Cambio climático, pobreza y vivienda

Los efectos del cambio climático tienen una expresión cotidiana y concreta; están presentes en cada espacio de nuestra realidad diaria, aunque en ocasiones no suele percibirse de esa manera. México enfrenta en este 2022 un nuevo proceso de sequía, con intensas olas de calor, y esto ocurre en un momento sumamente difícil para la realidad nacional y para una mayoría que enfrenta severas condiciones de pobreza o insuficiencia de recursos para tener una adecuada calidad de vida.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Para dimensionar lo anterior, es importante pensar, por ejemplo, en los datos del Censo del año 2020, respecto de la cantidad de viviendas donde se carece de refrigerador. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estimó para ese año que, de los 35.16 millones de viviendas habitadas que había en el país, en 4.2 millones de ellas no se dispone de este aparato electrodoméstico.

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Si cada una de esas viviendas tiene en promedio a 4 habitantes, estaríamos ante la suma aproximada de 16.8 millones de personas que no tienen dónde guardar sus alimentos (suponiendo que tienen suficientes), y que enfrentan una forma no medida suficientemente de inseguridad alimentaria, pues su capacidad de almacenar comida limita por supuesto su capacidad de acceder a alimentos sanos, nutritivos e inocuos.

El dato presentado equivale, en términos porcentuales, al 12.11% de las viviendas del país. Pero frente a ese promedio, hay 11 entidades donde el indicador es mayor, destacándose los estados de Chiapas, con 34.9%; Oaxaca, 29.33%; Puebla, 25.29%; Tlaxcala, 22.72% y Guerrero y Veracruz, con 18.89 y 18.2%, respectivamente.

Se trata de entidades donde no sólo hay muy elevadas temperaturas, sino también una muy alta proporción de personas que viven en condiciones de pobreza o en vulnerabilidad social por carencia de servicios o calidad de sus viviendas. Esto implica que las personas.

De acuerdo con el propio Censo, en el país el 96.8% de las viviendas habitadas disponen de energía eléctrica al interior de sus instalaciones. Hace décadas, se argumentaba que el déficit de equipamiento de las viviendas con aparatos como el refrigerador era imposible mientras no se llegase a la cobertura universal de acceso a la electricidad.

Pero eso ya no es un obstáculo ahora. Pero sí lo es la posibilidad de pagar el consumo mensual de electricidad. Y esto conecta necesariamente con la urgencia de que México transite hacia una nueva política energética que garantice, tanto disponibilidad, ampliación de la capacidad de generación y cobertura universal en el territorio nacional, como un tránsito acelerado hacia una nueva lógica de generación de energías limpias.

Lo anterior es fundamental, porque estamos ante la posibilidad de tener escasez de energía, y la que se produce, siga bajo la lógica de la generación con base en combustibles fósiles y contaminantes: un modelo inviable no sólo desde la perspectiva económica, sino, sobre todo, ambiental y ecológica.

Además de lo anterior, se encuentran las críticas condiciones de no acceso al agua potable al interior de las viviendas. Según el propio Censo del 2020, hay 1.21 millones de viviendas (aproximadamente 4.8 millones de personas) que no disponen de agua entubada en sus viviendas; mientras que únicamente el 78.8% disponen del líquido al interior de sus construcciones. Se trata, en suma, de 30 millones de personas en esta condición, pero aún aquellas que sí tienen agua al interior de sus edificios o cuartos, no la reciben todos los días y mucho menos en condiciones óptimas de potabilidad.

Estamos ante un escenario de enorme vulnerabilidad social, que, en un contexto de efectos severos del cambio climático, puede llevarnos a condiciones críticas de salud, por la probable aparición o rebrote de epidemias, o bien, por el repunte de enfermedades gastrointestinales o intoxicación por consumo de alimentos en mal estado.

México tiene los recursos para transformar esta realidad; la cuestión central se encuentra, una vez más, en cómo y por qué se definen las prioridades de la política pública y del presupuesto para ejecutarla. Sin duda, necesitamos otro rumbo.

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