Cerramos el año 2016 y los avances en el nivel de cumplimiento, garantía y protección de los derechos humanos apenas muestra algunas mejorías en muy pocos rubros; mientras que el deterioro en otros -quizá los más relevantes-, presenta niveles que ya rebasan la preocupación y se ubican, sin temor a exagerar, en el terreno de la emergencia.
Entre los puntos que pueden identificarse como de mejoría se encuentran: el inicio real de la operación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; la ampliación de la cobertura de los servicios del seguro popular; la reducción del analfabetismo; la reducción en el porcentaje de viviendas sin servicios públicos, y la todavía incipiente, precaria y frágil recuperación del salario mínimo.
Frente a ello, el cúmulo de rezagos hace palidecer lo que se ha iniciado, y de hecho a percibir como magros los logros que se han tenido. Y es que el peso de la evidencia es contundente. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Anexo Estadístico del IV Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, al terminar el año la tasa de mortalidad infantil será estadísticamente similar a la del año 2015; y lo mismo puede sostenerse de las tasas de mortalidad de menores de cinco años por enfermedades diarreicas, respiratorias y por deficiencias nutricionales.
Es decir, las niñas y niños se nos siguen muriendo, en edades tempranas, por gripas y neumonías, por diarrea, casi siempre provocada por enfermedades infecciosas producto de la pobreza, así como por hambre e insuficiencia alimentaria.
Por otro lado, enfrentamos severos problemas de salud, que en realidad son reflejo de una profunda ruptura del modelo de desarrollo. No puede leerse de otro modo la declaratoria de emergencia epidemiológica ante la obesidad y la diabetes, emitida por el Consejo de Salubridad General, ante la evidencia de que una de cada tres defunciones en el país se ubica en el rubro de la diabetes, las enfermedades hipertensivas y las isquemias del corazón.
La violencia, el otro gran foco rojo de la cuestión social, sigue siendo una asignatura que, lejos de resolverse, en 2016 tuvo un repunte muy relevante, tanto en el número de homicidios que se han cometido, como en el número y tasa de prevalencia de delitos del orden común: según los datos del INEGI, en el 2015 se cometieron más de 29 millones de delitos, y por la tendencia de los datos disponibles, este 2016 podría superarse con creces ese dato.
Los eventos de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte entre niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años de edad; y en general, para la población de 15 a 29 años, las principales causas de mortalidad son, como las denomina el INEGI, las “accidentales y violentas”.
Los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud permiten estimar que la edad promedio al morir, de las personas que fallecen por homicidio es de alrededor de 39 años; y que la edad media de quienes fallecen por enfermedades alcohólicas del hígado no supera los 45 años.
La tasa de embarazo adolescente sigue siendo muy alta, y con una tendencia creciente; la violencia contra las mujeres sigue siendo una terrible realidad cotidiana; mientras que la homofobia y otras manifestaciones de odio y discriminación siguen determinando la actuación de los grupos más conservadores y reaccionarios del país.
La depresión, y su culminación extrema, el suicidio, siguen mostrando una tendencia creciente; mientras que las tasas de morbilidad por lesiones y heridas por armas de fuego y punzocortantes, muestran tendencias de pavor, sobre todo entre la población más joven.
No puede sostenerse pues, que el año 2016 sea un año ejemplar en acciones y consecución de metas en el ámbito de lo social. Y lo peor, es que hoy carecemos de información confiable para contextualizar todo lo anterior, frente a la pobreza y la desigualdad.
Este 2016 debíamos conocer cuántos pobres más o menos había en el país respecto de 2014, y qué tanto se ha avanzado o retrocedido en los municipios en materia de abatimiento de los rezagos y en la superación de la pobreza. Lo que ocurrió, sin embargo…
…fue que el INEGI tomó un conjunto de decisiones controvertidas, que echaron a la basura la confiabilidad que se tenía respecto del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), en tanto que el instrumento privilegiado para la captación de los datos con base en los cuales el CONEVAL lleva a cabo la medición multidimensional de la pobreza.
Este es quizá uno de los temas más relevantes acaecidos en 2016 en esta materia porque reveló la importancia que tiene garantizar, no sólo la objetividad e imparcialidad de las mediciones sino, ante todo, la imparcialidad y autonomía de los organismos constitucionales como garantes de la cientificidad con que deben diseñarse y evaluarse las políticas públicas.
En 2016 también se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA, un ejercicio que desarrolla la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el propósito de comparar los niveles de logro educativo que tienen los países que la integran.
México, una vez más, aparece con resultados desastrosos; seguimos siendo el último vagón de ese tren y no hay nada en el horizonte que permita pensar en que las condiciones van a mejorar con la celeridad con la que la urgencia nacional exige a todos los involucrados.
En este año que concluye se presentó también el Informe sobre el Desarrollo Humano para México, documento que elabora periódicamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En él puede leerse como uno de sus principales ejes de explicación, lo siguiente: “Creemos que el crecimiento económico no reducirá la pobreza, la desigualdad, ni generará empleos y medios de vida seguros, a menos que sea inclusivo y sostenible”.
El tono diplomático del documento no impide extraer las conclusiones implícitas: ni estamos creciendo y, aun cuando se lograse impulsar a la economía nacional, ésta ni es incluyente ni sostenible; es decir, lo que se requiere es otro curso de desarrollo que ponga al centro de las decisiones públicas a la gente y no a los intereses de unos cuantos.
Finalmente y vinculado con lo anterior, es importante señalar que se llevó a cabo en diciembre la cumbre de la COP13, la reunión más relevante en materia de biodiversidad de las Naciones Unidas, en la cual se puso de relieve la importancia de asumir el reto de proteger a toda costa y con urgencia nuestro patrimonio ambiental, porque sin éste, ningún otro es posible.
Los datos que se dieron a conocer en el contexto de esta cumbre muestran, por ejemplo, que en 17 entidades del país se carece de programas para el manejo y la gestión de ciudades sostenibles; la mayoría de los estados carece de programas adecuados para el manejo del agua desde una perspectiva de gestión sostenible, y lo mismo se repite respecto de la basura, el manejo del uso de suelo y la calidad del aire.
Para cerrar el año, nos dan la noticia del “gasolinazo” y con él un nuevo ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento, pero todavía peor, con un ajuste en las expectativas respecto de la inflación, la cual podría rondar en 5%; mientras que las tasas de interés han iniciado un peligroso repunte que nadie tiene plena certeza de a dónde va a estar a mediados del próximo año.
Si se incrementa la inflación, si la economía no crece, si la educación no mejora, si la calidad de los servicios de salud no se potencia, si la inseguridad y la violencia no son contenidas, si la inversión pública se mantiene en los niveles en que está, 2017 será un duro año sobre todo para los más pobres.
Artículo publicado originalmente en dos entregas para la “Crónica de Hoy” los días 22 y 29 de diciembre de 2016
