Antier me enteré con horror del artero ataque de la Guardia Nacional (GN) en contra de estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG), en la hacienda de El Copal, en Irapuato, donde se ubica la sede de la División de Ciencias de la Vida. El suceso desembocó en una barbarie nacional dando como resultado el asesinato de Ángel Rangel, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Agronomía, junto con una compañera suya herida de gravedad.
Escrito por: Luis Miguel Rionda
Lo poco que se ha sabido por la prensa local es que los chicos celebraban algo en una “barda” de fiestas en la comunidad El Copal, una localidad cargada de espíritu universitario y juvenil, pues muchos estudiantes se hospedan en la vecindad de las instalaciones de su división académica. Con toda seguridad la fiesta se armó por el gusto de retornar de vacaciones de Semana Santa y Pascua, y por recuperar al fin la presencialidad plena.
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Ángel formaba parte de esa generación que, desde su ingreso a la universidad en agosto de 2020, no había experimentado aún la vivencia de asistir a clases en compañía de sus camaradas estudiantes. La UG declaró el regreso pleno a la presencialidad apenas el 15 de marzo pasado. Había pues, motivos para festejar.
La GN es una corporación “civil” de reciente y accidentada creación. Mucho se ha debatido sobre su concepción original —civil y policiaca— expresada en su ley (t.ly/n0Hn), y su actual derivación real hacia un arma más de las fuerzas armadas del país. Esto es tan evidente, que la presidencia de la república ha anunciado que pronto presentará una iniciativa de reforma constitucional para formalizar la militarización plena de la GN (t.ly/4ciS).
Hay un mundo de diferencia entre un cuerpo de seguridad pública y otro de seguridad nacional. El primero debe proveer por la armonía del conjunto social con labores preventivas, educativas y de contención regulada de la violencia social. Los derechos humanos son su estrella polar, el sino de su existencia. El segundo cuerpo tiene su vocación orientada hacia la defensa nacional, y para ello buscará siempre el triunfo de sus armas sobre las amenazas externas e internas a la integridad y permanencia de la patria. Los derechos humanos son secundarios; por ello ante cualquier amenaza de guerra o subversión se recurre de inmediato a la suspensión de las garantías individuales. Es el recurso extremo ante amenazas extremas.
En el caso de El Copal, me parece claro que la GN se excedió en su función de vigilar y prevenir. Ante una aparente desobediencia a la indicación de detenerse por parte de un vehículo “sospechoso” —una pick up en que transitaban los chicos— los soldados respondieron con fuego de sus armas de asalto. No se atuvieron a los protocolos policiales de actuación establecidos —no son policías—, ni optaron por el gradualismo en sus medidas de apremio, como podría ser disparar al aire o a las llantas. No: se disparó al cuerpo, a matar.
Como profesor universitario desde hace 35 años, expreso aquí mi enfado y profundo rechazo a esta brutal —perpetrada por brutos—, irracional y abusiva acción por parte de una corporación que se ha caracterizado por evadir el combate a los delincuentes organizados que desangran al país, pero que sin embargo consuman abusos contra civiles inocentes y desarmados, como nuestros chicos. Los enemigos de la patria están bien parapetados y pertrechados en rincones bien conocidos por la sociedad, y actúan a la luz del día, como se constató en el poblado de Aldama, también en Irapuato, apenas en febrero pasado. A esos no se les molesta con retenes ni revisiones. Algo se pudre en Dinamarca…
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(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León, Departamento de Estudios Sociales. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/ – https://rionda.blogspot.com/
