un año que no garantizo los derechos de la niñez
La realidad que viven muchas niñas y niños en México es desgarradora y, con mucha frecuencia, invisible. Los trabajos de investigación que documentan las difíciles situaciones que enfrenta la niñez cobran particular relevancia, pues nos recuerdan y muestran contextos y condiciones que no podemos seguir tolerando como sociedad. El “Índice de los derechos de la niñez 2022”, arduo trabajo de investigación de Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, resulta ser sumamente revelador respecto a los avances y retrocesos en materia de pobreza, educación, salud y violencia generalizada contra la niñez.
Escrito por: Patricia López
A continuación, se enumeran algunos de los hallazgos más relevantes.
De 2016 a 2020, las carpetas de investigación por delitos contra la familia incrementaron 46%, un porcentaje muy preocupante si se considera que vivir en entornos violentos atenta contra el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, pudiendo afectar su salud física, mental, cognitiva y emocional. Por ende, es necesario exigir la puesta en marcha de un plan de emergencia que combata todas las formas de violencia que se ejercen en contra de ellas y ellos, especialmente, enfocadas en quienes se encuentran en situaciones vulnerables.
Además, es importante resaltar que aproximadamente 6 de cada 10 niñas[1], niños y adolescentes son o han sido víctimas de castigo corporal y humillante, por lo que es necesario que dentro de las políticas de educación, cuidado y bienestar, se incorporen acciones para la promoción de pautas y herramientas que promuevan una crianza con ternura, libre de violencia.
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El rezago educativo y el abandono escolar siguen sin atenderse efectivamente a pesar de su agudización a raíz de la pandemia; esta situación impide que niñas y niños ejerzan su derecho a aprender y que adquieran las habilidades y competencias necesarias para desarrollarse plenamente y para construir un futuro en el que puedan alcanzar sus metas y elevar su calidad de vida. Desde Save the Children hemos alertado sobre la urgencia de atender las consecuencias que produjo la suspensión prolongada de clases presenciales, como la pérdida de aprendizajes significativos, la falta de apoyo socioemocional y hasta la incorporación de niñas, niños y adolescentes en actividades laborales ante la pérdida de ingresos en sus hogares.
Estas consecuencias se ilustran con datos que ofrece el Índice, como que durante el ciclo escolar 2020-2021 “hubo 3.7 millones de niñas y niños no matriculados en preescolar; 1.88 millones en primaria; 5.78 millones en secundaria, y 4.9 millones en educación media superior. Asimismo, entre quienes sí estuvieron matriculados hubo, por nivel educativo, 98,163 de preescolar que no concluyeron el ciclo escolar; 146,065 que no terminaron en primaria; 219,181 que no lo terminaron en secundaria, y 60,067 que no terminaron el ciclo en el nivel del bachillerato”.
En este sentido, es necesario poner en marcha de forma efectiva, la estrategia de la Secretaría de Educación Pública que busca combatir el abandono escolar y el rezago educativo[2], además de fortalecer presupuestal y operativamente los programas que disminuyen el abandono escolar, generando condiciones para procurar la asistencia y conclusión de la educación básica. Un ejemplo de ello es garantizar la continuidad de los servicios que ofrece el Programa “Escuelas de Tiempo Completo” a la niñez en mayores condiciones de vulnerabilidad.
Con respecto al ejercicio del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, el Índice menciona que “en 2020, el 27.5% de las niñas, niños y adolescentes carecían de servicios de atención en salud”, siendo la primera infancia el grupo con menor acceso, ya que poco más del 30% no tenía acceso a esos servicios.
Dicho diagnóstico coincide con el Informe Alternativo creado por el Comité Por Tus Derechos de niñas, niños y adolescentes, acompañados por Save the Children y las organizaciones de Joining Forces. Dicho informe tiene como objetivo compartir las opiniones y recomendaciones de más de 1,500 niñas, niños y adolescentes en el país sobre su situación de derechos, dirigido al Comité de Derechos de la Niña y el Niño de la Organización de las Naciones Unidas.
Asimismo, de acuerdo con el Índice, “entre 2016 y 2020, el 69.2% de las muertes de niñas y niños entre 0 y 14 años se concentró en menores de 1 año”, muchas de estas defunciones pudieron haber sido evitadas con una correcta atención en salud, pues hasta 2022, enfermedades prevenibles como la influenza y la neumonía, así como las enfermedades diarreicas, ocuparon uno de los primeros 5 lugares como causa de muerte entre la población de esa edad[3].
En ese sentido, la caída en la vacunación también es alarmante. En 2021, solamente el 27.5% de las niñas y niños de 1 año de edad contaban con su esquema de vacunación completo[4], incrementando con ello el riesgo de contagios, brotes de enfermedades y manteniendo a enfermedades que se pudieron haber prevenido con la vacunación dentro de las primeras causas de muerte de las niñas y niños más pequeños.
Es evidente que se tiene que fortalecer la política nacional de vacunación, en específico, es necesaria la operación de un sistema de información que permita identificar el cumplimiento de los esquemas de vacunación, para garantizar la cobertura universal a todos los grupos de población, así como mecanismos de articulación entre la Secretaría de Salud y dependencias clave para que las vacunas lleguen a las niñas y niños más vulnerados, como, por ejemplo, la población indígena y migrante.
De igual manera, se debe revisar y atender la implementación de la Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia (RIA), que cuenta con 30 acciones en salud, de las cuales al menos 9 no están integradas en ningún programa presupuestario ni en los programas de acción específicos. El gobierno debe asegurar un presupuesto suficiente para los programas públicos prioritarios para la salud infantil y para la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), así como sus equivalentes estatales.
Como lo expresa el Índice, el Estado mexicano no puede seguir posponiendo el cumplimiento de los derechos de la niñez.
Desde Save the Children invitamos a todas las personas a leer este importantísimo trabajo para poner en perspectiva las deudas que aún existen en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. Estamos seguras de que los hallazgos del “Índice de los derechos de la niñez 2022” no dejarán a nadie indiferente ante la profunda crisis de incumplimiento de derechos que vive este sector de la población.
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[1] UNICEF, Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 (informe con indicadores de la situación de niñas, niños y mujeres en México). Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/informes/encuesta-nacional-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-mujeres-2015
[2] Estrategia Nacional para Promover Trayectorias Continuas, Completas y de Excelencia. Disponible en: https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/6.SUBSECRETARIiA-DE-EDUCACIOiN-BAiSICA_CORR_A.pdf
[3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2023). Tabulados básicos. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/pc.asp?t=14&c=11817
[4] Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (2022). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021.
Frase clave: los derechos de la niñez, descuido de los derechos de la niñez
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