Al presidente López Obrador le queda muy poco tiempo para consolidar su proyecto. A decir de las y los precandidatos a la presidencia de la República, la expectativa es que, a más tardar en noviembre del 2023 estará decidido quiénes serán las y los contendientes por la primera magistratura del país; y estará en plena ebullición la vida partidista porque también se estarán perfilando las y los candidatos de las nueve entidades donde también se renovarán a los titulares de las gubernaturas y jefatura de Gobierno: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Como se observa, estarán en disputa cinco de los seis padrones estatales más numerosos del país.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Frente a este escenario, las disputas internas en Morena crecen, ante una oposición que, hasta ahora, apenas juega un papel testimonial frente a una auténtica aplanadora política electoral encabezada desde Palacio Nacional. Todo ello en medio de un país que no logra avanzar hacia la pacificación, y con manifestaciones cada vez más brutales y abiertamente desafiantes del crimen organizado, frente a la sociedad y frente a las autoridades del Estado.
Hay asuntos emblemáticos para el país, que lejos de resolverse, se han complejizado aún más. El más reciente, el caso de los 43 jóvenes normalistas asesinados. Parecía que al fin se tendría justicia para las víctimas y sus familias, pero lo que ocurrió en las últimas dos semanas mina de manera severa la credibilidad sobre el gobierno de la República, acrecienta la tensión entre actores clave del círculo cercano al presidente, y suma a la tensión social.
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La pobreza no cede. Y con los niveles de inflación, particularmente en los productos de la canasta alimentaria y no alimentaria, será difícil que, aún con los empleos que se han recuperado luego de la crisis, haya una mejora sustantiva en los porcentajes de personas que son consideradas como pobres. Todas las expectativas muestran que, en el mejor de los casos, la medición de este año arrojará una cantidad todavía superior o apenas similar a la que había antes de que iniciara la pandemia.
El escenario internacional también se percibe cada vez más incierto. Se prevén altas probabilidades de una recesión global, con Europa en proceso de guerra a partir de la agresión rusa a Ucrania, y con un multilateralismo cuestionado por los gobiernos autócratas de todas las regiones, amenazando con romper el orden geopolítico que emergió de la Segunda Guerra Mundial.
Lejos de cerrar, la desaparición de más de 100 mil personas, y la presencia masiva de fosas clandestinas, hacen que la herida de la injusticia se ensanche cada vez más, ante el dolor y el reclamo permanente de quienes no tienen a quién llorar. A ello se suma la indolencia gubernamental ante la muerte evitable, y ante casos tan graves como el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer, pero también el desabasto y la incapacidad de dar tratamiento a mujeres que padecen cáncer de mama y de cérvix, haciendo que la mortalidad por estos males haya crecido a niveles récord en los últimos dos años.
La economía no va a crecer, y dado que ya están definidos los criterios generales de política económica para el 2023, es claro que el presidente de la república ya no va a modificar sustantivamente sus estrategias y continuará con lo que tiene hasta el final del sexenio.
Frente a ello, la cuestión es si en los siguientes 18 meses, que es lo que realmente tendrá para gobernar, continuará siendo suficiente su estrategia de gobernar principalmente a través de la propaganda, y si eso le alcanzará para mantener los niveles de aprobación que ha mantenido hasta ahora.
Las siguientes serán 72 semanas trepidantes, en las que se juega, no sólo la posibilidad de la continuidad del proyecto personal del presidente López Obrador, sino, ante todo, la posibilidad de continuidad del orden constitucional. Es mucho lo que está en juego, y por ello, la obligación de todas y todos es actuar, por el bien de México, con la responsabilidad del caso.
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