Apertura y justicia

por Carlos Jiménez (@estratic)

Son muchos los desafíos que se presentan a la hora de abordar la apertura en el Poder Judicial y la Justicia Abierta en el contexto de nuestro sistema jurídico. Aunque en este breve artículo no podremos abordarlos todos, intentaremos dar una perspectiva aproximada, hablando inicialmente del contexto y la modernización de la justicia, para pasar a continuación a tratar sucintamente el concepto de la justicia abierta y los principios de colaboración, participación y transparencia en dicho ámbito. Concluimos con una mención especial relacionada con las políticas públicas. Al final del artículo, dejamos algunas referencias para que quien lo desee, pueda estudiar más en profundidad esta temática

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Las características intrínsecas del ámbito de la justicia -donde la cultura organizacional es especialmente conservadora- presentan una serie de complejidades y barreras que dificultan especialmente la gestión de cualquier tipo de cambio. Lo anterior ha coadyuvado a que, en general, la reforma y modernización de la Administración de justicia y el Poder Judicial haya ido generalmente por detrás de las que se han ido produciendo en otros ámbitos del sector público. A pesar de que lo anterior podría ser un lastre, no es menos cierto que podría transformarse en una oportunidad si se aprovecha y gestiona adecuadamente el conocimiento derivado de los avances consolidados que se están produciendo en la modernización de otros ámbitos del sector público.

En el caso del Gobierno Abierto, la filosofía del mismo y los principios que lo integran (transparencia, participación y colaboración) posicionan a la ciudadanía como actor clave en su interacción con las instituciones públicas, las cuales, a su vez, deben incorporar nuevos modelos que validen su desempeño real y óptimo desde dicha perspectiva. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial en nuestro contexto, se está percibiendo una cada vez mayor desconexión entre justicia y ciudadanía, a pesar de que por las instituciones se enfatiza cada vez más la necesidad de lograr una verdadera modernización de la justicia y conexión con la ciudadanía. Se habla institucionalmente desde hace tiempo de apertura de la justicia y, sin embargo, no parece que se hayan articulado mecanismos potentes que estén llevando a los Estados a avanzar de forma eficaz en este camino.

Dadas las características intrínsecas del Poder Judicial y la administración de justicia, éstos no se rigen habitualmente por criterios democráticos; sin embargo, inmersos hoy día en la Sociedad de la Información, muchos de sus elementos podrían ser sometidos a revisión también bajo inspiración de criterios y principios contemporáneos, sin dejar de observar la esencia e independencia del Poder Judicial. Lo anterior, además de suponer mayor apertura, acceso a la justicia, transparencia o rendición de cuentas, traería como consecuencia una mayor legitimación, reconocimiento y confianza de la ciudadanía en dicho poder del Estado y su imprescindible independencia.

La apertura que se viene produciendo a raíz de la evolución del e-Gobierno al Gobierno Abierto y sus principios, tiene en la actualidad en el ámbito judicial un bajo grado de impacto. Si bien es cierto que si establecemos una analogía con la evolución de la e-Justicia a la Justicia Abierta, la e- Justicia se encuentra, en general, en un incipiente estado, no es menos cierto que existen ya casos contrastados tanto en el Derecho Continental como en el Derecho Anglosajón, que dejan constancia de que la apertura en el ámbito de la justicia no solo es posible, sino que además puede redundar en una mejora significativa de éste servicio público y su modernización.

Pensando en un marco orientado a un Estado Abierto, es necesario contextualizar la posible aplicación de los principios inspiradores del gobierno abierto y su filosofía de apertura dentro del contexto del Poder Judicial. Así, definimos Justicia Abierta en su concepto más amplio alineado con la apertura del Poder Judicial, como “la extensión de la filosofía y los principios del Gobierno Abierto (especialmente transparencia, participación y colaboración) aplicados al ámbito de la justicia y, por tanto, adaptados al marco contextual característico de la justicia”. Haciendo breve mención a los principios anteriores en el contexto de la justicia, podemos ver las potencialidades de los mismos.

Participación y justicia

A pesar de que es habitual encontrar cierto escepticismo en cuanto a este binomio, encontramos su presencia ya en elementos especialmente vinculados al contexto de la justicia y el Poder Judicial. Así, en instituciones como el Tribunal del Jurado, el ciudadano participa del propio proceso. Esta perspectiva podríamos extenderla estudiando la posibilidad de innovar también en este ámbito. Un ejemplo podríamos verlo en la figura del indulto, prerrogativa aún vigente en algunos países, sobre la que cabría preguntarse -si es que cabe mantener dicha figura- ¿por qué no podría la propia ciudadanía participar directamente de esta decisión, aprovechando las potencialidades, ubicuidad y acceso que proporcionan las TIC?

Colaboración y justicia

Ya sea a través de la colaboración de personas físicas, o de colectivos y jurídicas (incluida la colaboración público- privada) existen ya experiencias en las que tribunales y comunidad están colaborando para mejorar el sistema de justicia e incrementar la confianza de la ciudadanía en el sistema, a través de compromisos de colaboración que potencian la comunicación y también la participación de la comunidad. En el Common Law, lo anterior se aprecia en tribunales como los “comunitarios” que se encontrarían dentro de lo que se denomina Collaborative Justice Courts. Obviamente, la colaboración en este contexto también implicaría nuevos retos y nuevos requisitos, pero, por otro lado, incrementaría el acceso y la mejora del servicio de la justicia. La cultura del voluntariado supone, sin duda, una oportunidad para impulsar este aspecto en el contexto de los tribunales.

Transparencia y justicia

Sin lugar a dudas, al igual que sucede en el contexto del gobierno abierto, la transparencia es el principio más tratado por la literatura en relación con la apertura de la justicia, especialmente por su vinculación con el concepto original de Open Justice propio del Derecho Anglosajón. Aquí encontraríamos relación con aspectos como el acceso a la información o la apertura de datos. El incremento de la transparencia de forma proactiva es clave para mostrar voluntad en la mejora de aspectos de gestión, eficacia o eficiencia en los tribunales. Un incremento en la transparencia favorecerá además la rendición de cuentas y traerá consigo un incremento en la legitimación del Poder Judicial ante la sociedad.

Sin embargo, también hay aspectos que podrían llegar a generar conflicto de derechos, si no se aborda este tema adecuadamente. Ello podría suceder entre el acceso a la información y la privacidad o -dentro del proceso- el derecho a un juicio justo. Así, por tanto, las TIC pueden ser al mismo tiempo elemento coadyuvante y barrera, dependiendo de los mecanismos de control y equilibrio que se logren.

La importancia de las políticas públicas y el compromiso de sociedad y Estado

Para un Estado y sus instituciones sería deseable que las iniciativas en este ámbito se alineen con objetivos estratégicos y políticas públicas, y que tengan una línea continuada en diferentes legislaturas, por lo que los pactos de Estado parecen un mecanismo clave en este sentido. En el fondo, estamos hablando de trazar las líneas maestras sobre las que se desarrollarán las futuras iniciativas.

Bajo objetivos de proximidad de la justicia, acceso, calidad, eficacia o eficiencia, la modernización de la justicia debería venir dada por cambios estructurales que garanticen una evolución del modelo en beneficio de la ciudadanía. Bajo esta panorámica, una de las claves para el avance hacia la apertura de la justicia no se identifica con iniciativas aisladas, sino con la incorporación de una perspectiva estratégica, a la que las iniciativas de modernización y apertura deberían adaptarse.

La innovación es un elemento sobresaliente aquí, pero también una cultura social de transparencia, ética y rendición de cuentas, donde será fundamental tener en cuenta que la propia mentalidad social y cultural de la ciudadanía, requerirá también de una apertura para incorporar cambios en este sentido. En definitiva, una genuina preocupación por lo público, orientada a demostrar a la ciudadanía que las instituciones son dignas de su confianza, donde el ciudadano es lo importante. Ello, por supuesto, requeriría un marco regulatorio capaz de dar sobradas garantías –también con mecanismos adecuados de control-.

En definitiva, hablamos de acercamiento entre justicia y ciudadanía. La inteligibilidad por el ciudadano de fundamentos jurídicos y contenidos de resoluciones judiciales y, en general, de textos legales, es una condictio sine qua non para que se produzca un acercamiento entre ambos. El propio lenguaje técnico jurídico es la primera gran barrera que el ciudadano se encuentra. La madurez actual de las TIC y la innovación, la colaboración y la participación nos llevaría en la actualidad a conseguir avanzar en esta dirección sin grandes dificultades, aportando además a una mayor transparencia.

Es precisa una orientación institucional transversal, de carácter estratégico, para avanzar de forma sostenida en la apertura de la justicia. Revisar e innovar en el modo en que puedan hacerse extensivos los mencionados principios en este ámbito debería suponer un punto de análisis de las estructuras, organización, operadores jurídicos, instituciones, etcétera, para que éstas se modernicen hacia elementos acordes con los tiempos actuales, donde la brecha entre sociedad y justicia acabe reduciéndose en lugar de acrecentarse. Hablamos de una justicia embebida en la Sociedad de la Información y, para ello, la incorporación profunda y armonizada de conocimientos que exceden al propiamente jurídico, pero que estarán cada vez más íntimamente relacionados con el mismo -innovación, tecnológico, socio-político, de gestión, etcétera- serán críticos, como muestra la e-Justicia respecto de las TIC .

Podemos afirmar, en definitiva, que también el Poder Judicial y la justicia pueden evolucionar hacia modelos de mayor apertura a la ciudadanía. Será preciso en todo caso un enfoque transversal de Estado para avanzar en dicho ámbito, dadas las implicaciones estructurales que supone dar pasos en esta dirección.

Lecturas relacionadas:

I. Justicia abierta: transparencia y proximidad de la justicia dentro del actual contexto de Open Government. Informe de investigación. 2014. CEJFE.  http://goo.gl/pqD6NV

II. Colaboración público-privada y apertura de la justicia. VI Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Octubre 2015.http://goo.gl/ciGzKA

III. Principios inspiradores de un Estado Abierto en el contexto del Poder Judicial. Análisis y experiencias. XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Noviembre 2015.

IV. Modernización de la justicia en el S. XXI: la necesidad de una perspectiva de Justicia Abierta. XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Noviembre 2015.

V. Achieving Open Justice through Citizen Participation and Transparency. Hershey, PA: IGI Global. Forthcoming.

Carlos Jiménez Experto en Open & Smart Government, es Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento e Ingeniero Informático. Lleva cerca de 25 años trabajando en el ámbito de la Administración pública, de los que casi una década la ha dedicado al estudio e implementación de proyectos de e-Administración, entre los que se encuentra el sistema e-Justicia.cat de Cataluña. Sus investigaciones más recientes abordan la modernización a través de la e-Justicia y la Justicia Abierta. Es Orador Distinguido por el IEEE sobre Implicaciones Sociales de la Tecnología. Página personal: http://about.me/estratic @estratic