Agenda para enfrentar la crisis en derechos humanos / Invitada: Tania Reneaum

En México, la crisis de derechos humanos continúa y está agravada por el aumento de la violencia y los homicidios, así lo documenta Amnistía Internacional en su informe 2017 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo

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De acuerdo con dicha organización, el aumento de la violencia en nuestro país se expresa en los numerosos casos de tortura, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de feminicidios y de agresiones y homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

En efecto, los reportes oficiales revelan que en nuestro país hay: cerca de 4 mil 400 casos de tortura en revisión a nivel federal y al menos 34 mil 656 personas desaparecidas. Además, la violencia homicida registrada en 2017 alcanzó el nivel más alto desde 2012, con 42 mil 583 homicidios, y si continúa la tendencia delictiva registrada hasta el momento, 2018 podría ser el año más violento en la historia de nuestro país; del mismo modo, el número de periodistas asesinados observó la cifra más alta desde el 2000.

Sin duda, el nuevo gobierno ha heredado un país en crisis por las innumerables violaciones de derechos humanos que todos los días tienen lugar en nuestro país y que se suman al contexto generalizado de impunidad que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por ello, es vital que la nueva administración federal impulse con urgencia la agenda de los derechos humanos como el eje central de sus políticas públicas y de sus decisiones gubernamentales.

Al respecto, Amnistía Internacional recomienda impulse, entre otras medidas, las siguientes:

1. Reorientar la política de control de drogas en México, pasando de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública a uno basado en la protección de los derechos humanos.
2. Adoptar un registro de desapariciones para todos los incidentes tanto de desaparición forzada como de desaparición perpetrada por agentes no estatales.
3. Avanzar en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Registro Nacional del Delito de Tortura previstos en la ley.
4. Asegurar que cualquier ley de amnistía que llegue a adoptarse se adecue al derecho internacional; así como,
5. Realizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, asegurando que se garantice la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias.

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