Según el documento Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé una caída del PIB de 7.7% en la región para este año y pronostica un crecimiento de 3.7% en 2021, cifra que no será suficiente para recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia.
La Cepal advierte que, aunque la tasa de crecimiento del PIB sea positiva en 2021, será reflejo de un rebote estadístico y el camino a la recuperación a los niveles anteriores a la crisis será un proceso lento que probablemente se alcanzaría hasta el año 2024.
“América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo en desarrollo por la crisis derivada del COVID-19. En la década previa a la pandemia la región mostraba una trayectoria de bajo crecimiento y en 2020 enfrenta una combinación de choques negativos de oferta y demanda sin precedentes, lo que se traduce en la peor crisis económica de los últimos 120 años”, señala la Cepal.
El organismo apunta que, a pesar de los esfuerzos fiscales y monetarios de los países de la región, los problemas estructurales que la región arrastra históricamente han exarcebado las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
De acuerdo con Alicia Bárcena, “la dinámica del crecimiento en 2021 está sujeta a una alta incertidumbre relacionada con el riesgo de rebrotes de la pandemia, de la agilidad para producir y distribuir las vacunas y de la capacidad para mantener los estímulos fiscales y monetarios para apoyar la demanda agregada y a los sectores productivos”.
Para la secretaria ejecutiva de la Cepal, avanzar en un crecimiento sostenible e inclusivo requiere de una transformación productiva hacia sectores ambientalmente sostenibles, que favorezcan la generación de empleo y la innovación tecnológica.
Entre los principales factores que han afectado más a la región durante la pandemia, se encuentran: la debilidades y brechas estructurales históricas de la región, su limitado espacio fiscal, la desigualdad, la escasa cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad productiva y la baja productividad.
Frente a lo anterior, América Latina y el Caribe enfrenta enormes desafíos para poder implementar políticas que mitiguen estos efectos y emprender una reactivación económica sostenible e inclusiva.
De acuerdo con Cepal, ya existía un bajo crecimiento económico en la región y grandes desigualdades antes de la llegada de la pandemia: en promedio se creció un 0.3% en el sexenio 2014-2019, y en 2019 la tasa fue de 0.1 por ciento.
“Con la llegada de la pandemia, se sumaron a ese bajo crecimiento económico los choques externos negativos y la necesidad de implementar políticas de confinamiento, distanciamiento físico y cierre de actividades productivas, lo que hizo que la emergencia sanitaria se materializara en la peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región”, lamenta la Comisión.
Aunado a la contracción de la actividad económica, la tasa de desocupación incrementó rápidamente, y se prevé que sea de 10.7% este año, con “una profunda caída de la participación laboral y un incremento considerable de la pobreza y la desigualdad”.
Por subregión, Cepal apunta que las contracciones serán de -7.3% en América del Sur, que crecería 3,7% en 2021; América Central caería -6.5% y crecería 3.8% en 2021; y el Caribe tendría una contracción de -7.9% y un crecimiento de 4.2% el año que entra.
Cepal plantea que, para evitar que la región persista en su dinámica de bajo crecimiento, se requiere de políticas fiscales y monetarias expansivas y de políticas ambientales e industriales que permitan las transformaciones estructurales que la región necesita y promuevan un desarrollo sostenible.
Ademas, plantea “la necesidad de priorizar el gasto para la reactivación y transformación económica y social mediante el fomento de la inversión intensiva en empleo y ambientalmente sostenible en sectores estratégicos; extender el ingreso básico a personas en situación de pobreza; otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); entregar incentivos al desarrollo productivo, revolución digital para la sostenibilidad y tecnologías limpias; y universalizar los sistemas de protección social”.
Finalmente, apunta que la reactivación y la transformación económica de la región requerirán de financiamiento y cooperación internacional. “En este ámbito, enfatiza la necesidad de utilizar instrumentos como la emisión y reasignación de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas de los países de la región y los acuerdos regionales; incluir a los países de renta media vulnerables en la iniciativa de moratoria de deuda del G-20 (DSSI, por sus siglas en inglés) y además poner en práctica el canje de deuda por adaptación al cambio climático en el caso del Caribe junto con la creación de un fondo de resiliencia; y capitalizar las instituciones de crédito multilaterales, regionales y nacionales”.
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