HAY QUE APOSTAR POR LAS MUJERES Y LOS JÓVENES RURALES: IGNACIA FERNÁNDEZ (Rimisp)

En un nutrido diálogo con nuestro director editorial, la doctora Ignacia Fernández, directora ejecutiva de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, delineó los principales retos que enfrenta esta red estratégica con sede central en Santiago de Chile para llevar a cabo su labor como coadyuvante en procesos estratégicos de diseño e implementación de políticas públicas con un enfoque territorial en toda la región latinoamericana.

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Mujeres y jóvenes rurales: un mundo sin oportunidades

Ignacia Fernández comienza la reflexión sobre el panorama regional subrayando que los jóvenes rurales no tienen apoyos ni posibilidades de ser propietarios de las tierras en las que viven y trabajan, y esta situación es incuso peor cuando se trata de mujeres. Subraya que la educación en este ámbito es poco pertinente, por lo que existe permanentemente una necesidad de migrar para estudiar en zonas urbanas, sin un proyecto de retorno que les permita regresar a sus lugares de origen. Lo anterior, se suma a la persistencia de un turismo rural manejado por adultos y con pocas posibilidades de desarrollo para la juventud.

“No hay renovación de la propiedad, de la producción o innovación en las formas de producir y ofertas alternativas a la violencia para los jóvenes en zonas rurales o rural-urbanas”, señala.

Con todas estas preguntas en mente, asegura, Rimisp ha trabajado en tratar de entender mejor cuáles son las expectativas de estos jóvenes y qué proyectos podrían ser interesantes para ellos, para que puedan permanecer en la ruralidad. “Hay espacios; vemos que son jóvenes más escolarizados, más innovadores de lo que eran las generaciones anteriores, pero con una brecha enorme respecto de sus pares urbanos en términos de posibilidades, y con muy poco apoyo de las políticas públicas para efectos de hacer proyectos de vida de lo rural”.

Saúl Arellano (SA): Existe una tasa de desertización muy alta, ¿cuál es la perspectiva que tiene Rimisp frente al proceso del cambio climático y sus efectos?

Ignacia Fernández (IF): La apuesta por las mujeres y los jóvenes puede ser muy interesante. Se ha comprobado que las mujeres son mucho mejores guardianas que los hombres de los recursos naturales, de los bosques, de la sostenibilidad de los recursos.

En paralelo, tenemos que hacernos cargo de una agricultura poco productiva, poco innovadora y cada vez más generadora de problemas ambientales que de soluciones, con la que se alimenta a una población mucho mayor, con necesidades más exquisitas. No hay un uso sostenible de los recursos y todo el apoyo a la agricultura es a la gran agricultura extensiva, de grandes producciones de grano; una solución más sostenible puede ser diseñar modelos de producción más diversificados en los mismos predios, es decir que una parte sea forestal, otra parte de hortalizas, etcétera.

El problema es que esta diversificación pareciera no ser una solución a gran escala y entonces se invierte poco en las escalas que parecieran ser menores, pero que en realidad son mucho más sostenibles, tanto con el medio ambiente, como con las personas.

En este contexto es fundamental el potencial que actualmente pueden tener los jóvenes en términos de innovaciones agrícolas y productivas, de creación de valor en el fondo de la producción, así como las mujeres, tanto en la productividad, como en la sostenibilidad ambiental.

SA: Hay toda una estrategia que ustedes plantean sobre cómo incluir a los jóvenes, con un componente comunitario muy relevante, ¿cómo podría funcionar?

IF: Cualquier enfoque territorial del desarrollo rural pasa por conformación productiva, pero también pasa fuertemente por potenciar el fortalecimiento de la comunidad. Nuestro trabajo en el Altiplano y la Sierra Norte tiene que ver con eso: fortalecer coaliciones de actores, las cuales siempre esperamos que sean lo más diversas e inclusivas posible, y que cuenten con la participación de la comunidad y el sector público locales, además de todos los actores privados interesados en sumarse en una estrategia de cambio.

Buscamos conformar coaliciones amplias, diversas, que en otros lugares de la región muchas veces sí han dado pruebas de canalizar de mejor forma la inversión externa y de poner en valor lo propio, lo interno, la identidad, los procesos culturales y la formas de producción más tradicionales, pero con generación de valor económico también; es decir, que no solo aporten valor identitario.

SA: Uno de los componentes más ricos de lo que propone Rimisp es que hay modelos que se pueden ir aplicando en la región; el enfoque territorial tendría que ver con eso, ¿cómo lograr que la visión territorial sea una visión regional?

IF: Es perfectamente viable. Lo que veo en el caso de México es que las políticas nacionales son a gran escala, con poco foco en el territorio, y, en esta misma línea productiva, muy de retorno a una gran producción, más agrícola que de desarrollo. Ello, aunado a que, en todo lo que se haga como intervención territorial, existe siempre una defensa del territorio y una negación.

Un proyecto territorial, como lo plantea Rimisp, busca la línea de las coaliciones, de los procesos territoriales, de generar mecanismos que permitan congeniar los procesos con las políticas públicas y privadas. En el fondo, de alguna manera virtuosa, eso es lo que está en la base del enfoque territorial.

Eso claro que debe tener además un potencial importante de replicabilidad, aunque se parta de una escala muy pequeña. Actualmente no ha sido fácil construir alianzas estratégicas con el gobierno para poder hacer apoyos como los que hacíamos antes y estamos en un momento mucho más de apoyar trabajo territorial, que es algo que no habíamos hecho previamente. Actualmente trabajamos en el altiplano de Puebla y en la Sierra Norte, apoyando procesos de defensa territorial, de formación de coaliciones territoriales, de empoderamiento de mujeres y de jóvenes rurales, en dos territorios donde hay seis municipios, y la idea es justamente poder ir escalando y eventualmente ver si podemos trabajar en el diseño de políticas territoriales a una escala mayor.

SA: Este tipo de modelos pueden ayudar estructuralmente a resolver otros; México tienen un severo problema en el cumplimiento del derecho a la alimentación que nos ha generado quizá la mayor crisis de salud pública que hemos tenido en la historia, que tiene que ver con la crisis de la obesidad y la diabetes. Este tipo de modelos permitirían contribuir a ir revirtiendo el incumplimiento de este derecho y de la inseguridad alimentaria, que es otro de los grandes problemas...

IF: Exactamente, y a generar sistemas de producción y alimentación más equilibrados. En esta gran producción en escala, donde se produce mucho de muy pocas cosas, cómo aseguras la diversidad de nutrientes que requieren en los hogares. Hace muchos años conversamos con personas de un programa de comedores escolares de la costa mexicana, y nos comentaban que a los niños les daban dos veces a la semana pescado enlatado que llegaba de la Ciudad de México y era una región en la que estos alimentos se obtienen de su fuente natural.

Se debe pensar en sistemas de producción más diversificada a escala local y compras públicas locales, y esto también resuelve a escala acotada el tema de mejores necesidades nutricionales. ¿Cómo combinar esa gran escala sin que sea solo producción de exportación o pocos productos que no resuelven necesidades nutricionales? En escalas territoriales menores yo creo que es posible, en la medida en que se puede ir escalando reglas territoriales que funcionan bien.

SA: Las políticas territoriales no cuentan con enfoques de derechos de la niñez ni perspectiva de género y esa es una barrera institucional y cultural que habría que vencer, ¿cómo propondría Rimisp avanzar en ello?

IF: En términos generales, toda política debería tener un enfoque fuerte de derechos, en términos de poner por delante los derechos de los individuos como bien superior. El tema de las mujeres en el campo es particularmente crítico porque las posibilidades que tienen de ejercer sus derechos son muy complejas; por ejemplo, la propiedad de la tierra no está en sus manos, pero ellas son quienes la trabajan.

La propiedad sigue siendo masculina, pero el trabajo de la tierra es femenino. Nosotros intentamos hacer un alianza con Sedatu en materia de reconocimiento efectivo de la propiedad y renovación de fondo catastral, porque el no ser las titulares oficiales de las tierras les genera muchas restricciones para acceder a registros públicos y a programas de abstencionismo.

Además, la doble y triple carga de trabajo para las mujeres en las zonas rurales es mayor que en las zonas urbanas, y además no hay nadie que defienda esos derechos, porque todos los movimientos de género feministas son fuertemente urbanos. Si no es desde la política pública y desde los gobiernos u organismos de la sociedad civil, ¿desde dónde se pueden defender?

SA: El mundo rural mexicano es predominantemente indígena, sobre todo en el sur-sureste, ¿cómo hacer compatibles estos modelos de enfoque territorial con lo modelos ya existentes de organización comunitaria y organización social que existen en las comunidades indígenas?

IF: Los modelos de enfoque territorial permiten la inclusión desde la perspectiva comunitaria, principalmente, y también desde la noción institucional, entendiendo como institucional no solo la formalidad y a las políticas públicas, sino también cuestiones de carácter más informal como pautas de comportamiento, códigos de conducta, identidad, una institucionalidad más informal.

En las comunidades indígenas generalmente hay dificultades con los temas de género porque se plantean propuestas eurocéntricas u occidentales frente a propuestas más comunitarias. Sin embargo, en el trabajo que hemos hecho con los pueblos indígenas, hemos visto que no hay tanta distancia entre ambas; aunque hay pugnas al interior de las comunidades, muchas personas quieren vincularse con procesos más occidentales.

Asimismo, en términos de género, hacemos mucho trabajo previo con mujeres y hombres para generar procesos de cambio a fin de que las comunidades sean más inclusivas y que las coaliciones no sean solamente de hombres adultos, sino que también incluyan a los excluidos de los propios territorios, que son las mujeres y los jóvenes. Asegurar que las voces de las mujeres y los jóvenes estén ahí también presentes requiere un trabajo fuerte con los hombres, pero también con las propias mujeres.

SA: Este tipo de enfoques pueden contribuir también a la reducción de la violencia de género…

IF: Todos los procesos de empoderamiento de mujeres contribuyen a disminuir los riesgos. Lo que sí es complejo, y es una preocupación que tenemos hoy día, con una alerta puesta por delante, es que también los procesos de empoderamiento y formación de liderazgo incrementan el riesgo de las mujeres frente a los asesinatos, como sucede en el caso de las defensoras de derechos.

Estamos muy pendientes, en términos de nuestros protocolos éticos, de entender mutuamente qué es lo que implica fortalecer liderazgos y empoderarse, ya que da un espacio mayor en muchos procesos, pero también genera más riesgos y mayor vulnerabilidad.

SA: ¿Cómo generar, a partir de estos modelos de intervención territorial, información que permita tomar decisiones?

IF: Muchas veces la única posibilidad de generar información es con métodos de agregación; con datos censales algo se puede hacer, pero es muy difícil tener buena información a nivel de escalas territoriales más acotadas. Hoy día lo que estamos haciendo nosotros es iniciar un proceso de levantamiento de indicadores territoriales de bienestar subjetivo, que tienen que ver con cómo las propias comunidades y los actores del territorio perciben y valoran su bienestar, no necesariamente en contraposición con cómo las políticas nacionales y los sistemas internacionales de medición multidimensional de pobreza definen el bienestar de esa misma comunidad.

Existe un debate muy amplio sobre si efectivamente las comunidades se definirían como “pobres” desde los mismos criterios con los cuales se define la pobreza; la gente no era pobre hasta que empezó a necesitar ingresos para comprar comida. Para ello, estamos usando un método que se ha utilizado en procesos en África y en Colombia, que son los indicadores cotidianos de percepción de paz, pero que se pueden extrapolar a otros contextos.

De esta manera, iniciamos procesos territoriales de levantamiento y la primera pregunta que hacemos es qué define para ellos su bienestar, sin tener a priori lo que muestran los procesos que se han hecho, y efectivamente son la dimensiones que todos consideramos: salud, educación, vivienda, ingresos. Al interior de esas dimensiones, suelen no usarse los mismos indicadores de las mediciones más tradicionales, y esto tiene que ver con dónde están situados territorialmente. Por ejemplo, en Colombia, en todos los procesos de paz, hay territorios donde, por la violencia, aparece como un indicador fuerte el poder dormir con pijama, poder dormir toda la noche sin tener miedo de salir corriendo a las cuatro de la mañana, y por lo tanto dormir vestido.

SA: A veces pareciera que la academia está desbordada, en términos de generación de métodos de aproximación, y que hay un divorcio entre academia y sociedad civil, ¿cómo se podría ir cerrando esa brecha y cómo mejorar los mecanismos de diálogo?

IF: Normalmente se piensa en la brecha entre academia y gobierno, pero también hay una brecha grande entre academia y sociedad civil, y desconfianzas mutuas enormes. En Rimisp nos situamos como un punto intermedio y lo que la sociedad civil valora de nosotros es la capacidad de poner evidencia a sus procesos. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, el valor agregado de una institución como nosotros, en medio de mucha sociedad civil y activismo territorial en apoyo a los defensores y a las organizaciones comunitarias, es que aportamos insumos técnicos a procesos que ellos están llevando a cabo. Por ejemplo, con procesos de ordenamiento territorial, o de plan de manejo comunitario, recursos naturales, y lo otro, salimos de este espacio de defensa y tendemos puentes con actores extraterritoriales, como pueden ser los gobiernos locales, regionales o el nacional, así como con otros actores, como la academia o el sector privado.

Lo primero que hay que hacer para tender estos puentes es superar la desconfianza, porque hay mucha desconfianza de la sociedad civil respecto a la academia, y de la academia hacia el conocimiento más demográfico que tiene la sociedad civil en los territorios. Superando los temas de desconfianza, se pueden valorar las habilidades de cada quien. Cada territorio es único y la sociedad civil efectivamente conoce su territorio.

Tres lecciones aprendidas de Rimisp

Para Ignacia Fernández, existen temas fundamentales para la labor de Rimisp que pueden configurarse como tres grandes lecciones aprendidas. La primera es que, en términos productivos, “lo central es la diversificación en territorios que no viven únicamente de una actividad para lograr que se generen otras dinámicas, como espacios para el turismo, la producción agrícola y empleo por servicios; que la agroindustria que no se coma el territorio en términos de espacio”.

En segundo lugar, y muy ligado a lo anterior, está el tema de las coaliciones y capital social, el cual “es fundamental en términos del fortalecimiento del rol de la comunidad y de integración a dinámicas territoriales más inclusivas”.

Finalmente, se encuentran los temas de carácter institucional, que tienen que ver con políticas públicas y con actores externos al territorio, pero que están relacionadas “con un reconocimiento y una valoración de las dinámicas institucionales intraterritoriales, que muchas veces son muy informales, que tienen que ver con pautas de comportamiento que se deben revertir, como el machismo, pero también con otras más positivas, como el mantenimiento de la identidad y lo que ello implica para la formación de redes de alianzas y de producción”.

Fernández destaca que todas las recomendaciones de política pública de Rimisp están basadas en evidencia; sin embargo, en México la situación actual para desarrollar su trabajo se ha complicado tras la llegada de la nueva administración: “antes teníamos un espacio para trabajar con el gobierno en políticas concretas, diseño de políticas y ahora ese espacio nos ha costado muchísimo tenerlo. Donde más cerca hemos estado es con la Sedatu, con la idea es apoyar el desarrollo de la política agraria en dos líneas: gobernanza territorial, que para nosotros es todo el tema de conflictos territoriales de fondo, y un programa de renovación de las propiedades ejidales con jóvenes rurales, en paralelo a la pensión de adultos mayores”.

El trabajo de una red estratégica como Rimisp en nuestro país promueve procesos de gran relevancia nacional, por ello es fundamental reconocer que, pese a las dificultades, esta organización continúa generando lazos y promoviendo coaliciones que permitan ayudar a fortalecer las capacidades de nuestro territorio y sus poblaciones más vulnerables.

Agradecemos enormemente a la doctora Ignacia Fernández por este interesante diagnóstico y los invitamos a conocer más sobre el valioso trabajo de Rimisp en su página web: rimisp.org

Ignacia Fernández es doctora en Sociología, maestra en Ciencia Política y socióloga. Es especialista en políticas públicas, política social, descentralización y desarrollo territorial y es docente del Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. En Rimisp es investigadora principal desde 2010 y asumió la dirección ejecutiva en 2015.