De acuerdo con el reporte diario de homicidios que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública SNSP, los días 9 y 21 de enero han sido, hasta ahora, los días con mayor número de asesinatos cometidos en el país, con una estimación preliminar de 93 casos en cada uno de esos días. De esta forma, hasta el día 21 de este mes, el promedio diario de homicidios estimado fue de 75.3 casos, cifra prácticamente similar a la reportada en enero de 2019, en la que el promedio del reporte diario fue de 75.
En el agregado, tomando en consideración el reporte preliminar citado, la cifra de homicidios dolosos fue de 2,325 víctimas; sin embargo, en la cifra definitiva para ese mes, dada a conocer por el propio Secretariado Ejecutivo del SNSP, fue de 2,563 víctimas, es decir, 10.2% más respecto del conteo diario.
La próxima semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dará a conocer su estimación preliminar de homicidios intencionales, para el primer semestre del 2019, y podremos conocer cuál es el nivel de diferencia entre su reporte y el del Secretariado Ejecutivo (a fin de contextualizar, vale decir que, en 2018, la cifra del INEGI, fue superior a 2 mil casos).
En la narrativa del discurso oficial, se ha emitido la tesis de que la estrategia está funcionando porque se detuvo “la curva” de crecimiento anual en el número de homicidios intencionales. Sin embargo, este argumento es pueril, porque no hay nada que justifique sostener que, una cifra superior al récord histórico nacional constituye un “avance” dado que el incremento porcentual fue menor respecto de lo ocurrido en los últimos tres años.
A lo anterior debe agregarse que el recuento final de cadáveres de los últimos años no incluye a las defunciones violentas de intención no determinada; sólo en 2018, reportó más de 5 mil casos de este tipo, entre los cuales, alrededor del 20% fueron por disparo de arma de fuego; es decir, la cifra real de personas asesinadas estaría cercana a los 38,500 casos en 2018, es decir, 105 víctimas de homicidios intencionales cada día.
Por si lo anterior no fuese poco, el escenario económico nacional se percibe rodeado de nubarrones. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional llevó a cabo un ajuste “a la baja” de la expectativa de crecimiento para México en el 2020, ubicándolo en alrededor del 1% del PIB nacional. Lo delicado del asunto es que apenas es enero, y no hay organismo de análisis económico, nacional o internacional, que no haya llevado a cabo una reducción en sus expectativas respecto del desempeño de la economía nacional.
Sin duda alguna, el incremento del nivel del salario mínimo, el control de la inflación y la estabilidad de la paridad cambiaria respecto del dólar contribuyen a reducir el impacto en la economía familiar, pero ese nivel de crecimiento no permite aproximarnos a la creación del millón de empleos de calidad que como mínimo el país requiere para comenzar a revertir estructuralmente la pobreza.
A ello se le suman elementos de incertidumbre que no están bajo el control directo del gobierno y van, desde la difícil nueva dinámica migratoria de la región, la posibilidad de brotes epidémicos graves -el caso del coronavirus es una importante alerta-, la posible ocurrencia de eventos naturales con alto potencial destructivo (como los terremotos y los huracanes), hasta el cambio climático y sus efectos en sectores clave como la agricultura.
Cada vez es más evidente que el Presidente de la República, a pesar de su voluntad y capacidad de trabajo, está siendo desbordado por los complejos problemas que aquejan al país; y esto se debe a la fragilidad y medianía de su equipo de trabajo en varias áreas clave. Tal vez sea hora de que, frente a la inmensa complejidad que enfrentamos, haya una revisión y un ajuste en el Gabinete, de la dimensión que el país requiere.
Investigador del PUED-UNAM
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