por Arturo Alvarado Mendoza
La creciente violencia y la inseguridad amenazan la vida de la población joven y la construcción de regímenes democráticos de derecho. En México más de 80 mil personas han sido asesinadas en los últimos siete años, la mayoría de ellos jóvenes, con altas tasas de impunidad y regiones enteras fuera del control estatal y en manos de grupos de delincuencia organizada
En México, durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón, la violencia incrementó vertiginosamente desde 2006, año en que comenzó la “guerra contra el narcotráfico”, que formara parte de la agenda bilateral de México y Estados Unidos tras la implementación del Plan Mérida. Durante su sexenio se registraron cerca de 95 mil homicidios relacionados con el crimen organizado (tasa de cerca de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes).
En el mismo periodo se cometieron 6 millones de delitos (53.5 por cada mil habitantes); 2 mil casos de desapariciones forzadas; 5,500 feminicidios; 24 mil personas desaparecidas; 150 mil desplazados por la violencia; y se presentaron 2,040 quejas por tortura, tratos crueles y degradantes ante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cometidas por militares y policías, actividades abusivas e ilegales que demuestran la persistente impunidad de estos grupos. Además de 9 mil quejas por detenciones arbitrarias y 8 mil indígenas en la cárcel sin debido proceso y un nivel de impunidad alto, reportándose sólo 26 mil sentencias condenatorias (a nivel federal)(CNDH,2012).
En este contexto, resaltan los altos índices de violencia homicida, principalmente entre la población joven, de 15 a 24 años, en combinación con un mayor uso de armas de fuego como medio de ataque. El incremento de la violencia juvenil es un tema recurrente en Latinoamérica; según la OMS, en 2000 se produjeron a nivel mundial 199,000 homicidios de jóvenes (9,2 por cada 100,000habitantes). Un promedio de 565 niños, adolescentes y adultos jóvenes de 10 a 29 años de edad fallecían diariamente como resultado de la violencia interpersonal (OMS, 2002).
En México este fenómeno se ha mantenido en los últimos 20 años, por encima de la tasa de los homicidios en todas las edades. Convirtiéndose en una constante, en la que la población masculina de entre 10 y 29 años de edad es la más afectada, con una concentración en jóvenes de 20 a 29 años.
La muerte violenta tiene proporciones muy claras por sexo; no obstante, para el caso mexicano el número de mujeres y la razón de homicidios hombre-mujer es relativamente más alta que en otros países (Concha-Eastman, Peres y Alvarado, 2011). Además, existe una elevada proporción de niñas víctimas de homicidio. En algunas entidades, como son Chihuahua y el Estado de México, las tasas de feminicidio son prominentes.
Asimismo, en el período de 2000 a 2011 ocurrió un incremento de más de 63% de jóvenes asesinados en el grupo de 10 a 29 años, el cual parece estar asociado al incremento de 115% en el uso de armas largas de fuego y otras no especificadas.
La violencia homicida en México presenta características espaciales concretas, prevaleciendo en los estados que se constituyen como territorios en disputa por los grupos de la delincuencia organizada que han diversificado sus conductas delictivas más allá del tráfico de drogas. Los estados de la República que rebasan la media nacional son: Sonora; Morelos; Tamaulipas; Estado de México; Baja California; Nayarit; Guerrero; Durango; Sinaloa; y Chihuahua; siendo los últimos dos, los que cuentan con la mayor tasa de homicidios. La zona norte del país ha sido la más afectada por la violencia, siete de los diez estados más violentos se encuentra en el norte.
La muerte violenta que afecta a los jóvenes mexicanos se ha convertido en la principal causa de mortalidad, afectando sus posibilidades para alcanzar una vida plena. Los factores de la mortalidad por causas externas y otras formas de violencia están asociados a la falta de oportunidades, la desigualdad y la discriminación que sufren particularmente los jóvenes más pobres de México. El reciente incremento de los homicidios en el país, y parcialmente en las zonas periféricas pobres de la metrópoli es parte del contexto nacional de confrontaciones entre bandas ilegales y el gobierno, así como del enorme incremento en la disponibilidad y el uso de armas fuego largas.
En este marco, los jóvenes son víctimas y victimarios, pues reproducen patrones de conductas que a su vez limitan sus oportunidades; más aún, en períodos de crisis económica y de incremento del clima de violencia urbano y nacional las actividades delictivas aparecen a la vuelta de la esquina. Vivir en un barrio o una ciudad con una cantidad enorme, intensa y continua de acciones ilegales afecta las relaciones personales y hace más vulnerables a los jóvenes. Así, la condición social es a la vez causa y consecuencia de la calidad deplorable de vida de la juventud, y conduce a crisis de pertenencia y al distanciamiento respecto de las instituciones, lo cual repercutirá en la consolidación de un régimen democrático.•
Referencias:
I. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Noviembre de 2012. http://www.proceso.com.mx/?p=325817
II. Concha, Alberto, Maria Fernanda Peres y Arturo Alvarado (2012), Violencia juvenil, factores de riesgo y vulnerabilidad. Una comparación entre Brasil, México y Colombia, ponencia presentada en el Coloquio Internacional: “la violencia que afecta a los jóvenes en América Latina”. Primer balance del proyecto: “violencia juvenil en América Latina”, México, El Colegio de México, 04 y 05 de julio del 2012.
III. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo de Población y Vivienda 2010. http://www.inegi.gob.mx. Último visita: viernes 03 de febrero de 2013.
IV. O´Donnell, Guillermo.“On the state, democratization and someconceptual problems: A Latin American view with glances at somepost–communist countries.” World Development, Vol. 21, No. 8.1993.
V. Organización Mundial de la Salud (2002), World report on violence and health: summary, Washington, D.C., Organización Mundial de la Salud.
