Una alianza nacional para el acceso universal al agua

El acceso universal y efectivo al agua limpia es una de las condiciones necesarias del desarrollo, y es uno de los indicadores sin los cuales no puede hablarse de condiciones de bienestar integral. A nivel nacional, menos del 25% de quienes tienen acceso al agua entubada en sus hogares, según los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la consideran potable, es decir, creen que pueden beberla sin el riesgo de enfermar.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Hay en ese sentido un reto doble: mejorar la gestión del agua, para que su uso en los diferentes sectores se lleve a cabo con criterios de sostenibilidad, racionalidad y eficiencia; y el otro es avanzar en la formación de una cultura de uso doméstico y personal a fin de que se construya una nueva conciencia colectiva de uso responsable del agua.

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Pero para que eso ocurra, es imprescindible en primer lugar mejorar y ampliar la infraestructura nacional para la prestación de los servicios y el acceso del agua potable. Sobre todo en las localidades más dispersas y con menor número de población. Aunque esto debe tomarse con las reservas del caso, pues todavía en el 2020, según el Censo de Población y Vivienda, había casi 25 millones de personas habitando en localidades rurales, donde la distribución es mucho más compleja debido a las amplias extensiones territoriales de las localidades de menos habitantes y donde la proximidad entre viviendas es mucho más amplia que en los ámbitos urbanos.

Resulta paradójico que de toda el agua que se utiliza en el país, más del 60% de utiliza en actividades primarias de la economía; es decir, fundamentalmente en agricultura y ganadería, donde los métodos de riego y uso intensivo del agua son altamente ineficientes, generando muy altos porcentajes de desperdicio debido a la evaporación, filtración y paso corriente del líquido.

Es asimismo inaceptable, que la mitad del agua de la que se tiene acceso en las ciudades, se desperdicia por fugas y filtraciones de las tuberías. Y esto se relaciona con el hecho de que no se tiene un atlas nacional o al menos un diagnóstico completo, sobre cuál es el estado de la infraestructura de las redes de agua potable en las localidades urbanas; y con ello, cuáles son las necesidades de inversión y los plazos en los que puede desarrollarse una nueva generación de infraestructura hidráulica nacional.

En el ámbito institucional, hay varias estructuras que deben revisarse de manera seria y con la responsabilidad requerida. En primer término, es preciso determinar si la descentralización de la administración del agua, establecida en el Artículo 115 constitucional como facultad exclusiva de los municipios, a prácticamente 30 años de la reforma por la que se les otorgó esa prerrogativa, se tienen los resultados que se esperaba; y en esa medida, también establecer las rutas de mejora que fortalezca el federalismo y las capacidades de los gobiernos locales.

En segundo lugar, es imprescindible que, desde el ámbito agropecuario, se revise la estructura y funciones que desempeñan las autoridades de los módulos de riego, los cuales se han convertido, en muchos casos, en auténticos espacios de ejercicio de cacicazgos locales, que medran con los recursos y que imposibilitan la modernización de la tecnología e infraestructura para el riesgo y la mejora sustantiva de la producción de alimentos en el campo mexicano.

En tercer lugar, se debe revisar y modernizar la lógica de las capitanías de puerto y administración y uso de presas, lagos y lagunas, a fin de tener no sólo un manejo responsable del agua, sino también proteger estos espacios en toda su relevancia para la protección y viabilidad de los ecosistemas, así como la protección de la biodiversidad; pero también para el desarrollo de oportunidades y capacidades para el aprovechamiento sostenible de estos espacios, en los que el potencial de desarrollo turístico es inmenso.

Hay una gran cantidad de lecciones aprendidas que, por otra parte, deben aprovecharse y potenciarse. Por ejemplo, revertir los procesos de deterioro de las infraestructuras verdes en las ciudades, recuperar superficies arboladas, así como propiciar la formación de microclimas para mitigar los efectos del cambio climático; asumir nuevas formas de urbanización, más ordenada, pero también con base en materiales que sean compatibles con el desarrollo sostenible, la construcción de más y de mejor calidad redes de drenaje pluvial y de captación y adecuado almacenaje de agua de lluvia.

La enorme vulnerabilidad que se evidenció frente a la pandemia de la COVID19 debe servirnos de acicate para recuperar visiones que dieron resultado en otros momentos, como la del desarrollo regional y el impulso de cuencas regionales, y actualizarlas para su implementación en un contexto que es más hostil, y en el cual es urgente revertir procesos de deterioro de suelos, mantos freáticos y ecosistemas como los glaciares que estamos perdiendo en todo el país.

Debe comprenderse que toda la agenda que implica el cambio climático no es algo que habrá de venir; que ya es una realidad presente en nuestras vidas; y que sus consecuencias y potencial destructivo ya lo vivimos en los últimos tres años. Por ello, construir una auténtica política de Estado en esta materia es un imperativo ineludible para quien sea la o el nuevo presidente de la República en 2024.

Debe reconocerse que el presupuesto para el sector es aún insuficiente y que debe llevarse a cabo todo lo necesario para disponer de los recursos que urgen para atender las urgencias que nos aquejan; además de que, como se ha señalado, la problemática es tan compleja que no se resolverá solo invirtiendo más dinero, sino generando nuevas capacidades, nuevos consensos y nuevos procesos que nos coloquen en la ruta de la sostenibilidad ambiental.

Erradicar el hambre, mejorar las condiciones de garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; erradicar la pobreza urbana y rural; garantizar condiciones adecuadas en las escuelas para todas las niñas y niños; y fortalecer nuestras capacidades de prevención de la salud, tienen como condición irrenunciable un sistema nacional de prestación universal de servicios de calidad.

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Investigador del PUED-UNAM