por Juan Carlos Gutiérrez
En derechos humanos hay una generalizada contradicción entre la teoría y la práctica. Si todo fuera una cuestión de gasto corriente de las oficinas del Gobierno Federal, nuestro país sería un administrador perfecto. Asimismo, la proporción de papel ponderado por tratado internacional en derechos humanos que ha firmado es muy alta, sin embargo, la realidad es diferente: México padece un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos
Ante la decisión de Felipe Calderón de desplegar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y aumentar en general las respuestas coercitivas ante la inseguridad, el país no contaba con contrapesos institucionales que hubieran evitado el deterioro en el disfrute de los derechos. Un sinnúmero de indicadores demuestran el fracaso de esta administración de acuerdo con sus propios objetivos: la reorganización de los cárteles de tráfico de drogas; el escalamiento de su poder de fuego; la incursión en otros delitos como extorsión, secuestro y trata de personas; entre otras tendencias. Así, resulta que el 53% de las personas encuestadas consideran que el crimen organizando “va ganando” dicha lucha, y sólo 17% piensa que la ventaja la lleva el gobierno (I).
La actual situación en torno al respeto de los derechos humanos tiene demasiados casos pendientes por esclarecer: casi 100,000 personas han perdido la vida en los últimos cinco años; entre 3,000 y 5,000 personas han sido desaparecidas, según la ONU y la CNDH (aunque hay informes de la sociedad civil que contabilizan más de 20,000); y hace muy poco –noviembre de 2012– varias organizaciones informaron al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que los casos de tortura en México aumentaron alrededor del 500% en los últimos seis años.
En este contexto, a pesar de todas las normas reconocidas sobre derechos humanos, los incentivos para su protección parecen invertidos en el marco institucional y en la cultura política. El actual gobierno ha construido una noción de Estado de Derecho que tiene como prioridad al Estado, y no al Derecho. La estrategia de seguridad está diseñada con el objeto de proteger la seguridad del Estado y de sus responsables, mas no de la paz y el bienestar de la ciudadanía.
Bajo estas premisas, debemos debatir si en este país cualquier acción institucional está justificada para garantizar la seguridad. Hoy en día, las personas afectadas por la acción institucional puede ser consideradas “daños colaterales” por el gobierno, mientras que las víctimas “inocentes” se calculan excepcionales, y se difunde con entusiasmo la información sobre presuntos delincuentes “abatidos” en las campañas de comunicación social de la Presidencia. Lo más lamentable de esta situación es que nos acostumbramos a la muerte y a su justificación. Mientras el “ejecutometro” continúa día a día sumando vidas, es sorprendente el desdén hacía las víctimas por parte del gobierno saliente, muestra de ello lo constituye el veto presidencial a la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión.
Al respecto, Tita Radilla, familiar de Rosendo Radilla, desaparecido durante la “guerra sucia” de los setenta, considera: “Lamentamos la decisión que tomó el presidente Felipe Calderón de vetar la ley de víctimas, que ha sido un esfuerzo de instituciones y personalidades, pero, sobre todo, un logro de familiares y víctimas del delito y de graves violaciones a los Derechos Humanos (…) exigimos al presidente Felipe Calderón acate la decisión del poder legislativo y publique de inmediato y sin restricciones la Ley Nacional de Victimas”.
Una decepción compartida por Javier Sicilia, impulsor del Movimiento por la Paz Dignidad y Justicia, cuando declaró: “Le vuelvo a decir al Presidente: no traicione su palabra. Ha traicionado demasiado a este país para que siga traicionándolo. Le exigimos, yo ya no le pido, le exijo, que cumpla su palabra y que se promulgue esa ley”.
La insistencia del ejecutivo en acotar el ámbito de las víctimas sólo a quienes han sido víctimas del delito y del “crimen organizado” es una estrategia por minimizar las responsabilidades de las autoridades ante los abusos cometidos contra la población y un distractor de la atención puesta sobre la violencia sistemática como política de Estado. Ni la legislación penal vigente ni instituciones como PROVÍCTIMA –creada más como un placebo dilatorio que como una solución efectiva– protegen plenamente a las víctimas en el país para que sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación se hagan realidad.
Para quienes nos ocupamos de la defensa de los derechos humanos, en cambio, es indiscutible que detrás de miles de los más de 95 mil muertos hay una historia, un proyecto de vida interrumpido, un duelo, una muestra de violencia que se remite a hechos concretos, a personas con rostro, nombre e identidad, un relato de violaciones y un peregrinar por dependencias oficiales narrando su dolor, pero especialmente un terrible drama en la búsqueda de justicia. Estamos seguros que tras cada uno de estos hechos, mostrados como frías cifras de la “guerra contra la delincuencia organizada”, o etiquetadas bajo la desatinada figura de “daños colaterales”, hay un fuerte impacto social de una familia en su entorno social y una característica común: un pacto oficial de impunidad.
En este contexto, es incuestionable que la presencia del ejército en las calles ha aumentado significativamente las denuncias ciudadanas, ante las cuales el gobierno y las autoridades castrenses siguen defendiendo la aplicación de la jurisdicción militar para su investigación. Organizaciones de alto prestigio internacional como Human Rights Watch han llevado a cabo investigaciones exhaustivas que documentan abusos cometidos por militares y miembros de otras fuerzas de seguridad contra civiles, especialmente aquellos perpetrados en el contexto de las iniciativas de lucha contra el narcotráfico impulsadas por el gobierno del Presidente Felipe Calderón. Una de las principales causas por las cuales persisten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca rinden cuentas por sus actos, y una de las razones fundamentales que permiten que no sean juzgados y castigados es que continúan siendo investigados y procesados en el sistema de justicia militar.
Tanto los tribunales internacionales como la Suprema Corte de Justicia han reconocido la gravedad de este problema y han instado a México a reformar su fuero militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado cuatro sentencias desde 2009 donde establece que México debería abandonar el uso del fuero militar, y debería en cambio asegurar que todos estos casos sean de competencia exclusiva de las autoridades civiles desde el momento en que se denuncian los abusos.
En julio de 2011 la Suprema Corte reconoció el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recientemente – septiembre de 2012– reiteró que las violaciones contra civiles deben ser investigadas y juzgadas en tribunales civiles, no obstante, esta práctica no se ha modificado, y los resultados son los mismos: se siguen remitiendo casos de violaciones de derechos humanos al sistema de justicia militar, con la plena complicidad de la Procuraduría General de la República, donde continúan quedando impunes.
El lector pensará que no hay camino al final del túnel. Sin embargo, pensamos lo contrario; a partir de la reforma de 2011, nuestro marco constitucional se verá colmado con la ampliación y fortalecimiento del reconocimiento constitucional de derechos humanos universales. Su aprobación representa un avance decisivo.
Ahora, con la nueva constitución, por lo menos formalmente, tenemos un contexto más promisiorio. Contamos con el párrafo tercero del Artículo 1º, que señala que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley”; es decir, las autoridades de todos los niveles de gobierno deben respetar los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y además activamente tomar medidas a favor de todos los derechos para lograr plena eficacia de los mismos.
Igualmente, en un más amplio espectro, la reforma constitucional supone un paso adelante en la construcción de una cultura de derechos, en el supuesto de que las normas jurídicas, a largo plazo, inciden en las reglas con que se rige la convivencia social. El entendimiento de esta premisa no es solamente un cambio normativo pro forma; debe significar una profunda transformación política y social.
Por ello, y ante el fracaso de la actual administración en la materia, el Gobierno que el 1º de diciembre asumirá el poder debe abrir un debate con diversos actores sociales para responder a una pregunta central: cuáles son los límites que el Estado debe preservar para respetar los derechos constitucionales e internacionales sin menoscabar la protección de la seguridad pública.
Los derechos humanos no pueden ser moneda de cambio en este debate, si continuamos en este camino de “noche y niebla”, éstos serán meras flores de ornato sobre la tumba de la democracia. •
Referencia
I. Décima Encuesta Nacional sobre la Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, Consulta Mitofsky y México Unido contra la Delincuencia, A.C. (MUCD), http://consulta.mx/web/index.php/estudios/mexico-opina/462-percepcion-de-inseguridad-ciudadana-en-mexico-mucd
