Este 2016 debíamos conocer cuántos pobres más o menos había en el país respecto de 2014, y qué tanto se ha avanzado o retrocedido en los municipios en materia de abatimiento de los rezagos y en la superación de la pobreza. Lo que ocurrió, sin embargo…
…fue que el INEGI tomó un conjunto de decisiones controvertidas, que echaron a la basura la confiabilidad que se tenía respecto del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), en tanto que el instrumento privilegiado para la captación de los datos con base en los cuales el CONEVAL lleva a cabo la medición multidimensional de la pobreza.
Este es quizá uno de los temas más relevantes acaecidos en 2016 en esta materia porque reveló la importancia que tiene garantizar, no sólo la objetividad e imparcialidad de las mediciones sino, ante todo, la imparcialidad y autonomía de los organismos constitucionales como garantes de la cientificidad con que deben diseñarse y evaluarse las políticas públicas.
En 2016 también se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA, un ejercicio que desarrolla la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el propósito de comparar los niveles de logro educativo que tienen los países que la integran.
México, una vez más, aparece con resultados desastrosos; seguimos siendo el último vagón de ese tren y no hay nada en el horizonte que permita pensar en que las condiciones van a mejorar con la celeridad con la que la urgencia nacional exige a todos los involucrados.
En este año que concluye se presentó también el Informe sobre el Desarrollo Humano para México, documento que elabora periódicamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En él puede leerse como uno de sus principales ejes de explicación, lo siguiente: “Creemos que el crecimiento económico no reducirá la pobreza, la desigualdad, ni generará empleos y medios de vida seguros, a menos que sea inclusivo y sostenible”.
El tono diplomático del documento no impide extraer las conclusiones implícitas: ni estamos creciendo y, aun cuando se lograse impulsar a la economía nacional, ésta ni es incluyente ni sostenible; es decir, lo que se requiere es otro curso de desarrollo que ponga al centro de las decisiones públicas a la gente y no a los intereses de unos cuantos.
Finalmente y vinculado con lo anterior, es importante señalar que se llevó a cabo en diciembre la cumbre de la COP13, la reunión más relevante en materia de biodiversidad de las Naciones Unidas, en la cual se puso de relieve la importancia de asumir el reto de proteger a toda costa y con urgencia nuestro patrimonio ambiental, porque sin éste, ningún otro es posible.
Los datos que se dieron a conocer en el contexto de esta cumbre muestran, por ejemplo, que en 17 entidades del país se carece de programas para el manejo y la gestión de ciudades sostenibles; la mayoría de los estados carece de programas adecuados para el manejo del agua desde una perspectiva de gestión sostenible, y lo mismo se repite respecto de la basura, el manejo del uso de suelo y la calidad del aire.
Para cerrar el año, nos dan la noticia del “gasolinazo” y con él un nuevo ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento, pero todavía peor, con un ajuste en las expectativas respecto de la inflación, la cual podría rondar en 5%; mientras que las tasas de interés han iniciado un peligroso repunte que nadie tiene plena certeza de a dónde va a estar a mediados del próximo año.
Si se incrementa la inflación, si la economía no crece, si la educación no mejora, si la calidad de los servicios de salud no se potencia, si la inseguridad y la violencia no son contenidas, si la inversión pública se mantiene en los niveles en que está, 2017 será un duro año sobre todo para los más pobres.
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 29 de diciembre de 2016
