por Mario Luis Fuentes
En México se encuentran encarceladas poco más de 260 mil personas; de ellas, el 44%, es decir, alrededor de 102 mil, se encuentran detenidas en espera de una sentencia; del total de las 423 prisiones que hay en México, el 60% padecen una situación de autogobierno; los datos indican que entre el 2006 y el 2012 se han evadido mil reos; y se han cometido 600 homicidios
Las cárceles representan la zona más oscura y olvidada del sistema institucional mexicano. El reporte que anualmente presenta sobre el tema la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a pesar de su seriedad y contundencia, no ha dado pie a una revisión profunda, no sólo del sistema administrativo que las fundamenta, sino sobre todo, el modelo conceptual y filosófico con el que están diseñadas.
En consecuencia, las cárceles mexicanas funcionan como el “instrumento de la venganza y desahogo de la frustración colectiva”; espacios en los que cientos de miles de personas se encuentran recluidas; muchas de ellas debido a delitos efectivamente cometidos; pero muchas más sentenciadas por delitos cuya acreditación es dudosa –como en el conocido caso de “presunto culpable”-, y decenas de miles más en espera de una sentencia.
El sistema penitenciario encierra especial complejidad porque si bien depende del Poder Ejecutivo, en realidad es un coadyuvante del Poder Judicial, y depende estrictamente de sus resoluciones en términos de mantener detenida o bien, de dejar en libertad a las personas que han entrado en conflicto con la Ley.}
1. Los retos del Poder Judicial.
El Poder judicial tiene en sus saldos un enorme rezago en la dictaminación de casos y emisión de sentencias. En ese sentido es pertinente destacar los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, 2014, elaborado y publicado por el Instituto Nacional de geografía y Estadística (INEGI).
En este Censo se muestra que entre los años 2010 y 2013, han ingresado al Pleno de la SCJN, máxima instancia judicial del país, un total de 18,752 casos; de ellos, se han resuelto únicamente 3,879. Destaca que de la suma total, la mayoría se trata de asuntos del orden administrativo, con un total de 7,83 casos ingresados, de los cuales se han resuelto, en el periodo señalado, 827.
En segundo lugar se encuentran los casos del orden Laboral, los cuales suman, en el lapso de referencia, 3,527 casos, de los cuales se han resuelto 602; en tercer lugar se encuentran los casos de tipo penal, los cuales suman 2,944, y de los cuales se han resuelto 834.
2. Los retos de la Justicia estatal.
En el ámbito estatal también hay un gran número de casos que han sido ingresados en “Primera Instancia” y que están pendientes de ser resueltos. De acuerdo con el Censo de Impartición de Justicia Estatal, 2014, también elaborado por el INEGI, en el 2013 se abrieron 215,638 causas penales en la instancia señalada, de las cuales se resolvieron únicamente 190,805, quedando pendientes 149,852.
Se trata de un asunto mayor pues el Artículo 17 de la Constitución establece que: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.
Desde esta perspectiva destaca que de acuerdo con los datos del INEGI, las cinco entidades con mayor número de casos pendientes por resolver, ingresados en el 2013 son: el Distrito Federal, con 51,341 casos; San Luis Potosí con 17,907; el Estado de México con 9,455; Tabasco con 8,181 y; Puebla con 7,137.
3. Las cárceles, un desorden generalizado
De acuerdo con Elena Azaola, una de las principales expertas en el análisis del sistema penitenciario en México, los 9 grandes problemas que enfrentan las cárceles mexicanas son: 1) Una sobrepoblación que atenta en contra de todo principio de justicia y de garantía de los derechos de la población recluida; 2) condiciones de vida indignas y en muchas ocasiones, infrahumana; 3) abuso de la prisión preventiva; 4) una política de combate a las drogas ineficiente; 5) ausencia de políticas criminológicas integrales; 6) un grave proceso social de criminalización de la pobreza; 7) una cultura arraigada de indiferencia social ante la población carcelaria; 8) un peligroso ambiente de opinión pública tendiente al “populismo punitivo” y; 9) ausencia de rendición de cuentas y total opacidad en el manejo del sistema penitenciario mexicano.
De acuerdo con la propia investigadora México es el 6º país con mayor población carcelaria a nivel mundial con alrededor de 260 mil personas privadas de su libertad, de las cuales, poco más de 102 mil se encuentran bajo la modalidad de “prisión preventiva” (44% del total), es decir, se encuentran en espera de una sentencia judicial, la cual como ya se vio, es casi siempre lenta y tortuosa.
De acuerdo con el análisis de Azaola, en México el 65% de las prisiones padecen la lógica del “autogobierno”, es decir, son los propios reos quienes mandan ahí dentro; mientras que entre los años de 2009 al 2013 se han registrado poco más de mil fugas, mientras que en los motines, riñas y otros fenómenos violentos y delictivos al interior de las cárceles se han contabilizado alrededor de 600 homicidios.
Asimismo, de los más de 620 mil personas que han sido detenidas por delitos relacionados con el tráfico de drogas entre 2006 y 2012, poco más de 500 mil han salido libres bajo fianza (pues se les imputaron delitos menores), o libres por falta de pruebas.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 14- Julio- 2015, p.25
