En numerosas ciudades del país marcharon cientos de miles de mujeres en las calles, exigiendo justicia, elevando la voz para exigir más recursos del Estado para encontrar a sus hijas desaparecidas… una jornada de lucha, recuerdo y memoria para mostrar la brutalidad que priva en México en contra de mujeres adultas, adolescentes y niñas; en un contexto en que ha habido casos emblemáticos de impunidad, negligencia en las investigaciones ministeriales, y en las actuaciones policiales.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
En todo el territorio nacional han desaparecido en los últimos cinco años más de 40 mil personas. Miles de ellas se encuentran enterradas en fosas clandestinas, en cerros, llanos, lotes baldíos e incluso, como se documentó en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, pero también en otros reclusorios donde se ha descubierto que el crimen organizado ha ejercido un auto gobierno, al grado de utilizar a las propias cárceles como espacios para el entierro de víctimas de la violencia, y para perpetrar crímenes como la trata de personas a través de la prostitución forzada de mujeres privadas de la libertad.
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De acuerdo con el INEGI, del 2013 al 2022 han perdido la vida por homicidio intencional 33,214 mujeres en todo el territorio nacional. Pero si ese periodo se divide en dos partes, lo que se tiene es que, entre el 2013 y el 2017 el promedio anual fue de 2,732 víctimas, es decir, un promedio de 7.45 homicidios de mujeres al día. En contraste, entre el 2018 y el 2022, el promedio creció a 3,906 casos por año, lo que equivale a 10.7 casos diarios.
Es innegable que la crueldad con que son agredidas las mujeres es brutal, y se ha tenido que llegar incluso a la tipificación de delitos como las agresiones con ácido, de las cuales han sido víctimas decenas de mujeres de todas las edades en el país, ejemplo que, por lo demás, permite dimensionar el grado de violencia que se ejerce de manera cotidiana en una nación marcada por la impunidad.
En la marcha del 8M en la Ciudad de México, se vio por Paseo de la Reforma desfilar la imagen de una enorme calavera ensangrentada, en la que pueden sintetizarse la mayoría de los reclamos y exigencia de justicia de las mujeres; y que revela mucho más que un simple “enojo” o “malestar”.
Es importante subrayar en ese sentido, que estamos quizá ante una de las más grandes revoluciones culturales en la historia: la de la exigencia de la igualdad entre mujeres y hombres, entendida como igualdad sustantiva. Porque si bien es cierto que el planteamiento se encuentra en obras de grandes pensadoras hace décadas y en otros casos, hace algunos siglos; lo que estamos observando es una movilización sin precedentes, que anuncia, ojalá que muy pronto, la transformación radical de nuestra sociedad para avanzar hacia la erradicación de la violencia de género.
Es importante observar que esta inmensa protesta y marcha conmemorativa se da sólo 24 horas después de otro evento simbólico: el derribo de una de las puertas del Palacio Nacional, ante la negativa de diálogo de la presidencia de la República con las familias de los jóvenes estudiantes de la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en aquel trágico 2014.
A estas protestas se suman varias marchas por la paz y por numerosas otras causas en diferentes ciudades del país. Ejemplos: estudiantes en Celaya exigiendo justicia por el asesinato de cinco estudiantes de medicina; médicos y estudiantes de medicina marchando en Zacatecas para exigir seguridad para el ejercicio de su profesión; maestras y maestros marchando en Morelia exigiendo su “basificación”; miles de personas marcharon en Morelos en 2023 para exigir justicia por el asesinato de una profesora; ya en 2024, transportistas realizaron paros en carreteras para exigir seguridad ante el asesinato y secuestro de varios operadores de camiones de carga, y suma y sigue…
Lo paradójico de todo lo anterior es que a diferencia de lo que ocurría en otras protestas, que culminaban en un templete y se constituían en punto de partida para procesos de cambio, por mínimos que fueran, ahora las marchas culminan frente a muros metálicos con autoridades encerradas y aparentemente ocupadas en dar solución a los problemas que generan la movilización social.
Salir a protestar a la calle es una de las últimas medidas que utiliza la población para hacer visible la inacción o incompetencia de las autoridades. Por ello debemos ser capaces de interpretar qué significan todas las movilizaciones que, de manera simultánea, se llevan a cabo en calles y plazas del país. Porque no basta que terminen con un poderoso mensaje y sean recibidas por “mesas de diálogo”; en el mejor de los casos, esas mesas permiten resolver la crisis coyuntural, pero si no se generan las soluciones estructurales, lo que ocurre es simplemente posponer el conflicto y agudizar la problemática.
La crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país es inocultable. Y en esa medida, su resolución debiera ser impostergable; sin embargo, en medio del proceso electoral, pareciera que los próximos tres meses lo que ocurrirá será la radicalización de las posturas, y la imposibilidad de construir auténticos procesos de diálogo constructivo, que lleven a la solución consensada de los más urgentes temas y prioridades nacionales.
Lo que se percibe en el corto plazo es la agudización de varios problemas: la crisis del agua puede llevar la protesta a la calle muy rápido; la sequía habrá de prolongarse y la protesta de las y los productores del campo puede surgir, sobre todo en las regiones de mayores pérdidas. Todo ello en un territorio cimbrado por los grupos criminales, y sembrado con terror y miedo por los barones de la violencia.
México no puede ser el país de las calaveras ensangrentadas; y mucho menos, renunciar a la posibilidad de reconciliarse a pesar de las disputas, los enconos y las diferencias. La fraternidad es siempre posible, pero sólo será realizable si labramos el terreno para que la semilla de la paz germine. Ese es el gran reto.
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Investigador del PUED-UNAM
