En esta crisis de la pandemia ha quedado más claro que el bienestar depende en gran medida de los cuidados que prestamos o nos prestan familiares, especialistas, instituciones u organizaciones. Urge conformar un sistema para proveer el cuidado, sobre todo a las personas más vulnerables, y deberíamos avanzarlo ya en el presupuesto federal del próximo año.
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El confinamiento en la primavera y el verano de 2020, el cierre de las escuelas, guarderías, centros de atención para las personas mayores, el trabajo a distancia, y, en general, la necesidad de pasar más tiempo en los espacios privados, hizo más visible el papel vital que tienen las actividades de apoyo para la alimentación, higiene, movilidad, educación, protección de la salud y otras, sobre todo para quienes requieren apoyo cotidiano por alguna limitación de su autonomía.
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Son tareas que prestan sobre todo las mujeres, y lo hacen sin remuneración, y, peor aún, sin reconocimiento social. Lo hacen a costa o además del tiempo para trabajar y educarse, y muchas veces truncando sus oficios o carreras profesionales, o interrumpiéndolas y generando una desventaja frente a los hombres, de la que a veces ya no se recuperan a lo largo de la vida.
Se trata antes que nada de una injusticia y de una afectación de los derechos de las mujeres, y también de una desventaja económica para ellas y para toda la sociedad. Su trabajo no pagado equivale a casi el 23 por ciento del Producto Interno Bruto, informa el INEGI La recuperación económica no está siendo pareja con las mujeres, que no han regresado al trabajo al mismo ritmo que se reanima el empleo.
La creación de un sistema de cuidados es uno de los frentes más promisorios para avanzar en la política social. Lo era ya antes de la pandemia y ahora es más relevante que antes, no solo para asegurar una mejor atención a quienes dependen del cuidado que otros les otorgan (mayores de edad con limitaciones, niñas y niños, personas discapacitadas o quienes tienen enfermedades temporales, sobre todo) sino también para favorecer a quienes más cuidan, que son mujeres, e impedir que caigan en la pobreza o sigan en ella.
Los servicios organizados de cuidados formarían parte de un auténtico sistema de bienestar, pero pueden crearse o fortalecerse desde ahora, como parte de un avance progresivo pero decidido hacia ese sistema de bienestar. El Programa Económico para 2022 habla de ello, lo que es una buena noticia, e incluye los cuidados como una de las fuentes de desarrollo en el mediano plazo, en tanto favorecerían la mayor participación laboral femenina.
Los nuevos Criterios Generales de Política Económica, que son el marco de la propuesta presupuestal para el año entrante, informan que la Secretaría de Hacienda y otras dependencias están trabajando en la armonización de criterios para servicios de cuidados con dos características: inclusión y eficiencia. Hasta aquí la buena noticia, porque el proyecto presupuestal no da pasos adelante para articular unos servicios de cuidado eficientes e incluyentes.
Hay que partir de lo que tenemos, sin duda, pero no hay que posponer la tarea. Aunque falta trabajar más en su análisis y planeación, hay suficiente conocimiento para identificar los programas que deben fortalecerse, los criterios de aplicación, las poblaciones objetivo, los montos presupuestales requeridos, los horizontes de aplicación progresiva de los servicios, entre otros aspectos. Varias instituciones públicas y organizaciones sociales han trabajado en ello.
El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que coordinó el exdiputado Alfonso Ramírez Cuéllar, incluyó los servicios de cuidado como una de las más altas prioridades de gasto público para los próximos años, y así se consigna en el documento Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad, que recibió la nueva Legislatura. Ahí hay elementos muy valiosos para abordar más a fondo el tema.
No solo hacen falta más recursos en los programas, se requieren nuevos criterios de aplicación, para conseguir que los espacios de atención temprana y educación inicial, las estancias infantiles, los centros de día para personas mayores, los apoyos para las madres que trabajan, entre otros, se extiendan a las familias que no tienen protección de las instituciones de seguridad social, que lleguen a la población no asegurada.
Las estimaciones del presupuesto requerido variarán según el alcance de lo que se busque. Hay actualmente programas con alrededor de 27 mil millones de pesos ya funcionando, que son un punto de partida, pero que atienden mayoritariamente a afiliados del IMSS, del ISSSTE y de otras instituciones. Se requiere mucho más, con una mejor orientación. Esos programas, por cierto, tienen prevista para 2022 un presupuesto menor al que tenían hace cinco años.
Si, como dice la Secretaría de Hacienda, los servicios de cuidado son una fuente de desarrollo y bienestar para México, hay que considerarlos mejor en el presupuesto. Una sugerencia sencilla pero viable: que se incluya en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación un mandato para que en 2022 se formalice un sistema de servicios de cuidado. Lo ideal sería que para el diseño se convocara a organizaciones que saben del tema. Se puede partir de la integración de los actuales programas, que pueden ser la semilla del sistema, y con un proceso calendarizado para echarlo a andar. Lo merecen sobre todo las mujeres, que tanto tiempo, esfuerzo y vida dedican a cuidar a otras personas.
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