La organización ARTICLE 19 presentó su informe anual sobre la libertad de prensa, que revela que en la administración de López Obrador no han parado los ataques, las dinámicas de estigmatización a la prensa ni la censura.
El informe, llamado Distorsión: el discurso contra la realidad, señala además que en México persisten las violaciones a los derechos humanos, así como el debilitamiento y el abandono de instituciones que han sido creadas para hacer contrapeso al poder.
“En el 2020 se mantiene la desinformación desde el gobierno, existe un intento de control y censura de Internet y la violencia contra la prensa se mantiene al alza con 692 ataques contra la prensa, una cifra inédita”, señala la organización.
Leopoldo Maldonado, director de ARTICLE 19, apunta esta administración mantiene “viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión” y que se ha usado la distorsión como un mecanismo para alterar la percepción de la realidad, la cual se deforma en el discurso oficial.
Un país violento con sus periodistas
En los últimos 13 años la violencia contra la prensa sigue incrementando en México y el año pasado fue el más violento contra la prensa desde que se tiene registro, reporta ARTCICLE 19.
Durante esta administración diecisiete periodistas han sido asesinados por motivos que posiblemente están vinculados a su labor, seis de ellos en 2020. Además, se registraron casi 700 agresiones contra medios.
“De enero a diciembre, se contabilizaron 692 agresiones contra medios de comunicación posiblemente vinculados con su labor, lo que representa un 13.6% más que en 2019. Una agresión contra la prensa cada 13 horas”, se lee en el informe.
Los estados donde ocurrió la mayor cantidad de ataques fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, donde se concentró el 47% del total nacional.
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Agresiones y censura
Según el reporte, la mayoría de las agresiones provienen del aparato estatal “y se multiplican por la estigmatización de la prensa que se propaga desde el poder”.
ARTICLE 19 denuncia que las autoridades estatales probablemente se han visto alentadas a utilizar un discurso de ataque a los medios, en lo que define como “un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”.
Denunció, asimismo, que actualmente hay una vocación autoritaria enfocada en la sobrerregulación del internet, con el objetivo de disminuir su “potencial democratizador y evitar que la narrativa y del desempeño oficiales se sujeten a escrutinio y crítica sociales”.
A través de iniciativas con deficiencias técnicas se ha buscado menguar el el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital, y las considera “alejadas de los principios y directrices establecidos en los estándares internacionales de derechos humanos, ya que, directa e indirectamente, contemplan medidas que interferirían con el acceso y uso de internet”.
