La Medición Multidimensional de la Pobreza, 2014, nos deja dos datos que sintetizan una compleja y dura realidad: en un país con 120 millones de habitantes, 55.3 millones de personas son pobres, y únicamente 20 de cada 100 tienen acceso a niveles de vida en lo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social considera como “no pobre y no vulnerable”.
En el extremo se encuentran las y los habitantes del mundo rural, así como las personas hablantes de lenguas indígenas, pues entre estos grupos de población únicamente 6 de cada 100 y 3 de cada 100, respectivamente, son considerados como no pobres y no vulnerables.
Frente a estos datos, lo primero que debería ponerse en tensión es si en el marco del paradigma constitucional vigente a partir de junio de 2011 -determinado fundamentalmente por el Artículo 1º de la Constitución- puede mantenerse como tal el concepto de pobreza con base en el cual se llevan a cabo las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
En segundo lugar, debe continuar insistiéndose en la urgencia de poner al centro de todas las decisiones económicas del país la creación de empleos dignos. Tenemos que construir un nuevo andamiaje económico que permita darle al salario el sentido constitucional; pero, al mismo tiempo, lograr que los empleos que se generen en el país puedan ser catalogados como realmente dignos, es decir, que abran la posibilidad de que las personas puedan vivir con acceso efectivo a los derechos consagrados en la Constitución y en el orden jurídico nacional.
En tercer sitio debe hacerse hincapié en la urgencia de que en la nueva Legislatura que dará inicio el próximo mes de septiembre, la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, se comprenda que la cuestión de fondo no se encuentra en los detalles técnicos; sino, ante todo, en la dimensión ética que implica determinar qué, cómo y en dónde habrán de invertirse los recursos de la ciudadanía
El reto para las y los diputados se encontrará en comprender a cabalidad que las decisiones que tomen respecto del PEF es un reflejo de las prioridades y valores del Estado nacional; porque, si la teoría clásica tiene razón, la Cámara de Diputados representa nada menos que a la soberanía nacional.
De esta forma, lo deseable sería que desde el 1º de septiembre se abriera un diálogo nacional que permita romper con el modelo económico que nos ha regido desde hace tres décadas, y en un diálogo tal, definir políticamente, es decir, de manera ética, los mecanismos para avanzar hacia un país de equidad y justicia para todas y todos.
Lo anterior, porque no puede asumirse únicamente como anecdótico el hecho de que, medida por ingresos, la pobreza estimada en 1992 haya sido del 53.1% de la población; y que ahora en 2014, el indicador se haya ubicado en 53.2%.
Desde el mero sentido común resulta evidente que las cosas no marchan bien; que las políticas sociales no serán jamás suficientes para revertir los efectos de un modelo económico que ha acreditado fehacientemente ser concentrador del ingreso y empobrecedor de las mayorías; y que, por lo tanto, lo que debe ponerse a discusión es el conjunto de supuestos desde los que se define y diseña la política macroeconómica del país.
Hay preguntas fundamentales que deben discutirse: ¿para qué y cómo queremos crecer?; ¿cómo generar un nuevo proceso de industrialización respetuoso del medio ambiente?; ¿cómo garantizar que el Estado cuente con capacidades de regulación efectiva del mercado?; ¿cuáles son los instrumentos que debemos reconstruir para redistribuir la riqueza y cuáles otros debemos crear?
En síntesis, lo que debe ponerse en la base de un mesurado pero fecundo diálogo político democrático es cuál es el curso de desarrollo que debemos asumir, en aras de dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar justicia social, y todas las demás justicias, de manera universal e integral, porque, de otro modo, el anhelo de ser un país de derechos humanos no será más que una más de nuestras quimeras históricas.
| Mario Luis Fuentes Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas. @ML_Fuentes |
