por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con el INEGI, en el país hay todavía cinco entidades que no cuentan con ningún programa de agua potable o saneamiento, desde la perspectiva de la gestión ambiental; en 6.89 millones de viviendas se tiene agua en el terreno, pero no dentro de la construcción; mientras que todavía en 1.65 millones de viviendas más, se carece del agua.
En medio de la coyuntura permanente, impuesta por los yerros de un aparato público desbordado en todos los órdenes y niveles del gobierno y los espacios de representación popular, los problemas estructurales de nuestro país permanecen, y se mueven como amenazantes sombras que en cualquier momento pueden aparecérsenos de frente y revelarnos que hay amenazas críticas que deben resolverse si queremos garantizar condiciones de viabilidad mínima para nuestro país.
Una de esas agendas es la gestión del agua. Un tema que desapareció de la agenda pública, luego del escándalo de corrupción del entonces director de CONAGUA, pero cuya relevancia es de tal magnitud que, sin su adecuada atención pondrá en riesgo cualquier posibilidad de desarrollo.
La próxima semana se conmemora el Día Mundial del Agua, fecha elegida a partir de la Cumbre de Río, con la idea de que las naciones de todo el orbe lo celebren con medidas concretas a fin de lograr la conservación y desarrollo de los recursos hídricos.
Estados sin visión ecológica
La adecuada gestión del agua implica construir una política integral de servicios ambientales, lo cual, a su vez, exige de una estrategia integral de desarrollo sostenible, sobre todo de cara a los compromisos asumidos por el país frente a las metas planteadas en los Objetivos del Desarrollo Sustentable, rumbo a la evaluación que deberá realizarse en 2030.
Al respecto es interesante observar que la lógica de planeación y programación estatal y municipal, sigue estando muy alejada de una perspectiva de gestión sustentable. Por ejemplo, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2016, elaborado por el INEGI, sólo hay 6 programas en todo el país, de programas de “compras verdes”; existen sólo 71 programas en materia de cambio climático y únicamente 145 programas de agua potable y saneamiento, que responden a una cierta perspectiva de gestión del medio ambiente.
Debe destacarse, además, que la mitad de esos programas se concentran en sólo nueve entidades: 10 en Tamaulipas; 9 en la Ciudad de México; 9 en Quintana Roo; 8 en Aguascalientes; 8 en Morelos; 8 en Nayarit; 8 en Tabasco; 7 en Chihuahua y 7 en Zacatecas.
El resto, se distribuyen en las demás entidades federativas, con la particularidad de que en Baja California, Durango, Oaxaca, Querétaro y Yucatán no se tenía, en el año 2015, ningún registro de programas de agua potable o saneamiento, que cumplieran con la especificación de haber sido construidos desde la perspectiva de la gestión ambiental.
Compras tóxicas
Una de las políticas que es considerada como “buenas prácticas” a nivel mundial es la determinación de que toda compra de gobierno debe ceñirse a una serie de “criterios verdes”; es decir, que la proveeduría de servicios y productos para el sector público, deben cumplir con estándares de producción y funcionamiento amigables con el medio ambiente.
En esa lógica, únicamente hay cuatro entidades que cuentan con programas de este tipo: Puebla y Sinaloa, con dos cada una de ellas; la Ciudad de México, con uno; y Morelos, con uno.
Población sin acceso al agua
De acuerdo con la información presentada por el INEGI a través de la Encuesta Intercensal, 2015, hay en el país, 6.89 millones de viviendas que tienen agua entubada en el terreno, pero fuera de la vivienda. Destaca frente a ello que, en números absolutos, el 75% de esa suma se localiza en 10 entidades.
En primer lugar, aparece el Estado de México con un total de 1,048,469 viviendas en la condición señalada; Veracruz, con 791,907; Puebla con 610,735; Oaxaca, con 570,329; Chiapas, con 529,483; Guerrero con 402,253; Hidalgo con 282,904; Michoacán, con 271,913; la Ciudad de México con 244,321; Guanajuato con 237,455; y San Luis Potosí con 198,665 viviendas con la característica señalada.
En ese mismo sentido, el INEGI consigna que en el país hay un 5.1% del total de viviendas que no cuentan con agua entubada, ni dentro de la construcción ni dentro del terreno. Eso implica una suma aproximada de 1.65 millones de viviendas en esa condición.
Las entidades con mayores porcentajes de vivienda sin agua son: Guerrero, con 15.1% del total de viviendas del total; Veracruz, con 13.1%; Chiapas, con 12.7%; Oaxaca, con 12.6%; San Luis Potosí, con 10.3%; Tabasco con 9.8%; Baja California Sur, con 6.8%; Puebla, con 6.6%, Campeche con 6.4%; Hidalgo con 5.9% y Morelos con 5.6%.
Lo inaceptable y paradójico de estos datos es no sólo la desigualdad interestatal, sino que son los estados más pobres en donde hay mayores carencias de agua potable; pero también, son las entidades con mayores reservas de agua dulce en todo el país, lo cual evidencia lo urgente de construir un nuevo modelo de desarrollo por regiones, que permita un mayor equilibrio y una distribución mucho más equitativa de los beneficios y recursos de que dispone el país.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 14-marzo-2017, p.29.
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