Uno de los grandes retos que se enfrentan cuando se construye un gobierno se encuentra en comunicar de manera eficaz; más aún cuando lo que se propone es una transformación radical de las lógicas con que se tomaban decisiones, y más profundamente, como lo ha propuesto el presidente López Obrador, transformar los principios y valores desde los cuales se dirige al Estado
Desde esta perspectiva, es importante destacar que los primeros cien días del nuevo gobierno han sido literalmente frenéticos. La decisión de que el Presidente dé un anuncio relevante todas las mañanas, ha revolucionado la forma en que se procesa la información, pero también está generando señales encontradas e imprecisiones que no son menores, y que pueden llevar a errores innecesarios al titular del Ejecutivo.
Sin duda, es loable la intención de comunicar directamente a la población; pero también es cierto que en un país de la dimensión del nuestro, con tramos de control tan largos en la administración pública, debería comprenderse que en ocasiones la contención es mejor; que no todo se puede decir; y que el Presidente ni puede ni está obligado a saber estrictamente todo lo que ocurre en el gobierno.
Esta forma de gobernar tiene, al menos de manera visible, tres propósitos fundamentales: 1) enviar el mensaje de un gobierno activo todo el tiempo; 2) mostrar a un Presidente que literalmente está al frente de todo; y, 3) ocupar todos los espacios de la opinión pública, fijando agenda, y conduciendo el debate político sobre los “carriles” que le interesa al gobierno.
A pesar de lo anterior, se ha incurrido en el error de sujetar la agenda del gobierno a la agenda de las conferencias matutinas; es decir, las Secretarías y dependencias del gobierno tienen un conjunto de prioridades y responsabilidades que no necesariamente coinciden, en la cotidianidad, con la agenda marcada por el Presidente; y ése es uno de los grandes retos de la administración: cómo mantener la marcha institucional, a la par de dar seguimiento a las instrucciones y señales que todos los días, dos veces por día, lanza el Presidente de la República.
Por otro lado, el diseño de comunicación política del Gobierno ha sustituido, o al menos al parecer ha subsumido, la responsabilidad constitucional y legal de construir diagnósticos basados en evidencia, a fin de resolver los problemas prioritarios que impone la realidad nacional.
Lo anterior es relevante, porque sin diagnósticos es imposible conocer cuáles son los supuestos, explícitos, pero sobre todo, implícitos en la visión del gobierno respecto de las numerosas agendas de responsabilidad pública. Y es que no basta con la conferencia matutina para clarificar cuál es la posición oficial del Estado mexicano en los temas que deben definirse a ese nivel; y cuáles son las decisiones de gobierno.
Presentar diagnósticos es indispensable para el diálogo democrático, pero también para dar certidumbre en cuestiones tan relevantes como la inversión privada, la atracción de capitales y la garantía de estabilidad macroeconómica del país. Por ello preocupa que frente a temas como la reducción de la perspectiva de crecimiento económico presentada por el Banco de México, el Presidente sostenga que “él tiene otras cifras”; más aún cuando dos prominentes miembros de la junta de Gobierno del Banco fueron propuestos por él: Jonathan Heath y Gerardo Esquivel.
Al parecer, para la presente administración sería tecnocrático y neoliberal presentar diagnósticos construidos con base en evidencia; pero eso no deja de ser un burdo prejuicio; en realidad, el propósito del Presidente de ser transparente en todas sus decisiones, implica que den a conocer al escrutinio público los documentos con base en los cuales se fijan posiciones y se toman decisiones.
Se agradece que haya un gobierno que nos dice todas las mañanas cuáles son sus prioridades del día; pero un gobierno ágrafo es por definición un gobierno opaco, porque como señalaban los clásicos: verba volant, scripta manent.
