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Desde que se creó la “Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa”, por medio del decreto publicado el diciembre 3 de 2018, llamaba la atención los señalamientos de algunos funcionarios del actual Gobierno federal hacia los de la anterior administración, que estuvieron involucrados de cerca en el caso. Buscaban a quien culpar y lo encontraron.
Escrito por: Ruth Zavaleta Salgado
El informe sobre los 43 desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, (popularmente conocida como “Ayotzinapa”), dado a conocer por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el 19 de agosto, y, la inmediata y endeble detención del exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam, el 20 de agosto, es la evidencia de que el gobierno federal, más allá de procurar justicia, intentó construir su propia narrativa de los hechos para no perder credibilidad de los dolientes y para legitimar su posición frente a la administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, para quien, la desaparición de los normalistas en el 2014, significó el principio de la derrota política de su sexenio.
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Incluso, para algunos politólogos, el 26 y 27 de septiembre de 2014, fue el quiebre de la gobernanza de la administración de Enrique Peña Nieto, no solo por el hecho en sí, sino por el fracaso de la respuesta, por ejemplo, a pesar de que, el 5 de diciembre de 2014, el entonces presidente de la República, acudió a Guerrero y señaló: “El gobierno de la República, junto con el gobierno del estado, estamos en estrecha coordinación para que realmente superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno…”, durante las investigaciones, quedó clara la total descoordinación entre los cuerpos de seguridad, el ejército y los diferentes órdenes de gobierno.
También, como parte del control de daños ante la pérdida de confianza y cuestionamientos internacionales, el 24 de septiembre de 2015, el ex presidente se reunió con los padres de los normalistas desaparecidos y afirmó: “En la reunión les expresé que estamos del mismo lado, que queremos lo mismo: saber qué pasó con cada uno de sus hijos y que haya justicia”, pero ya era tarde, había quedado demostrado la falta de sensibilidad con las víctimas y sus familiares.
Por otro lado, en la construcción de la opinión pública, su equipo no fue capaz de revertir -mediáticamente- la percepción de que fue un crimen de Estado desde el ámbito federal y no local como sucedió. Y, finalmente, la PGR no logró crear una narrativa creíble sobre las conclusiones del caso (conocidas como la “la verdad histórica”), que el 27 de enero de 2015, presentaron el entonces Procurador, Jesús Murillo Karam, y el Jefe de la agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio (vinculado a proceso y con orden de aprehensión), ni siquiera a pesar de que, esas conclusiones, tomaron en cuenta las aportaciones de los trabajos que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), integrado por: Alejandro Valencia (Colombia), Ángela María Buitrago (Colombia), Carlos Martín Beristain, médico (España). Francisco Cox (Chile) y, Claudia Paz y Paz (Guatemala); creado el 18 de noviembre de 2014, mediante el acuerdo firmado entre el gobierno de la República y la CIDH, para dar seguimiento a los hechos.
Tampoco sirvió que, el 17 de septiembre de 2017, se emitió un comunicado por las secretarias de Relaciones Exteriores, Gobernación y la PGR donde señalaron que los trabajos de investigación realizados, derivaron en que hubiera 120 personas bajo proceso judicial, 71 de ellas, acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes. Cabe aclarar que durante las investigaciones hubo 142 detenidos de los cuales, 77 fueron liberados, entre ellos, Felipe Rodríguez Salgado, en septiembre de 2018, y un año después, en el mismo mes, Gildardo López Astudillo, “El Gil”. No fueron los únicos liberados por lo que, al Gobierno actual, le urgía desmantelar “la verdad histórica”, incluso, a decir del Fiscal actual, Alejandro Gertz Manero: “…Eso fue lo que dije, por una razón muy fácil de entender, porque todas las personas que fueron acusadas, judicializadas y procesadas en ese expediente de esa averiguación previa han sido puestas en libertad por todas las irregularidades y abuso que se cometieron, prácticamente todas las que han apelado a esa parte han sido liberado”.
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Después de más de tres años, a pesar de las expectativas, decepcionantemente, el informe presentado, confirma la conclusión del informe de “la verdad histórica” del exprocurador, es decir, que los jóvenes fueron víctimas fatales de los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre del 2014, en donde participaron tanto policías municipales de Iguala, como integrantes de grupos criminales.
Por otra parte, si bien es cierto, el informe concluye que, éste fue un “crimen de Estado”, eso ya lo habían expresado algunos estudiosos del tema, toda vez que, con base a la información difundida sobre las declaraciones de los presuntos implicados, se sabe que, quien dio la orden para acabar con su vida, fue el propio Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien fue detenido junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, el 5 de noviembre de 2014, y aún se encuentran presos, a diferencia de otros presuntos responsables que fueron liberados a principios de este sexenio.
Lamentablemente para los padres de familia, el gobierno actual generó cierta esperanza sobre que se podrían encontrar a sus hijos desaparecidos y, al no poder hacerlo, este informe pretende ser el cierre del compromiso que el presidente López Obrador hizo con ellos, pero la herida seguirá ahí, en el corazón de padres y en el dolor colectivo que produjo a los mexicanos tan abominable crimen. Ya veremos cómo responden los padres de familia ante esta farsa en la que, en lugar de detener a los verdaderos criminales, ahora el chivo expiatorio es el exprocurador, Jesús Murillo Karam, a quien, por increíble que parezca, se le acusa de desaparición forzada, tortura y obstrucción en la administración de justicia.
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