por José Ascención Moreno Mena
Para tener una mejor comprensión de lo que sucede en la realidad de la violencia contra los migrantes, tomamos prestados algunos conceptos de Johan Galtung que nos presenta el profesor David Spener de la Universidad de Trinity. Según este autor, se puede presentar violencia directa o personal cuando un actor individual o un conjunto de actores identificables (autoridad gubernamental o delincuentes) cometen directamente actos de violencia contra un migrante o conjunto de migrantes.
Pero también hay violencia estructural, en la que no hay un perpetrador visible, y es más bien llevada a cabo por la organización social que desde sus estructuras fomenta la desigualdad social. Aquí también cabe la violencia institucional provocada por los propios gobiernos de Estados Unidos y México, que tiene relación con las políticas públicas que ejecutan ambos gobiernos para contener y administrar los flujos migratorios.
Un tercer tipo puede ser catalogado como violencia cultural, cuando algunos aspectos de la cultura, llámese religión, ideología, lenguaje o ciencias pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia, en este caso contra la población migrante.
Así podemos entender que la violencia contra los migrantes no es sólo de los delincuentes aislados o de las bandas organizadas, del ejército o de agentes de migración y policías locales, sino que también proviene de las condiciones económicas, sociales y culturales que impiden el acceso a los medios para solventar las mínimas necesidades de subsistencia de una gran población del país y de la región. La falta de oportunidades propicia la desigualdad social y llevan al éxodo de la población.
Desafortunadamente, esa situación está sustentada en una ideología que opera como violencia cultural para legitimar las desigualdades existentes, como lo sostiene Spener, y justifica que las desigualdades entre México y Estados Unidos requieran de una política de administración y vigilancia de los flujos migratorios. De esta forma, el aparato de control de inmigración y de las fronteras por parte del gobierno estadunidense y la omisión del Estado mexicano por proteger a sus connacionales forman parte de la violencia estructural que se impone a los migrantes.
El calvario
Los migrantes centroamericanos que llegan a los estados fronterizos del sur de México con destino hacia Estados Unidos pasan por un verdadero infierno, especialmente los de origen centroamericano. Comienzan su penar al cruzar el Río Suchiate, la región del Soconusco, Tapachula o las selváticas zonas de Chiapas, donde son detenidos por los militares apostados en la zona sin que estos tengan ninguna autoridad para ello. Las desoladas brechas que utilizan algunos migrantes para evadir la vigilancia se tornan un verdadero peligro, especialmente para las mujeres. Según Amnistía Internacional, seis de cada diez mujeres son violadas en el trayecto.
Luego, al treparse a la inefable máquina, que todos conocen como “la bestia”, son asaltados por bandas delictivas que controlan esas rutas en complicidad con distintas autoridades de las localidades.
En su tránsito por el país se encuentran con los militares, las autoridades de migración, las policías locales y, lo que es peor, con las bandas del crimen organizado, quienes se aprovechan de su vulnerabilidad de indocumentados.
La mayoría de las veces gozan de la solidaridad de los pobladores, quienes, como ellos, son pobres, y de las organizaciones caritativas de corte religioso que se encuentran en su camino. Pero en otras ocasiones enfrentan el rostro bárbaro del racismo, a veces instigados por las propias autoridades locales, como fue el caso de Lechería en el Estado de México, o como sucede actualmente en algunos poblados de Coahuila.
Los migrantes que parten de los estados tradicionales y los de nueva incorporación a la diáspora mexicana también se enfrentan a un vía crucis. Obligados a emigrar por motivos económicos, reunificación familiar o recientemente por la crisis de inseguridad que se vive en algunas entidades como Michoacán, Guerrero y Veracruz, de pronto se ven asaltados, vejados y secuestrados en el trayecto hacia la frontera.
Finalmente, un tercer grupo de migrantes, los que son deportados y expulsados por distintos motivos de Estados Unidos a nuestro país, quienes, según datos de Immigration Customs Enforcement, (ice) para el año fiscal 2012 ascendieron a 320,000, mientras que en el primer semestre de 2013, según la Unidad de Política de Migratoria de la Secretaría de Gobernación, llegaron a los 189,493. Ellos también viven un calvario: la incertidumbre de haber dejado en territorio estadunidense familia y bienes y no saber si van a poder retornar en el futuro.
En la frontera norte de México estos tres grupos convergen con similares necesidades en un espacio que se torna hostil. Ahora se encuentran atrapados en un terreno fangoso plagado de depredadores humanos, como las organizaciones criminales en nuestro país “polleros, narcotraficantes y bajadores de migrantes” que pretenden extorsionarlos, secuestrarlos y hasta asesinarlos como ha sido el caso de la masacre de 72 personas en agosto 2010 y el descubrimiento posterior de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. A estos grupos delincuenciales se agregan las policías locales que se aprovechan de su vulnerabilidad y que la mayoría de las veces actúan en complicidad con las bandas de facinerosos. Pero, lo que es peor, nuevos actores se suman al desprecio de los migrantes, nos referimos a las autoridades policiacas de los municipios fronterizos que estigmatizan como “delincuentes” a las personas que llegan de otras partes.
Entre dos fuegos
Por otro lado, en la frontera norte los migrantes de distintos perfiles se encuentran con el muro virtual y físico que se ha venido construyendo a partir de la famosa operación de control migratorio “operación guardián”, iniciada en la primera mitad de la década de los noventa en el gobierno de Clinton y extendida con la política de securitización de los presidentes que le precedieron, motivados por los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Esta nueva visión que se impuso en los gobiernos estadunidenses, pone a la migración junto con el terrorismo y el narcotráfico como asuntos de seguridad nacional.
De esta manera, la frontera norte, ese espacio construido, que el profesor David Spener ha denominado “Apartheid global”, porque funciona como un espacio de segregación entre el mundo desarrollado y los miserables del sur, ahora tiene distintos actores persecutorios de los migrantes indocumentados como “la migra” o border patrol, los agentes de Immigration Customs Enforcement, (ICE), Custom and Border Protection (CBP), el Sherif de los condados, Highway Patrol (CHP) y los cazadores de migrantes. Pero ellos son solo el instrumento de una política de control migratorio que señala a las personas migrantes como una amenaza a la seguridad nacional, aunque se compruebe que no lo son, pero que, por otra parte, los utiliza como mano de obra barata cuando la economía estadunidense está en auge.
La política antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos ha traído más de 5,800 muertes de migrantes en el intento por cruzar desde que comenzó la “operación guardián” hasta la actualidad, así como 38 migrantes asesinados por la Patrulla Fronteriza en el periodo de 2000 hasta abril de 2012, según cita el Segundo Informe del Programa de Defensa e Incidencia Binacional, “Violaciones a derechos humanos de personas migrantes mexicanas detenidas en los Estados Unidos 2011–2012”.
El mismo PDIB señala que el hostigamiento y la violencia de la Patrulla Fronteriza contra los migrantes indocumentados continúan durante el proceso de la detención, la internación y la deportación. Violaciones al debido proceso; condiciones infrahumanas en los centros de detención; separación familiar; retención de pertenencias; obligatoriedad de firmar supuestas salidas voluntarias; deportación de personas con problemas de salud mental; en fin, violencia que justifica el gobierno estadunidense en aras de preservar la seguridad nacional.
Esta política institucional también es culpable del cambio de perfil de las personas deportadas por el gobierno de Estados Unidos, identificado tanto por los académicos como por las organizaciones civiles. De migrantes de reciente internación ha cambiado a una población migrante que tenía su residencia de uno a varios años en la unión americana antes de ser expulsados.
La violencia estructural contra los migrantes en México también se manifiesta por la estrategia de guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que inició el anterior presidente Felipe Calderón, y que no ha cambiado mucho con el actual gobierno. El modelo militarista y la visión securitizante que siguió el gobierno federal, influido por su vecino del norte, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico generó que las regiones por las que transitaban regularmente las personas migrantes se encontraran en estado de extrema violencia e inseguridad. Entonces, los migrantes quedaron entre dos fuegos, por un lado, frente a las violaciones a los derechos humanos de la Patrulla Fronteriza, policías locales y el Ejército Mexicano y, por otro lado, frente al crimen organizado, que vio en los migrantes una preciada mercancía.
La estrategia del entonces presidente Calderón no consideró medidas de protección a los migrantes y el marco normativo para regular la migración llegó muy tarde, hasta la fecha apenas comienza a operarse. Por esa omisión el Estado mexicano puede tener cierto grado de responsabilidad de las muertes de migrantes en territorio nacional.
Criminalización de los migrantes
Otro tipo de violencia contra las personas migrantes y que involucra a las comunidades fronterizas es la criminalización que se está haciendo en los discursos oficiales de las autoridades locales. Desgraciadamente la intensificación de las deportaciones de migrantes que ya tenían años radicando en Estados Unidos derivó en una asociación desfavorable de la migración con la delincuencia y la inseguridad pública. Fue un elemento que, sin duda, intensificó las expresiones de desconfianza y la criminalización hacia los migrantes por parte de distintos actores, sobre todo en los estados del norte de México.
Aquellos migrantes devueltos de Estados Unidos, producto de detenciones de los programas Criminal Alien Program (CAP) Programa 287(g), así como del Programa de Comunidades Seguras, son estigmatizados como criminales porque así los catalogan las autoridades estadounidenses, aunque hayan sido detenidos por una infracción de tránsito no pagada en su momento, o por no portar los documentos que los acreditaran como residentes legales en Estados Unidos.
Desafortunadamente la ignorancia y la incapacidad por resolver el incremento de la incidencia delictiva ha llevado a distintas autoridades municipales en los estados fronterizos a responsabilizar a la población migrante de los males que aquejan a sus ciudades, como ocurre con las declaraciones revanchistas y antiinmigrante vertidas a los medios de comunicación por presidentes municipales y encargados de la seguridad en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Saltillo durante todo 2012.
Esas expresiones, que pueden catalogarse como discriminatorias, xenofóbicas y falta de solidaridad, y que provienen de autoridades, han traído sentimientos encontrados en algunas poblaciones fronterizas de Coahuila, Tamaulipas y Baja California, lo que ha provocado que ahora sean vistos los migrantes, por algún sector de las comunidades locales, como un problema que hay que erradicar.
Al respecto, vale la pena mencionar lo sostenido por la organización civil bajacaliforniana, Coalición Pro Defensa del Migrante, en su boletín del 17 de mayo de 2012, acerca de que los discursos de ese tipo provenientes de las autoridades resultan graves porque “fomentan el revanchismo contra los migrantes, la xenofobia y se tiende a culpar a los migrantes repatriados de los delitos que se cometen en las ciudades. Eso es peligroso porque rompe con los valores de la solidaridad y la población puede ver a los que llegan como un riesgo”.
Parece que la situación de violencia contra los migrantes tenderá a empeorar si se aprueba la iniciativa de reforma migratoria, tal y como fue votada en el Senado, puesto que los controles en la frontera norte se agudizaran aún más. Lo anterior traerá grandes retos al nuevo gobierno mexicano, como el de modificar las condiciones que propician el éxodo de la población y construir una política migratoria integral de Estado que garantice los derechos humanos de las personas migrantes, ¿será capaz de hacerlo?•
