Construir un país auténticamente soberano, progresista, garante y defensor de los derechos humanos, con una vocación social permanente debe tener como uno de sus principales pilares a un potente sistema de instituciones de educación superior.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
La generación de riqueza y capacidades de bienestar, así como enfrentar los problemas nacionales, pero también regionales y globales, exige de un vigoroso sector científico, de humanidades y artes, capaz de impulsar y promover todo aquello que nos resulta benéfico y rechazar, señalar y contribuir a corregir aquello que es perjudicial para nuestra sociedad.
México tiene grandes instituciones de educación superior financiadas con el erario público; sólo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México conviven la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, La Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional, La Universidad Autónoma de Chapingo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Colegio de la Frontera Norte y el CIESAS.
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En los estados, por su larga data y magnitud, las entidades más pobladas tienen instituciones muy relevantes: destacan sin duda Veracruz, Guanajuato, Puebla, Nuevo León y Jalisco cuentan con instituciones centenarias; y en otros estados se han impulsado proyectos de corte eminentemente social como la Universidad Antonio Narro en Coahuila, o las Normales Rurales en el país.
En varios estados operan con ejemplaridad y gran calidad educativa espacios como el Colegio Mexiquense, el Colegio de San Luis, El Colegio de Morelos y otras entidades similares; así como centros de investigación como el CINVESTAV; el país cuenta además con una extensa red de Universidades e Institutos Tecnológicos, de los cuales han egresado millones de profesionistas.
Mencionar todo lo anterior es relevante para dimensionar la magnitud de lo que está en juego a partir de esta administración. Porque el debate que viene en el Congreso, en una de sus vertientes más relevantes, se va a centrar en el interés del Ejecutivo Federal de erosionar las autonomías universitarias; y con ello tratar de imponer su visión de la realidad y de lo político.
En un Estado autoritario, es el poder el que define las prioridades de investigación, docencia y difusión. Lo que ya sabemos por experiencia histórica es que, cuando se han impulsado modelos de esa naturaleza, lo que ocurre es una severa crisis y una merma efectiva en la capacidad de generación de saberes, los cuales, por definición, expresan pluralidad de perspectivas de mundo sin descalificar a priori a ninguna de ellas.
Por el contrario, los Estados más democráticos han avanzado hacia modelos donde asumiendo la rectoría del Estado, ni se restringe ni se limita a la diversidad del saber porque se comprende que son las propias comunidades científicas y de pensamiento las que, con base en el rigor del pensamiento y de la creación de conocimiento científico y humanístico, deben resolver sus discusiones, tanto epistemológicas como prácticas.
Tan inaceptable resultan, desde esta perspectiva, ideas como la de Gabino Barreda de imponer al positivismo como la doctrina del régimen porfirista; como la del gran presidente Cárdenas, de una “educación socialista”. Solo estos dos ejemplos permiten ilustrar que la ciencia y la educación no pueden adjetivarse, porque antes que promoverse el crecimiento espiritual del pueblo, lo que en la práctica se lleva a cabo es un peligroso adoctrinamiento y peor aún, el quiebre de la posibilidad de entendernos en la complejidad, diversidad y pluralidad de seres que somos y representamos.
Al respecto, el desmantelamiento del CIDE y lo que ocurre con las llamadas Universidades del Bienestar son una muestra del tamaño del despropósito en que puede incurrirse.
Por eso es urgente que la sociedad mexicana tome conciencia de que en la decisión que habrán de tomar las y los legisladores en los meses por venir, se juega una muy buena parte de las posibilidades de convertirnos en un país de bienestar e inclusión para todos; o dirigirnos peligrosamente hacia el sectarismo y la imposición del pensamiento único como opción de vida.
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Investigador del PUED-UNAM
