El fin del pasado periodo legislativo y las vacaciones de diciembre significaron una pequeña tregua para el Instituto Nacional Electoral (INE), pero de ninguna manera fue el fin de la guerra presidencial contra la Institución garante de la democracia. En esta semana comienza una nueva batalla.
Escrito por: Ruth Zavaleta Salgado
Después del fallido intento de realizar una reforma constitucional en materia electoral por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el partido de Morena y los partidos aliados del Trabajo y del Verde Ecologista, todo parecía indicar que, en el mes de diciembre, quedaría aprobado el llamado “Plan B” para modificar las atribuciones y organización del Instituto Nacional Electoral (INE). Al no tener mayoría calificada para reformar la Constitución, el Plan B presidencial consiste en modificar varios artículos de las siguientes leyes secundarias: General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), General de Partidos Políticos (LGPP), Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), General de Comunicación Social y la General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP); también, la derogación y posterior promulgación de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME).
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No obstante la rapidez con la que los legisladores realizaron la presentación y aprobación de cientos de reformas, el proceso legislativo quedó inconcluso porque la Cámara de origen (de Diputados), decidió hacer cambios a los realizados en la minuta de la Cámara revisora (de Senadores), y cuando terminaron de votar, el Senado ya había declarado el cierre del periodo ordinario. De esta forma, el 15 de diciembre, la cámara baja, con 269 votos de la fracción de Morena y sus aliados, aprobó el “Plan B”, pero, el 20 de diciembre solo fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una parcialidad de las reformas a algunos pocos artículos de la LGIPE y la LGMIME.
En ese contexto, se espera que, a partir del 1° de febrero, que inicia el periodo ordinario de la actual legislatura del Congreso de la Unión, uno de los temas prioritarios de su Agenda Legislativa, sea concluir el proceso legislativo para aprobar el “Plan B”. ¿cuál fue la modificación que hizo el Senado y cambiaron los Diputados? El tercer párrafo del apartado 2 del artículo 12, cuya redacción mandataba que los Partidos Políticos podrían postular candidatos bajo la figura de Candidatura Común y aparecer en un solo recuadro para su votación, posteriormente, con previo acuerdo, se repartirían los votos. Los beneficiados de esta reforma, serían, principalmente, los partidos emergentes.
Esta modificación hecha por la Cámara revisora, no le gustó al Presidente de la República, por lo que las fracciones parlamentarias de Morena y sus aliados, tuvieron que modificar la minuta y con ello, paradójicamente, frenaron el proceso legislativo de un conjunto de reformas que han sido marcadas como prioritarias para la cuarta T y, además, dieron tiempo para que se pudiera estudiar, a fondo, el impacto de todas y cada una de las modificaciones.
Es así como, de la lectura de las reformas aprobadas por la mayoría legislativa, varios estudiosos del tema electoral, principalmente los consejeros electorales, concluyeron que son inconstitucionales y representan un nuevo intento por someter al INE. Como resultado de estos análisis, por una parte, se preparan los recursos legales para combatir las reformas una vez que sean aprobadas y publicadas, y, por otro lado, al mismo tiempo, diversas organizaciones civiles han convocado a realizar una concentración masiva el 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México, para denunciar los ataques contra el árbitro electoral y, por ende, contra la democracia. ¿Que se espera lograr con estas acciones? En primer lugar, con los recursos de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), intervenga en su papel de garante de la Constitución; y, con la convocatoria de las organizaciones civiles, se espera que un mayor número de ciudadanos y ciudadanas se sumen a la lucha por la defensa del INE.
Por supuesto que las dos apuestas son temerarias. En el primer caso, ya vivimos la experiencia de la reforma eléctrica, en donde 4 votos de Ministros y Ministras, fueron suficientes para no declarar la inconstitucionalidad. También es temeraria la convocatoria de la concentración masiva en el corazón de la Ciudad, aún más cuando, el presidente López Obrador, todas las mañanas, se burla y la descalifica de forma maniqueísta (por ejemplo, dice que se está convocando para defender al exsecretario Genaro García Luna, lo que es una total mentira), sin embargo, después de la movilización espontanea del 13 de noviembre del 2022, bajo la consigna “El INE no se toca”, y ante las acciones ilegales de “las corcholatas” para promoverse ilegalmente, antes de los tiempos electorales, hace pensar que el descontento ciudadano ha crecido.
Cabe mencionar que, aun cuando todavía no se dimensiona, en su magnitud, el impacto del Plan B contra el régimen democrático, los que comenzarán a sufrir las consecuencias (si estas reformas no se declaran inconstitucionales), son las y los trabajadores del INE, principalmente los de carrera, toda vez que, las reformas significan el recorte de la gran mayoría de ellos y ellas, no solo los de nivel federal, sino, principalmente, los del ámbito local.
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