Arma de doble filo

por Rosaura Galeana Cisneros

En México resulta un importante avance la aprobación por parte del Senado el dictamen favorable para reformar la Constitución y ampliar la prohibición del trabajo infantil de los 14 a los 15 años de edad, ya que por fin se están tomando en cuenta los planteamientos de organismos internacionales como el de la OIT -en cuanto a la “Edad Mínima de Admisión al Empleo” Convenio 138-, así como los de las personas y organizaciones de la sociedad civil que llevan años luchando por la erradicación del trabajo infantil y, sobre todo, por la transformación de las condiciones de pobreza económica que en gran medida lo generan.

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A continuación mencionaré algunas de las implicaciones educativas que están presentes en relación con el trabajo infantil y que tocan fundamentalmente a los adolescentes a partir de los 15 años.

En primer lugar, es importante observar que la mayor población infantil y adolescente que por edad se encuentra fuera del sistema educativo formal es la de 15 a 17 años. De acuerdo con el Censo 2010, se trata de más de 2 millones de adolescentes que se encuentran fuera de la escuela, ya que o no accedieron a ella o desertaron de la misma. Al mismo tiempo, de acuerdo con los datos del Módulo del Trabajo Infantil 2011, el grupo de 14 a 17 años es el que más trabaja (23.89%) entre los NNA. Es decir, que estamos frente a una de las edades en mayor riesgo, tanto de encontrarse fuera de la escuela, como de dedicarse al trabajo. Cabe señalar que estos adolescentes que laboran en trabajos temporales en el campo o en la ciudad, que van y vienen de un trabajo a otro, llegan a ser incluidos dentro de los llamados “Ninis” sin que se profundice en el análisis de los factores que están fomentando el hecho de que no puedan -más que no quieran- estudiar ni trabajar.

El trabajo infantil y adolescente es prácticamente un “arma de doble filo”, ya que, en algunos casos, los niños, las niñas y las y los adolescentes que lo realizan, con el pago que obtienen, llegan a apoyarse en sus estudios con la compra de útiles y otros requerimientos escolares, siempre y cuando los ingresos no se utilicen para sostener a la familia; mientras que, por otro lado, en la medida en que sea mayor el esfuerzo físico y mental que efectúen y más el número de horas en que se encuentren laborando, mayor es el riesgo de abandonar la escuela.

Por otra parte, un año puede significar mucho o poco, según la óptica desde la que se analice, ya que, si bien se retira la posibilidad de que las y los quinceañeras y quinceañeros entren a trabajar en espacios públicos, hay espacios privados o clandestinos que lo seguirán permitiendo, a menos que se realice una impecable inspección laboral por parte de las autoridades.

Existe el peligro de que solo se retrase la realización del trabajo infantil mientras persistan las condiciones de pobreza en las familias de zonas rurales e indígenas o de zonas urbano marginadas, aunada a la falta de escuelas y becas que aseguren suficientemente la posibilidad de acceso y permanencia en la escuela para las y los adolescentes que deseen seguir estudiando y terminar exitosamente sus estudios.

Por lo anterior, además de la prohibición del trabajo a los menores de 15 años, se tendrán que continuar los esfuerzos del gobierno por generar y desarrollar empleos y salarios dignos y suficientes para los padres y madres que eviten que los NNA tengan que trabajar; en lugar de acceder plenamente al goce de sus derechos humanos y, entre ellos, a uno que abre o cierra puertas, como es el derecho a la educación.•

Rosaura Galeana Cisneros Doctora en Investigación Educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN. Actualmente es Coordinadora de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que participan más de 10 organizaciones y personas de la Sociedad Civil, para manifestarse y exigir al gobierno mexicano el efectivo cumplimiento de los derechos garantizados en la constitución mexicana para las y los niños víctimas de explotación laboral y también pretende ser un espacio de referencia ante la problemática de la explotación en personas menores de 18 años de edad que genere conocimiento, movilización social, incidencia en políticas públicas y la articulación con actores que contribuyan al ejercicio de sus derechos.