisis.

Mencionaba la importancia de la gestión en seguridad vial desde un organismo líder y la creación de estructuras que garantizaran la coordinación con otros estamentos, pero en los últimos años hemos asistido a un fenómeno fundamental, situar la seguridad vial entre las prioridades políticas de los Gobiernos. El compromiso político de todos los partidos por abordar la materia con la decisión que el drama humano, social y económico que representan los accidentes constituye un factor clave para las expectativas de mejora.

En ese contexto, el uso de las herramientas para ejecutar políticas eficaces es mucho más fácil. Y la DGT ha tratado de manejarlas todas. La educación, divulgación y comunicación tratando de llegar a toda la población y buscando, cada día, destinatarios directos o indirectos de los mensajes e ideas fuerza. Junto a la labor de colaboración con los colegios a fin de llegar a niños y adolescentes, la DGT trabaja permanentemente con los colectivos específicos que puedan ser mediadores de la política vial; sanitarios, que difundan la importancia del alcohol y las drogas como factor de riesgo, o el uso del cinturón y los Sistemas de Retención Infantil, o la importancia del consumo de medicamentos, o medios de comunicación, importantes prescriptores sociales, o las policías, especialmente las policías locales, en íntima relación con los ciudadanos, o las empresas, responsables y mediadoras de excepción con sus empleados.

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Ello acompañado de campañas divulgativas de gran difusión en todos los medios y por las que la DGT viene apostando desde siempre, con los enfoques adecuados según las circunstancias del momento. En definitiva, nos planteamos la educación en seguridad vial como un proceso continuo que ha de llegar a toda la población y a lo largo de todas las etapas de la vida de las personas y donde la formación de conductores de cara a la obtención de un permiso de conducir, no es otra cosa que un momento más de su vida para contactar con la materia. Proceso en el que con el devenir de los años hemos tratado de mejorar no sólo en contenidos sino en sistemas de evaluación y aprendizaje. Así, y frente a la importancia del manejo del vehículo y el texto de las normas, se inculca al alumno la importancia de valores de convivencia, el porqué de aquellas y su razón de ser para la mejora de la seguridad vial, los principales factores de riesgo… Momento en que, además, el aspirante habrá de acreditar óptimas condiciones psicofísicas para conducir, condiciones que le serán revisadas en cada renovación del permiso a través de una red de centros de conductores creados sólo a ese fin.

Una población educada habría de ser una población segura. Pero si el sistema falla, la administración ha de encontrar las alternativas… Así, una de las más importantes herramientas al servicio de la seguridad vial desarrollada desde siempre por la institución, es la elaboración de las normas. Y es vasta la tarea legislativa no sólo en cuanto a contenidos, sino también en cuanto a su permanente actualización, a fin de adecuarse de manera constante a la realidad y las necesidades de cada momento.

El informe de la OMS sobre seguridad vial 2013 destaca a España como país que dispone de la legislación adecuada para reducir la accidentalidad fundamentalmente al abordar los principales factores de riesgo: velocidad, alcohol, no uso del casco, el cinturón o los SRI, que han ayudado no sólo a reducir accidentes sino también sus consecuencias lesivas.

Las conductas exigidas en las normas son en principio conductas seguras. Pero no basta con que la norma las recoja, es preciso asegurar su cumplimento mediante una verdadera tarea de vigilancia y control que permita la actuación contra la conducta infractora. Y ésta es una de las más valiosas fortunas de la DGT. Contar con una policía especializada en materia de tráfico, con una plantilla cercana a los 10,000 agentes, para garantizar la seguridad de las vías interurbanas y al margen de la colaboración en la labor de vigilancia que hacen las policías locales en los entornos urbanos. Su labor va más allá de lo que muestran las cifras, pero cerramos 2013 con más de cuatro millones de denuncias, en su mayoría a los principales factores de riesgo, y una actividad de casi seis millones y medio de controles de alcohol y un significativo número de controles de drogas.

Finalmente, el círculo lo cierra un específico procedimiento sancionador que garantice la efectividad de la sanción respecto del infractor, a fin de asegurar su papel educativo, ejemplarizante, disuasorio y represivo frente a la conducta infractora. Junto a ello, no podemos obviar el efecto positivo de la implantación del permiso por puntos, que ha modificado la conducta de la población española en pro del respeto a las normas.

Por otro lado, es preciso destacar el esfuerzo inversor desarrollado por la DGT durante los últimos 25 años en nuevas tecnologías y Sistemas inteligentes de Transporte junto a sofisticados sistemas de gestión del tráfico, pioneros en el mundo, desde centros diseñados a ese fin en varias de las regiones del territorio nacional para garantizar la movilidad segura de las carreteras.

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Y si algo es preciso destacar, es la historia antigua y prolija de la DGT en el ámbito internacional. Por supuesto mantenemos reuniones bilaterales con muchísimos países de todo el mundo, formamos parte de todas las organizaciones internacionales dirigidas a la mejora de la seguridad vial: CIECA, FERSI, ETSC, OCDE y un largo etcétera. Puedo destacar la creación del Grupo de Alto Nivel en seguridad vial a instancias del Director de la DGT, en la Comisión Europea en el año 1989, del que han derivado importantes decisiones y la participación en grandes proyectos (SERTI Y ARTS, VERA, CARE Y CARE PLUS, SARTRE, ROSITA, SUNFLOWER, ECALL, Control de emisiones CO2 de los vehículos, Grupo de alto nivel de telemática). O liderar la firma de la Carta Europea por la seguridad vial en el año 2003.

Eso nos ha dado la oportunidad de estar siempre al tanto de cómo funcionaban las cosas y con ello de aprender e ir modulando nuestras políticas. Y, por supuesto, inmersos en el propósito del Decenio de Acción, alentando la creación de capacidad y la transferencia de conocimientos, así como compartiendo experiencias y fomentando las alianzas público privadas para garantizar la comprensión y aplicación acertadas de las principales medidas.

Mónica Colás
Subdirectora General de Intervención y Políticas Viales en la Dirección General de Tráfico del Gobierno de España

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