Tenemos el deber de asumir, con todas sus consecuencias, un imperativo categórico como eje de articulación de un nuevo curso de desarrollo: que ninguna niña y ningún niño enfrente un contexto social o familiar en el que no estén garantizados plenamente sus derechos humanos.
Poner al centro de todas las decisiones públicas la construcción de un país apropiado para la niñez constituye un reto civilizatorio, pues implica dar un giro de 180 grados respecto de una cultura basada en la visión “adultocéntrica” de la realidad, para poner a las niñas y a los niños siempre primero en el orden de las prioridades públicas y privadas.
Decir que las niñas y los niños representan el futuro de una sociedad constituye no sólo una entelequia, sino, sobre todo, un despropósito ético, pues lo que subyace a una posición tal es la hipótesis de que debe protegerse a la niñez en aras de una vida mejor posible para la sociedad en el porvenir.
Lo que en realidad debe pensarse, y actuarse en consecuencia, es que las niñas y los niños tienen derechos que deben ser cumplidos en el aquí y en el ahora, sin mayor “justificación” que el reconocimiento de su carácter de “sujetos plenos de derecho”; es decir, seres humanos que, independientemente de su participación futura en la sociedad, tienen desde ya un conjunto de derechos que deben ser garantizados por el Estado.
México es un país en el que los derechos de la niñez presentan un elevado grado de incumplimiento: 6 de cada 10 niñas y niños viven en condiciones de pobreza multidimensional; y sólo 18 de cada 100 tienen acceso a lo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social considera como “niveles adecuados de bienestar”.
Las y los adolescentes de nuestro país viven en escandalosos niveles de desprotección: los jóvenes entre 14 y 29 años de edad presentan las mayores tasas de mortalidad por causas violentas; sólo 6 de cada 10 ubicados entre los 15 y los 17 años de edad tienen la oportunidad de asistir a la escuela, mientras que sólo 3 de cada 10 tienen acceso a la educación superior.
Vivimos en una realidad en la que prácticamente 8 millones de adolescentes y jóvenes de entre los 12 y los 29 años de edad no tienen oportunidades de estudiar y de trabajar, de los cuales, 5.9 millones son mujeres, las cuales siguen siendo víctimas de distintas formas y niveles de violencia, lo que les impide el acceso al cumplimiento de sus derechos.
Somos considerados todavía uno de los países del mundo en que mayor violencia se ejerce contra la niñez, lo cual se ve reflejado en los más de 2,500 casos anuales que se denuncian por abuso sexual de niñas y niños, y por la incontable cantidad de casos de violaciones y trata de niñas y niños con fines de explotación sexual comercial o laboral.
Hay, por otro lado, más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes que, ante la pobreza y la desigualdad generalizadas en que vivimos se ven forzados a trabajar desde edades tempranas.
Adicionalmente, cada año nacen más de 400 mil niñas y niños cuyas madres tenían menos de 19 años al momento del parto, mientras que en los últimos 10 años han fallecido en promedio, también anualmente, más de mil mujeres durante o a consecuencia del parto; y más de 30 mil niñas y niños antes de cumplir el primer año de vida.
Ante este panorama, de suyo desolador, hemos invitado en esta edición a expertas y expertos en materia de derechos de la niñez, con el fin de analizar cuál es el estado de su cumplimiento, a 20 años de haberse signado la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños, y ante las observaciones emitidas por el Comité de los Derechos de la Niñez del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, y dirigidas al Estado mexicano.
Esta edición de México Social está dedicada a todas las niñas y los niños de México, en la plena convicción de que la más urgente tarea que tenemos por construir no es otra sino la protección universal, integral y oportuna de todos sus derechos.•
