Cierra el 2016 y los avances en el nivel de cumplimiento, garantía y protección de los derechos humanos apenas muestra algunas mejorías en muy pocos rubros; mientras que el deterioro en otros -quizá los más relevantes-, presenta niveles que ya rebasan la preocupación y se ubican, sin temor a exagerar, en el terreno de la emergencia.
Entre los puntos que pueden identificarse como de mejoría se encuentran: el inicio real de la operación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; la ampliación de la cobertura de los servicios del seguro popular; la reducción del analfabetismo; la reducción en el porcentaje de viviendas sin servicios públicos, y la todavía incipiente, precaria y frágil recuperación del salario mínimo.
Frente a ello, el cúmulo de rezagos hace palidecer lo que se ha iniciado, y de hecho a percibir como magros los logros que se han tenido. Y es que el peso de la evidencia es contundente. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Anexo Estadístico del IV Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, al terminar el año la tasa de mortalidad infantil será estadísticamente similar a la del año 2015; y lo mismo puede sostenerse de las tasas de mortalidad de menores de cinco años por enfermedades diarreicas, respiratorias y por deficiencias nutricionales.
Es decir, las niñas y niños se nos siguen muriendo, en edades tempranas, por gripas y neumonías, por diarrea, casi siempre provocada por enfermedades infecciosas producto de la pobreza, así como por hambre e insuficiencia alimentaria.
Por otro lado, enfrentamos severos problemas de salud, que en realidad son reflejo de una profunda ruptura del modelo de desarrollo. No puede leerse de otro modo la declaratoria de emergencia epidemiológica ante la obesidad y la diabetes, emitida por el Consejo de Salubridad General, ante la evidencia de que una de cada tres defunciones en el país se ubica en el rubro de la diabetes, las enfermedades hipertensivas y las isquemias del corazón.
La violencia, el otro gran foco rojo de la cuestión social, sigue siendo una asignatura que, lejos de resolverse, en 2016 tuvo un repunte muy relevante, tanto en el número de homicidios que se han cometido, como en el número y tasa de prevalencia de delitos del orden común: según los datos del INEGI, en el 2015 se cometieron más de 29 millones de delitos, y por la tendencia de los datos disponibles, este 2016 podría superarse con creces ese dato.
Los eventos de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte entre niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años de edad; y en general, para la población de 15 a 29 años, las principales causas de mortalidad son, como las denomina el INEGI, las “accidentales y violentas”.
Los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud permiten estimar que la edad promedio al morir, de las personas que fallecen por homicidio es de alrededor de 39 años; y que la edad media de quienes fallecen por enfermedades alcohólicas del hígado no supera los 45 años.
La tasa de embarazo adolescente sigue siendo muy alta, y con una tendencia creciente; la violencia contra las mujeres sigue siendo una terrible realidad cotidiana; mientras que la homofobia y otras manifestaciones de odio y discriminación siguen determinando la actuación de los grupos más conservadores y reaccionarios del país.
La depresión, y su culminación extrema, el suicidio, siguen mostrando una tendencia creciente; mientras que las tasas de morbilidad por lesiones y heridas por armas de fuego y punzocortantes, muestran tendencias de pavor, sobre todo entre la población más joven.
No puede sostenerse pues, que el año 2016 sea un año ejemplar en acciones y consecución de metas en el ámbito de lo social. Y lo peor, es que hoy carecemos de información confiable para contextualizar todo lo anterior, frente a la pobreza y la desigualdad.
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 22 de diciembre de 2016
