Acapulco: entre la emergencia y las prisas

La Presidencia de la República anunció un “plan para la reconstrucción de Acapulco”. Con base en él, el titular del Ejecutivo ha afirmado que en diciembre no habrá una “amarga Navidad” y que la estimación de dos años, planteada por empresarios que operan en la localidad para lograr la reconstrucción, es mayor sustantivamente respecto de lo que él estima, y que pone en un horizonte de un año, es decir, poco más de lo que le queda en el cargo.

Escrito por:  Saúl Arellano

Lamentablemente, esta administración ha tomado sus principales decisiones priorizando la rentabilidad político electoral de las acciones, antes que cumplir y hacer cumplir lo que se encuentra establecido en nuestra Carta Magna. Desde esta perspectiva, lo que se ha planteado para Acapulco resulta, por decir lo menos, insuficiente, pero, sobre todo, con graves deficiencias conceptuales.

Resultaría una obviedad decir que, ante la tragedia y la emergencia, el gobierno está limitado a llevar lo que tiene. Pero subrayarlo es fundamental para mostrar que lo que se ha hecho es sumamente limitado: programas de becas, apoyo a jóvenes para su incorporación al trabajo, transferencias de ingresos, y entrega de algunos miles de despensas que, ante el tamaño de la devastación, resultan totalmente insuficientes.

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Es evidente que la urgencia apremia, y que como lo escribió Mario Luis Fuentes, desde antes del Huracán Otis Acapulco ya no tenía tiempo para atender y resolver la crisis social; sin embargo, las prisas del presidente López Obrador una vez más pueden generar más problemas que los que puede resolver, y todo por la lógica, muy mexicana, de que debe ser él inaugure las obras y anuncie que “todo está resuelto”.

Esta nueva crisis pinta de cuerpo entero a la presidencia de la República: las declaraciones mediante las que se expresa un rechazo explícito a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, o a promover la organización y participación comunitaria en la reconstrucción, muestran una idea de un Estado, no rector del desarrollo, sino uno que impone su visión de la realidad de manera autoritaria y excluyente de todas las otras visiones que legítimamente existen en el país.

Quizá el registro de que dispongo respecto del discurso presidencial es insuficiente, pero hasta ahora, el titular del Ejecutivo Federal no ha hecho ninguna reflexión importante sobre la cuestión medioambiental y el cambio climático, que es una buena parte de lo que está en el fondo de toda esta cuestión.

Por eso el plan que se ha presentado puede convertirse en un despropósito mayor en el momento de su ejecución, si no se toma el tiempo suficiente para planear y replantear el modelo de desarrollo turístico que existía en Acapulco hasta esta tragedia, para replantear no solo lo que se hará en el Puerto, sino para repensar y modificar el modelo de turismo depredador del medio ambiente que se ha impuesto allí, pero también en Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán, Cancún, Ixtapa-Zihuatanejo y todos los destinos turísticos de playa relevantes que tenemos en nuestro país.  

Es innegable que debe reactivarse el empleo; que la belleza natural de la Bahía de Acapulco, quizá una de las más hermosas del planeta debe aprovecharse; pero no puede seguir haciéndose a costa de la pobreza de la mayoría de la población (según el CONEVAL el porcentaje de pobres en Acapulco creció en los últimos 10 años); y preparando el terreno sólo para esperar la llegada de otro huracán monstruoso como el que nos golpeó, y que, según las predicciones, será el tipo de fenómenos que podrían estar surgiendo como una nueva normalidad planetaria.

Es para ello que la Constitución le otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional. Y en este momento, la enorme fuerza que tiene el presidente de la República debe ser aprovechada, con altura de miras de un Jefe de Estado, para convocar a una gran alianza nacional a favor de un cambio radical en la política ambiental de nuestro país, pensada y planeada para una ejecución sin dilaciones, para un horizonte de 50 años.

¿La reconstrucción se llevará a cabo con base en el uso intensivo de fuentes de energía contaminantes, o se aprovechará la oportunidad de tomar a Acapulco como una nueva ancla para la transición energética del país? ¿Las concesiones para la  reconstrucción y rehabilitación de hoteles pasará por una revisión del uso de suelo y garantía de la soberanía nacional vía la propiedad de las playas, como lo establece la Carta Magna?

¿Se replanteará un esquema de transporte público para que sea eficiente y que reduzca radicalmente la huella de carbono? ¿El plan de reconstrucción tendrá como base una nueva lógica de desarrollo territorial y urbano, que permita resolver estructuralmente las condiciones de marginación, que son las que posibilitaron el nivel de destrucción que estamos presenciando? ¿Habrá una nueva estrategia de seguridad?

¿Los más de 60 mil millones de pesos que se anuncia que habrán de invertirse en los siguientes meses, incluyen una vertiente de recuperación ecológica de la biodiversidad en la Bahía, pero al mismo tiempo, de generación de nuevas capacidades de resiliencia municipal?

No debe ejecutarse un plan de reconstrucción que no esté diseñado para evitar, en la medida en que eso sea posible, que una tragedia así se vuelva a repetir. Y eso pasa por una profunda visión crítica de lo que se ha hecho hasta ahora, y reconocer que en Acapulco y en todo el país, la perspectiva ecológica ha sido prácticamente inexistente.

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Investigador del PUED-UNAM