por Lorenzo López Barbosa
Las transformaciones actuales que sufre el campo mexicano, derivadas de los impactos negativos de la globalización económica, han generado la necesidad de establecer una seria discusión sobre las alternativas y las políticas que promueven el desarrollo rural sustentable, específicamente ante la dicotomía entre la resistencia y la autonomía de los campesinos del país, sobre todo los de más bajos recursos
Las tendencias observables en la pobreza, el deterioro ambiental, el abandono del campo, así como la pérdida de soberanía alimentaria; el acaparamiento de tierras por parte de empresas agroproductoras tanto nacionales como extranjeras, las actividades mineras, la agroindustria de la exportación, entre otros, forman parte de la problemática cotidiana de los campesinos mexicanos.
Esta compleja situación obliga al desarrollo de estrategias productivas alternas, cuya finalidad sea, entre otras cosas, el fortalecimiento de modelos de desarrollo campesino más ligados al manejo de los agroecosistemas y a la aplicación de tecnología y capacidades locales y uso mínimo de insumos externos, lo cual permita el desarrollo de estrategias de autonomía.
Por otra parte, los movimientos sociales, la exclusión, la marginación y la falta de apoyos promueven la resistencia de los grupos campesinos como alternativa viable para la subsistencia y para emprender estrategias alternativas al modelo de desarrollo agropecuario, sustentado en la agroexportación y el uso intensivo de tecnologías.
Los impactos negativos del modelo económico neoliberal han afectado la dinámica agraria de los campesinos y han traído como consecuencia no solo un cambio profundo en los patrones de producción, comercialización y consumo, sino también grandes costos sociales y ambientales; frente a ello, muchas localidades y organizaciones campesinas han desarrollado un sinnúmero de estrategias alternativas enfocadas a un modelo diferente de vida.
Estas estrategias han permitido entre otras cosas, la integración de pequeños y medianos productores, tanto hombres como mujeres, a un sinnúmero de actividades que requieren de un enfoque diferente al modelo convencional en aspectos de desarrollo rural, pues además de generar mecanismos de resistencia y lucha por sus recursos naturales, conforman programas educativos y de capacitación, rescatan el conocimiento local, y forjan proyectos productivos agropecuarios capaces de generar alimentos, utilizando de manera adecuada y con respeto a sus recursos naturales.
La producción rural en el espacio latinoamericano tiene como característica general la coexistencia de dos formas de producción polarizadas: el sector agroexportador sustentado en prácticas de agricultura industrial, orientada al mercado y bajo la lógica de producción capitalista; y por otra, la de una agricultura campesina, arraigada a la tierra, con valores, saberes y cosmovisiones diversas y complejas.
Las fuerzas globales y locales están entretejidas en y a través de espacios de producción, cada uno de los cuales se debe entender como un campo de batalla cuando se unen a través de las relaciones internas y mutuamente forman y moldean la otra. Una no puede ser entendida sin la otra.
Los campesinos no sólo están sujetos a la dependencia, la privación y la marginación, también están resistiendo y luchando contra ellos a través de la creación de su propia autonomía. Esta se produce a través de la creación multidimensional y multinivel y el desarrollo de un conjunto auto-regulado de los recursos; también se produce a menudo a través de la creación colectiva de formas de autonomía en niveles superiores de agregación. Es precisamente esta autonomía construida la que permite la introducción de alteraciones, innovaciones y nuevas interrelaciones; es decir la introducción de una amplia gama de nuevas respuestas en los espacios de producción.
Las economías campesinas, junto con muchas de las economías informales de carácter urbano, se modelan a partir de recursos naturales escasos (tierra, agua, animales, madera, combustible, etcétera), y con un carácter no mercantil; por lo tanto, hay una fuerte tendencia a conservarlos y protegerlos.
Está temática está lejos de ser irrelevante en un mundo que se caracteriza, por un lado, por los problemas de insostenibilidad muy graves y, por el otro, por millones de personas cuyo destino no puede ser pensado en términos de resistencia.
Los aspectos que se confrontan y se quieren resolver como la superación de la opresión; la pobreza; el despojo; el mejoramiento productivo; el desarrollo tecnológico; la incorporación de la participación campesina; y la recuperación de la tierra, entre otros, aunque deben de articularse desde las bases sociales, es imposible consolidarlos si las organizaciones trabajan aisladas del contexto institucional, pues estos esfuerzos requieren de un tejido de apoyo tanto de profesionales como de esfuerzos de las instancias gubernamentales, sin minimizar los cambios en la manera de desarrollar políticas al campo por parte de estas.
Como parte de este tema, es necesario hacer una discusión sobre la pregunta obligada: ¿todas las instituciones, tanto académicas como gubernamentales, del país han hecho lo que les corresponde para responder a las justas exigencias de los cientos de miles de productores campesinos excluidos del modelo de desarrollo neoliberal? Creo que no, por eso es que en este texto sugerimos que vale la pena detenerse para repensar la dirección que se deben de llevar los esfuerzos de los diversos actores gubernamentales e institucionales involucrados en el desarrollo rural sustentable.
En las estrategias de diferente orden que aquí se muestran existen marcadas evidencias de las carencias de verdaderos esfuerzos por parte de las instancias gubernamentales para dar respuesta a las demandas sociales de los grupos que persiguen no solo un modelo y esquema de vida diferentes, sino del respeto por sus tierras y su propia sobrevivencia.
Para finalizar es importante señalar que ante la crisis actual y el sometimiento brutal del campo mexicano es necesario e indispensable transitar de un modelo de agroproducción meramente industrial y de políticas que excluyen definitivamente a los campesinos de bajos recursos a un modelo que recupere la autonomía e identidad campesina donde ese tránsito lleve consigo una serie de luchas por la defensa de esa autonomía y cuyo corazón se centre en la defensa de la tierra, de las familias campesinas y de los recursos naturales.
Debemos reconocer que los sistemas alimentarios tradicionales y modernos coexisten y evolucionan a medida que las economías crecen y la urbanización aumenta; también que tenemos un grave problema alimentario que enfrentar de manera proactiva, creativa y responsable, tanto con el medio ambiente como con la cultura que subyace en la compleja sociedad rural como el impostergable combate a la pobreza.
De igual manera, no debemos olvidar que en última instancia, los consumidores determinan lo que comen y, por lo tanto, lo que el sistema alimentario produce. Los sistemas alimentarios abarcan a todas las personas, instituciones y procesos mediante los cuales se producen, elaboran y llevan hasta el consumidor los productos agrícolas. También incluyen a los funcionarios públicos, las organizaciones de la sociedad civil, los investigadores y los profesionales del desarrollo que formulan las políticas, reglamentos, programas y proyectos que conforman el complejo mundo de la alimentación y la agricultura.
Mantener el ritmo del crecimiento de la productividad agrícola seguirá siendo crucial en las próximas décadas, ya que se estima que la producción de alimentos básicos (de primera necesidad) deberá aumentar un 60% para satisfacer el crecimiento de la demanda esperado. Se ha reconocido que las intervenciones en la agricultura son en general más eficaces cuando se combinan con educación y se aplican tomando en consideración los papeles asignados en función del género.
El sector alimentario demanda una mejor gobernanza, que sólo puede ser facilitada con el apoyo político a través de políticas acertadas, donde los sistemas alimentarios en todos los niveles contribuyan a construir una visión común, y se promueva una coordinación y colaboración efectiva a través de medidas multisectoriales y no sólo en términos de resistencia.•
