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SNA, en ruta de contraer el flagelo de la corrupción

Entrevista con el Magistrado Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)


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Una gran parte de la población mexicana aún no sabe con certeza de qué se trata el Sistema Naciona Anticorrupción, por lo que es importante que conozca que éste tiene una composición institucional, en la cual Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene un papel central, y que la representación ciudadana está garantizada por su Comité Coordinador, aun cuando todavía no haya un Fiscal Anticorrupción.

En entrevista con México Social y Newsweek Guanajuato, el Magistrado Presidente del TFJA, quien conducirá la emisión de sanciones a quienes cometan actos de corrupción, dilucida algunas de las principales dudas que tiene la ciudadanía sobre el sistema que combatirá uno de los principales problemas de nuestro país.

Saúl Arellano (MS-NWGTO): Magistrado, ¿Cómo se compone el Sistema?, ¿cuál es el papel del tribunal y cuál es el papel que tiene la sociedad civil en este comité? ¿Qué es el SNA?

Carlos Chaurand (CC): Ése ha sido uno de los principales puntos que hemos tratado en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que, como su nombre lo indica es un sistema, es decir, una serie de acciones que tienen que realizar diversos órganos del Estado, incluida la sociedad civil, para poder hacer frente al flagelo de la corrupción, que no podemos negar está presente en la vida cotidiana del país.

El Sistema no ha sido lo suficientemente explicado a la ciudadanía y aún no queda claro qué rol vamos a jugar cada una de las instituciones que estamos involucrados en él, qué rol juegan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, más el comité ciudadano.

Estas siete dependencias tienen una representación en el Comité Coordinador a través de los titulares de cada una de las dependencias y de los órganos. Y en este caso el Comité de Participación Ciudadana preside el Comité Coordinador, fungiendo como una especie de enlace entre la ciudadanía organizada y las dependencias del gobierno federal involucradas en esta acción.

Sin embargo, no ha quedado claro que la Secretaría de la Función Pública de manera directa, y a través de los órganos internos de cada una de las dependencias federales y la Auditoría Superior de la Federación, van a ser los encargados de investigar posibles actos de corrupción, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en una primera instancia, y el Poder Judicial de la Federación, en una segunda instancia, van a ser los encargados de sancionar las faltas graves que se cometan por los servidores públicos y por los particulares, relacionados con lo que la ley señala como faltas graves de carácter administrativo.

Esto es única y exclusivamente de carácter administrativo; es decir, amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones o suspensión del cargo y la imposibilidad de volverlo a ocupar y, en un momento dado, el resarcimiento de los daños que se causen al Estado, independientemente de la sanción de carácter penal. Será la Procuraduría General de República, a través de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, es decir, del Fiscal Anticorrupción, la que investigue estos actos para que en cada caso concreto, en materia penal, los sancione el Poder Judicial Federal (en el caso de la federación), esto es: prisión, imposición de penas y sanciones.

Esto se replica en todas las entidades federativas, que deberán tener su propio sistema para la aplicación en el ámbito estatal y municipal. Así se articulan las acciones que cada una de estas dependencias realiza, con el INAI como garante de la transparencia y de la protección de los datos personales.

Únicamente pensamos que el Sistema Nacional Anticorrupción es la “Declaración tres de tres”, porque a la nueva Ley General de Responsabilidades se le bautizó como la “Ley 3 de 3” y eso ha provocado una confusión. No, la “Declaración tres de tres” es a través de la cual estamos obligados todos los funcionarios públicos a presentar nuestra declaración patrimonial, de intereses y fiscal en los nuevos formatos que está elaborando el Comité Ciudadano, con la participación de varias entidades, y que será puesta a la consideración del Comité Coordinador en próximas sesiones.

Es cierto que hasta esta fecha el Comité Coordinador está con algunas vacantes, como lo es fundamentalmente el Fiscal Anticorrupción y, aunque hay un Auditor Superior de la Federación en funciones, no es el auditor definitivo sino uno provisional.

En cuanto al Tribunal, aún está pendiente el nombramiento de nuestros magistrados en cuestiones relacionadas con la imposición de sanciones, frente al cual el problema básico es que cuando tengamos que aplicar la nueva legislación, en la competencia específica que nos otorga la Constitución, no tendremos quién la ejerza.

En este contexto, a través de los instrumentos que nos da la ley, hicimos una sala auxiliar, para que, mientras todavía no estén funcionando nuestras salas en materia anticorrupción, tengamos la competencia de poder imponer esas sanciones.

Sin embargo, lo ideal sería que cuanto antes el poder legislativo, y concretamente la Cámara de Senadores, pudiera  realizar los esfuerzos necesarios para poder contar con nuestros magistrados y con el mismo Sistema Nacional Anticorrupción de manera completa. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no se esté haciendo nada.

SA: ¿Cómo está combatiendo el Poder Judicial desde adentro el problema de la corrupción?

CC: El Poder Judicial, a través del Órgano Interno de Control, a través del Consejo de la Judicatura Federal, tiene de manera directa la facultad de aplicar la Ley General de Responsabilidades y lo ha hecho. El Órgano Interno de Control investiga y el Consejo de la Judicatura Federal sanciona a sus jueces, a su personal jurisdiccional y a su personal administrativo, como lo hacemos también en el Tribunal.

Nosotros tenemos una serie de investigaciones, cruzamos información con la Secretaría de la Función Pública y con las instancias bancarias para ver la evolución patrimonial de nuestros servidores, atendemos las quejas y las denuncias que directamente se presentan ante nosotros para poder comprobar la veracidad de esas denuncias y, en el caso, de imponer las sanciones que sean correspondientes.

El fenómeno de la corrupción está en todas las instancias, está en la sociedad misma. En lo que tenemos que trabajar es en cómo evitar que siga creciendo. La imposición de penas y sanciones hará que la corrupción disminuya, pero no es el único instrumento que debemos tener. Tenemos que pensar en otros instrumentos, como la educación, un instrumento útil en la familia, en la escuela, en el trabajo; es decir, retomar los valores propios de la condición humana. En fin, es una tarea muy grande la que tenemos.

SA: La gente espera de todo el aparato institucional la plena garantía de sus derechos, y más en este paradigma de los derechos humanos que hoy tenemos en la Constitución, se espera que termine la corrupción y la impunidad…

CC: Aún existe lo que yo siempre he llamado un círculo vicioso, que debería de ser un círculo virtuoso que comienza con la educación. Nuestra falta de educación nos hace a veces no entender las funciones propias de cada uno de los Poderes.

Cuando hablamos de Poder Judicial siempre lo relacionamos con la justicia penal y dejamos de lado la justicia civil, la justicia administrativa, la justicia laboral, la justicia electoral; en fin, toda la gama de ramas del Derecho en las cuales el Estado ejerce una actividad de impartición de justicia.

La justicia fiscal administrativa es impartida por este Tribunal, que no forma parte del Poder Judicial y la justicia laboral también es por separado, aunque con la última reforma se incorporará ya al Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, quizás tenemos un prejuicio de hablar de una mala administración de justicia por la experiencia que tenemos en los tribunales penales, que, al ser una rama del Derecho de aplicación estricta, muchas veces se ven en posibilidades de dejar libre a los criminales y esa justicia no llega a las clases más humildes porque no tienen los recursos suficientes para pagar un abogado que pueda encontrar esos resquicios de la ley para poder obtener las libertades y por eso decimos que las cárceles están llenas de pobres y de inocentes.

Sin embargo, ahí no se limita la acción de la justicia; se están dando pasos avanzados con los juicios y con los nuevos procedimientos. Dejamos a un lado la justicia inquisitoria, con todas las aristas y toda la problemática que cambiar de sistema representa en nuestro país. No es fácil ni será tarea fácil, pero se están dando pasos en ese sentido con un absoluto respeto a los derechos humanos.

SA: ¿Cuánto más nos va a llevar consolidar el SNA?

CC: De un año y medio a dos años.

SA: ¿Y cómo van las entidades? ¿Hay alguna que se pudiera pensar como un modelo o un caso de éxito?

CC: Estamos un poco atrasados en algunas, pero en otras parece ser que tienen ya una estructura. Sin embargo, como todavía no se aplica al 100% el sistema, no podemos hablar que ya existan modelos con casos de éxito.

Jalisco siguió un buen modelo de construcción de su Sistema Estatal Anticorrupción, siguió las directrices del modelo federal y replicó en su constitución local, con algunas variantes, el modelo federal y en su legislación secundaria se apegó a lo que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de responsabilidades, a lo que dice el Código Penal Federal en materia de penas, y tiene una estructura más o menos paralela.

En la Ciudad de México también se están haciendo esfuerzos en ese sentido, yo creo que está diseñado un aparato muy grande en la procuración de justicia en la Ciudad de México para el tema de combate a la corrupción. Pero será en la praxis la que nos pueda llevar a calificar como acertadas o desacertadas estas medidas de carácter legislativo.

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