Hay una confusión constante en la jerga política mexicana: suele hablarse de manera despectiva del “asistencialismo”, confundiéndolo con el paternalismo político o el clientelismo electoral. “No queremos más políticas asistencialistas” -se dice- Lo que es necesario es “verdaderas políticas de desarrollo”. Ese tipo de afirmaciones desconocen que México es uno de los países con una de las tradiciones más relevantes en materia de asistencia social, y que en mayor medida aportó durante décadas, al debate internacional en la materia. Benito Juárez creó, por ejemplo, a la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública, y el General Lázaro Cárdenas creó incluso una Secretaría de la Asistencia Social, antes que la propia Secretaría de Salud.
Escribe: Mario Luis Fuentes
Tal como se define en la Ley de Asistencia Social, se trata de un conjunto de acciones especializadas para la atención de los grupos vulnerables, tendientes a modificar las condiciones estructurales que les impiden el ejercicio de sus derechos, o bien, condiciones igualmente estructurales que les ubican en condiciones de desventaja para valerse por sí mismos.
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Desde esa perspectiva, ante las condiciones históricas de desigualdad y pobreza que existían en México, y que se exacerbaron ante el deficiente manejo de la pandemia, en todos ámbitos de lo social, es urgente recuperar a la asistencia social como uno de los ejes fundamentales de la política de desarrollo del país, entendida en su sentido más amplio.
Es cierto que hay millones de personas quienes, si se modificaran condiciones sistémicas de exclusión y marginación, podrían acceder a procesos virtuosos de desarrollo y superación de la pobreza. Pero también hay grupos de población que requieren de la asistencia, la solidaridad y la ayuda de los demás para subsistir.
Casos para ejemplificar lo anterior hay muchos: desde niñas y niños con discapacidades severas o enfermedades raras que requieren de la atención y cercanía de otras personas para su cuidado; hasta personas adultas mayores que enfrentan enfermedades discapacitantes, como lo son las enfermedades mentales o las crónico-degenerativas que afectan al sistema músculo-esquelético.
Al igual que ha ocurrido con otros organismos, el Sistema Nacional DIF se encuentra desarticulado y sin una estrategia nacional clara. Y lo peor es que no se ha construido nada en su lugar, porque en esta administración se sigue suponiendo que la política social consiste en entregar dinero a las personas, y que en todo caso podrán salir adelante a partir de la recepción de dinero no condicionado.
Pero no es así. Se sabe que no disponemos de una estructura nacional que no sólo promueva la rehabilitación física de las personas, sino que además desarrolle actividades de prevención o que genere nuevas capacidades. Por ejemplo, ante la pandemia, son millones los casos de personas que requieren de rehabilitación pulmonar y respiratoria, y el país no cuenta con la cantidad suficiente de fisioterapeutas para responder a esta enorme demanda. Por lo que incluso si tuviésemos becas de montos más elevados, su efecto sería marginal ante la magnitud y complejidad de los problemas que enfrentamos.
La pobreza asociada a la crisis económica detonada por la pandemia; pero que ahora se agrava por la prolongada inflación, que amenaza con extenderse hasta el 2023; además del crecimiento negativo acumulado del 2019 hasta la fecha, ha arrojado a decenas de miles de niñas y niños a las calles, en enormes condiciones de vulnerabilidad. No es casual que, en ese contexto, se estén dando a conocer más y más casos de abuso, venta y tráfico de menores y su explotación en redes de trata de personas.
El esquema de política social que esta administración decidió instrumentar simplemente no funcionó. A casi cuatro años de su operación es evidente que la idea relativa a que lo social se atiende repartiendo dinero es equívoca.
El gobierno de la República no puede perder más tiempo para dar un giro radical en su política social y recomenzar desde lo más básico: cuidar solidariamente de quienes no tienen techo, comida o la posibilidad, por sí mismos, de satisfacer sus necesidades más básicas; y eso se llama, precisamente, Asistencia Social.
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