México sigue siendo, a pesar de los avances conseguidos en las últimas dos décadas, un país inapropiado para la niñez. Lo es, porque continúa habiendo cerca de mil muertes anuales de niñas y niños por desnutrición; porque la tasa de mortalidad infantil sigue siendo de dos dígitos; y porque los indicadores de pobreza muestran que poco más del 60% de quienes tienen menos de 18 años son pobres.
En los últimos años, se han impulsado medidas en el ámbito jurídico que han derivado en tres reformas constitucionales de trascendencia para la protección de los derechos de las niñas y los niños. La primera de ellas es la relativa al Artículo 4º Constitucional, mediante la cual se incorporó a nuestra Carta Magna el Principio del Interés Superior de la Niñez, lo cual implica disponer “hasta el máximo de los recursos disponibles” para la protección y garantía de los derechos de este grupo de población.
La segunda reforma es la relativa al Artículo 1º Constitucional, la cual establece que todas las disposiciones de nuestro marco jurídico deben estar armonizadas con los contenidos de las Convenciones, Tratados y Acuerdos Internacionales, y, sobre todo, que el Estado debe diseñar los mecanismos adecuados para su plena garantía.
La tercera es la relativa al derecho constitucional a la alimentación, así como a la seguridad alimentaria, lo cual significa que deben existir alimentos, sanos e inocuos, para toda la población, y particularmente para niñas, niños y adolescentes.
A estas reformas se suman marcos jurídicos como la Ley General de Víctimas y la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y la Protección a sus Víctimas.
Como puede verse, el mayor reto que tiene nuestro país en este ámbito se encuentra en la implementación, exigencia y cumplimiento del mandato jurídico que el Estado mexicano ha asumido, no sólo ante la población nacional, sino ante la comunidad internacional.
Desde esta lógica, debemos ser capaces de superar la visión desde la cual se asume que una vez que se han reformado el marco constitucional y las leyes los problemas están resueltos.
De cara al 30 de abril debe asumirse que el debate de fondo se encuentra en la definición de los criterios que impulsen la reforma institucional necesaria para abarcar la compleja agenda de los derechos de la niñez, la cual va desde la garantía de los derechos universales a la salud, educación, alimentación, vivienda, medio ambiente sano y el libre desarrollo de la personalidad, hasta la protección, rehabilitación y reintegración de quienes han sido vulnerados en sus derechos, o que se encuentran en conflicto con la Ley.
Permanece además el reto de definir con claridad a la instancia responsable de coordinar la acción del Estado para el cumplimiento de los derechos de la niñez, y en ese sentido, generar los acuerdos para impulsar el rediseño institucional requerido para enfrentar los dilemas que implica un marco jurídico que, de acuerdo con algunas expertas y expertos, es imposible de materializarse en el corto plazo.
Frente a lo anterior, y con el propósito de generar un marco de discusión sustentado en evidencia, presentamos el resumen de la actualización del Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana (de 0 a 5 años), que en el año 2004 llevara a cabo el Consejo Consultivo de unicef-México. Si algo muestra este Índice es la inmensa desigualdad que existe entre los estados de la República en materia de incumplimiento de los derechos de la niñez, lo que nos revela como un país escindido en lo social.
No podemos seguir siendo un país en el que, según las cifras oficiales, todos los días son asesinados tres niñas, niños o adolescentes; en donde el 80% de las niñas, niños y adolescentes hablantes de alguna lengua indígena son pobres; y en el que el 30% de ellos viven en vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación.
México debe transformarse y asumir que al ser un país inapropiado para la infancia es un país en profunda deuda con la justicia social y el bienestar y, en consecuencia, un país inapropiado para todas y todos.•
