De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Constitución Política, se determina que no puede cortarse el derecho de las y los ciudadanos de asociarse o reunirse pacíficamente de manera lícita e incluso, enfatiza que es derecho exclusivo de las y los mexicanos asociarse libremente con el objeto de participar en los asuntos políticos del país (artículo 35, fracción III, del mismo ordenamiento legal).
Escribe Fernando Díaz Naranjo
Una de estas formas de asociación son las Agrupaciones Políticas Nacionales (APN) que nacieron con la reforma política de 1977 que dio origen a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. En este sentido, dichas asociaciones fueron concebidas, en su origen, como las instancias previas a la constitución de un partido político, es decir, entes que, en su oportunidad, sean garantes de las principales demandas de la población, vínculo de comunicación entre la ciudadanía y el poder público, entre otros aspectos.
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Actualmente las APN, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, son asociaciones ciudadanas que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política de nuestro país, generando con ello una opinión pública mejor informada.
De igual forma, esta legislación (artículo 33, párrafo 1, incisos a) y b)) indican los requisitos que deben de acreditar las APN para obtener su respectivo registro, destacando el contar con un mínimo de 5 mil afiliaciones en todo el país, contar con un órgano directivo de carácter nacional, tener delegaciones en cuando menos siete entidades federativas, contar con documentos básicos, así como ostentar una denominación distinta a cualquier agrupación o partido político.
Ahora bien, la historia de estas asociaciones ha sido de altas y bajas principalmente por el Legislativo que, por ejemplo, en 1990 cuando una reforma las desaparece y posteriormente en 1996 se reestablecen; posteriormente se les otorga el derecho de solicitar su registro como partido político, situación que en 2008 pierden.
Independientemente de la evolución de estas figuras políticas la principal crítica que han tenido es estar vinculadas a diversos partidos políticos y, con ello, servir de brazos políticos para el logro de proyectos políticos propios dejando, al menos en apariencia, su objetivo de ser un canal para la construcción de la vida democrática para convertirse en alfiles de diversos grupos de interés. Asimismo, algunas Agrupaciones han sido sancionadas por la autoridad electoral nacional por diversas prácticas contrarias a las disposiciones establecidas en la legislación electoral.
No obstante, también hay que señalar que en la historia de estos organismos han surgido APN que han impulsado verdaderos proyectos que han sido punta de lanza en la construcción de una ciudadanía informada de los procesos políticos en nuestro país, lo que les ha permitido mantenerse como referentes democráticos independientes de los partidos políticos.
El Legislativo tiene la tarea pendiente de revisar estas figuras propias de un sistema democrático como el nuestro para dotarlas de los elementos y herramientas necesarias para que sean agentes de cambio y coadyuvantes de nuestros procesos políticos y democráticos.
En tanto esto ocurre, el pasado 28 de abril el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de decisión aprobó otorgar el registro a ocho Agrupaciones Políticas Nacionales, a saber: Alianza Patriótica Nacional, Democracia Liberal, Humanismo Mexicano, 5 de mayo Movimiento Reformador, Con Causa Social, Que siga la Democracia, Movimiento Arcoíris por México y Frente por la Cuarta Transformación.
A decir del INE, estas 8 organizaciones cumplieron con todos los requisitos legales establecidos en la normatividad electoral, lo que seguirá es observar si su andar, sus acciones ante las y los ciudadanos está dirigida o no a lo mandatado por la legislación electoral.
México necesita de las APN como instituciones democráticas, como vehículo de conocimiento, como vigilantes de los procesos políticos, como instancias exigentes de la transparencia y la rendición de cuentas, pero sobre todo como constructores de ciudadanía. Veremos.
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