“Si seguimos a este ritmo, nos va a tomar 200 años eliminar la brecha de género”, advirtió Åsa Regnér, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, durante la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en enero de este año.
En dicha conferencia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hizo un llamado a priorizar las políticas de igualdad de género y autonomía de las mujeres en el actual contexto regional, caracterizado por la desaceleración económica.
De acuerdo con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, es necesario transformar los privilegios. Bárcena subrayó que “las desigualdades de género continúan siendo un rasgo estructural de la región y tienen determinantes en los ámbitos macroeconómico, productivo, institucional y sociocultural”.
Según la Cepal, la tasa de participación laboral de las mujeres en América Latina se ha estancado en alrededor de 50%, en contraste los hombres, que es de 74.4%. Esto significa que “la mitad de las mujeres de la región no tiene un vínculo con el mercado laboral”.
Además, las mujeres obtienen un menor ingreso que su contraparte masculina por su trabajo, y esta brecha salarial se incrementa en las mujeres con más años de estudio.
En cuanto a la participación política de las mujeres, aunque ha incrementado en las últimas décadas, ellas ocupan únicamente el 31% (en promedio) de los escaños en la región.
En este contexto, aunque se reconoce que los países de la región han tenido avances en la adopción de marcos normativos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, los problemas como la violencia persisten. Para 2018, alrededor de 3,800 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe.
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