La suma es dantesca. La cifra oficial de personas desaparecidas en México de 2006 a 2019 es de 61 mil 637, con carpeta de investigación iniciada a partir de denuncias presentadas
Por Judith Coronel / @judithcoronelm
El dato no es menor, ya que significa un incremento de 21 mil personas desaparecidas o no localizadas, con respecto al último recuento oficial, que se había situado en 40 mil personas.
En descargo del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, podemos decir que no se trata de 21 mil personas más desaparecidas durante los primeros 13 meses de la gestión lopezobradorista, sino de un nuevo recuento que permite saber que las cifras previas no reflejaban la realidad.
Hoy mismo, es difícil saber si la cifra es definitiva con respecto a años anteriores, lo que si sabemos a partir del nuevo informe es que durante 2019, se registraron 5 mil 84 nuevos casos en el país; y de esos 21 mil recientemente incorporados, al menos 16 mil no habían sido considerados en estadísticas oficiales anteriores y corresponden al periodo 2006 -2019.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), presentaron el más reciente informe sobre personas desaparecidas, búsqueda y hallazgo de fosas clandestinas en nuestro país.
Los resultados no dejan lugar al optimismo y abren la puerta a un sinnúmero de cuestionamientos a lo hecho por las anteriores autoridades sobre un tema harto doloroso para las familias de personas desaparecidas.
Trece largos y tortuosos años
En el reclamo de no repetición y reparación del daño está presente también el de hacer justicia y castigar a quienes han perpetrado crímenes contra la humanidad. Y contra esas autoridades que incumplieron su responsabilidad de detener esta escalada de violencia, así como la de esclarecer la “verdad histórica” e informar de forma oportuna y veraz el escenario registrado en 13 largos y tortuosos años. Ocultar la información que hoy conocemos, debe ser considerado un delito, un delito que tiene responsables.
Encinas Rodríguez informó este 6 de enero que en los 13 meses de gestión, en 519 sitios diferentes a nivel nacional fueron localizadas 873 fosas clandestinas con mil 124 cuerpos, 395 ya han sido identificados y 243 fueron entregados a las familias buscadoras; eso en 13 meses. Sin embargo, en 13 años, de 2006 al 31 de diciembre de 2019, la suma total es de tres mil 631 fosas clandestinas halladas en el país.
Además, se cuentan por miles los cuerpos sin identificar que saturan los servicios médicos forenses en todo el país. Pero también son miles las familias que desde 2006 se encuentran en búsqueda de sus personas queridas: hijos, hijas, cónyuges, padres, madres, hermanos y hermanas.
Las entidades con más hallazgos de fosas clandestinas a partir de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, son: Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco. Los estados que registran mayor número de cuerpos localizados en estas fosas clandestinas son: Sinaloa, Jalisco, Colima, Sonora y Chihuahua, con 825, el 73% de esos mil 124 cadáveres.
El infierno
Sí, el infierno, buscar a personas desaparecidas, en vida, en muerte, en fosas clandestinas, en los Semefo, ministerios públicos, se traduce en años de martirio, de dolor, desconsuelo para las víctimas indirectas. Los logaritmos del horror resultan incomprensibles, hablar de estadísticas con sus fríos números, es hablar de abstracciones, cuando lo que está en juego es la dignidad humana.
En la danza del terror tienen lugar destacado por la cantidad de personas desaparecidas, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Puebla, ya que son los estados con más casos, pero no los únicos.
De las 3 mil 93 mujeres reportadas como desaparecidas en 13 meses, mil 816 fueron localizadas (59%), pero permanecen en esta dramática condición mil 277 (41%). La mayoría de las carpetas de investigación se encuentran radicadas en Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Lo que no excluye al Estado de México y la Ciudad de México.
En lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes, durante los últimos 13 meses, se contabilizaron 2 mil 720 casos; mil 713 (63%) ya fueron localizados; sin embargo, mil siete permanecen en condición de no localizados. Jalisco, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León registran la mayor incidencia, pero no son excluyentes de otras entidades.
Familias con esperanza
Las familias buscadoras tienen la esperanza de localizar en vida, de que sus personas queridas sean recuperadas y reintegradas al seno familiar. Por eso buscan en vida. Lamentablemente, aun a costa de su propia seguridad también buscan en muerte, en fosas comunes y escarban en fosas clandestinas.
En los casos de muerte, las autoridades de todos los niveles y ámbitos están obligadas a actuar con la debida diligencia, profesionalismo, con los más altos estándares en derechos humanos con respecto a los cuerpos de las víctimas directas de desaparición y de atención hacia las víctimas indirectas, es decir, las familias buscadoras.
Las investigaciones deben garantizar la atención integral, la reparación del daño, cumpliendo con las reglas máximas para la impartición de justicia, restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, así como todas aquellas medidas necesarias establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y la Ley General de Víctimas.
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