Cuando el Estado cae en la indiferencia ante el dolor de su población estamos ante una situación política límite. México experimenta uno de los momentos más dramáticos de su historia (no tan) reciente, con una violencia generalizada que refleja la debilidad institucional y la imposibilidad de aplicar las leyes para imponer el orden y la paz social. Los estudiosos criminalistas se devanan los sesos para entender las causas y los remedios, y sólo parece haber un motivo toral: el desvanecimiento de las vías de supervivencia y progreso social para las nuevas generaciones que, aunque mejor preparadas que sus padres y abuelos, no encuentran alternativas legales para ganarse un sustento digno y básico.
Escrito por: Luis Miguel Rionda
Aunque la pobreza moderada haya disminuido, no lo ha hecho por la ampliación de las oportunidades económicas formales, sino por las vías colaterales: el incremento de la migración internacional y las remesas informales, así como el fortalecimiento de la delincuencia (organizada o no), con la extorsión, el cobro de piso, el tráfico y producción de enervantes, el sicariato, el asalto al transporte humano y de carga, y demás actividades ilegales.
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Los cinco muchachos de Lagos de Moreno que fueron secuestrados y, al parecer, ultimados por una célula criminal con motivos aún poco claros, son sólo un ejemplo, entre miles, del dolor social que se está acumulando en regiones de nuestro país antes sosegadas y apacibles. En este caso, los Altos de Jalisco no habían padecido un contexto tan dramático de violencia social desde la Guerra Cristera, hace un siglo. Pueblos y ciudades de gentes trabajadoras y progresistas están a la merced de organizaciones criminales que han invadido esta y muchas otras zonas que no habían padecido los rigores de la pobreza. El poder corruptor de los dineros del crimen organizado financian ahora ejércitos particulares, como los del “señor Mencho”, que siembran terror para apoyar su extracción forzada de los peculios honestamente ganados. Entre sus acciones clandestinas se encuentra el secuestro con tortura, que me parece fue el caso con estos chicos. Pero los motivos me son oscuros: ¿robo simple, crueldad llana, divertimento mórbido, venganza inopinada..?
La sociedad regional alteña levanta su voz agraviada y demanda a las autoridades justicia pronta y ejemplar, que resarza en algo el dolor de las familias afectadas. Los mexicanos de bien nos unimos al clamor y lanzamos voces de hartazgo contra el crimen y sus perpetradores. ¡Fuera ya el despropósito de los “abrazos y no balazos”! El Estado existe para ejercer la violencia legítima en contra de los enemigos de la sociedad. La Constitución que nos une le ha provisto de los elementos para reprimir y castigar a los secuestradores de la convivencia social y los derechos de las y los ciudadanos, comenzando con el derecho humano a la vida. El Estado está obligado a investigar, prevenir, perseguir, reprimir y ajusticiar (en el buen sentido) a los transgresores, sean presuntos o flagrantes.
Lamento y condeno las burlas, chistoretes y desprecio que este trance doloroso le mereció al personaje que hoy detenta la máxima magistratura del país, en la mañanera del miércoles. Nunca en mi vida había testimoniado un agravio tan deleznable proveniente del habitante del Palacio Nacional hacia sus gobernados. ¡Y lo hizo ante los medios de comunicación nacionales! Una piedra más, de tamaño monumental, a la pirámide de los ultrajes que este histrión demagogo ha acumulado en tan sólo cinco años de desgobierno.
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(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato. Coordinador del Comité Organizador en Guanajuato del Frente Amplio por México.
