El presidente ha anunciado la presentación de un conjunto de reformas constitucionales y legales que plantearan la eliminación de Órganos Constitucionales, y ha dicho también que planteará reformas al sistema electoral, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Dada la composición del Congreso, se percibe difícil que se logren los votos necesarios para que estas reformas se concreten, más aún en el crispado escenario electoral en que ya estamos. ¿Por qué entonces presentar estas propuestas si se sabe de antemano que lo más probable es que no prosperen?.
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La respuesta ya ha sido perfilada en diferentes espacios: con estas propuestas, el presidente se mete de lleno a la discusión de la campaña electoral, y convierte al proceso en una especie de elección plebiscitaria: “o continúa la llamada cuarta transformación, o se da una vuelta al pasado”.
Es asimismo evidente, que con este nuevo ciclo de debate, el presidente también muestra su intención de que su proyecto personal de país no sólo tenga una proyección transexenal, sino que incluso se convierta en norma suprema de la República, lo cual, debe decirse igualmente, no es muy distinto de la lógica que se ha seguido históricamente en el presidencialismo mexicano de los últimos 100 años.
Por otro lado, es dable pensar que, con estas propuestas, el Ejecutivo da cuenta de lo que de alguna manera deja como tarea a realizar a quien le suceda en el cargo; lo cual ha sido leído como una especie de “testamento político”, aunque en realidad parece ser la propia proyección personal de lo que considera que debió realizarse en su mandato, pero que ya no tuvo tiempo de implementar.
En el realismo político, el presidente se ha mostrado dispuesto durante su gobierno a actuar como jefe de un partido-movimiento, asumiendo que eso es asimilable a la jefatura del Estado; porque ha creído siempre que el hecho de representar a una mayoría le autoriza a pretender suprimir a todas las otras voces y visiones, argumentando que todo lo que no coincida con su visión, es tanto inmoral como execrable.
Resulta interesante observar el poderío comunicacional que mantiene el Ejecutivo hasta el final de su mandato; porque con estas acciones sigue logrando el control de la discusión pública y ha logrado evadir la rendición de cuentas. Por ello la eficacia que ha mantenido en continuar hablando hacia el futuro, a pesar de que en realidad le quedan seis meses de gobierno efectivo, pues una vez que se realice la elección, indefectiblemente cambiará la correlación de fuerzas y los arreglos del poder comenzarán a modificar sus coordenadas.
Por ello, más allá de las preferencias y simpatías políticas, un análisis mesurado de lo que se ha hecho en este gobierno muestra que sería un error llevar a cabo las modificaciones estructurales que buscan realizarse en la Constitución. Porque en realidad, son muy pocas las políticas de este gobierno que han mostrado eficacia, y, por el contrario, son muchos los frentes donde los resultados fueron sumamente negativos. En ese sentido, resulta un error asumir que la visión del gobierno debe convertirse en norma suprema, cuando lo que falta aún es revisar las políticas de educación, salud, educación y de seguridad pública, determinando lo que no se logró, sobre todo ante la incorporación de las Fuerzas Armadas en una amplia cantidad de tareas económicas y sociales.
Construir un México de igualdad y de bienestar generalizado no pasa por las reformas que pretende llevar a cabo el Ejecutivo y quienes coinciden con su visión. Antes bien, lo urgente es construir un diálogo nacional, y poner en operación las reformas estructurales que han quedado pendientes desde hace décadas, y que son condición necesaria para lograr un nuevo curso de desarrollo para nuestro país que genere crecimiento, garantice sostenibilidad ambiental y que tenga como rasero indeclinable la garantía universal, integral y progresiva de los derechos humanos; lo cual ya está en la Constitución y lo cual no ha sido cumplido.
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