El estado industrial de Guanajuato, en México, fue hasta hace unos años ejemplo por su pujanza, bienestar y calidad de vida. Hoy, está convertido en uno de los estados más violentos, superando los índices de homicidios de países enteros como Honduras o El Salvador. Esta realidad cotidiana pone en duda las estadísticas oficiales de las que alardea el fiscal Carlos Zamarripa, quien se perfila para entronarse como la máxima cabeza de la procuración de justicia estatal por un total de 19 años y se jacta de ser el más eficiente del país.
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Según testimonios de trabajadores de la institución recabados para esta publicación, los buenos números en parte obedecen al maquillaje de cifras para mejorar la imagen del fiscal, quien además ha granjeado un poder de caudillo en la política local a la par que su administración acumula controversiales episodios. Frente a estas contradicciones en su desempeño, Zamarripa ahora enfrenta duras críticas desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Carlos Zamarripa presume ser el más eficiente
El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, suele alardear de la eficiencia de la institución que dirige: la segunda fiscalía estatal más eficiente del país, según los análisis anuales de la organización México Evalúa, solo después de la de Baja California. Sin embargo, esto contrasta con la escalada de violencia de los últimos años: Hoy, su tasa de homicidio por 100 mil habitantes (55.99) es la cuarta más alta a nivel nacional y supera la de países enteros como El Salvador (52.0), Jamaica (43.9) y Honduras (38.9). En once años los asesinatos crecieron 215 por ciento y ubicaron a este estado como el más violento de México en números absolutos.
Para esta publicación se logró documentar cómo es que logra mejorar sus estadísticas de eficiencia, aunque los delitos sigan al alza. Trabajadores y extrabajadores de esa institución afirman que el control vertical de la fiscalía le permite acomodar la clasificación de delitos para que la Fiscalía de Guanajuato aparezca entre las más eficientes del país. Por ejemplo, según estos testimonios, las extorsiones se registran como fraudes, secuestros o privaciones de la libertad como no localización de personas, dependiendo de cómo vayan las estadísticas.
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Los otros datos de Carlos Zamarripa
Además, un estudio aparecido en abril de 2021 de la misma organización México Evalúa, llamado Fallas de Origen, situó a Guanajuato como uno de los tres estados peor evaluados en confiabilidad estadística criminal, solo rebasado por Tamaulipas y Tabasco. Lo que más afecta a esos estados es el componente “irregularidades en los homicidios culposos”. Pero no solo eso, también el renglón de los homicidios dolosos, los derivados de la violencia intencional, tiene a Guanajuato entre las entidades peor calificadas por la calidad de su información, solo superado por Sinaloa.
En la Presidencia de la República el descontento con este personaje está al límite, pues ya se le pidió “hacerse a un lado”, de acuerdo con una versión verificada con funcionarios federales. Los gabinetes de seguridad del Gobierno Federal y del estado se encontraron el 16 de febrero de 2021, frente a frente en una tensa y muy ríspida reunión en la Ciudad de México.
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¿Una trayectoria ejemplar?
Detrás de esta coyuntura está un personaje con la personalidad de Carlos Zamarripa, quien además se preocupa de que todos vean sus logros profesionales y personales. En algunas oficinas de la Fiscalía hay un póster con el título “Historia que trasciende”, donde su camino al éxito deviene en culto a la personalidad, como lo presenta esta publicación.
El fiscal alardea de sus buenas relaciones con los Estados Unidos, en buena medida a través de los apoyos provenientes de la Iniciativa Mérida, pero se desconocen en montos y efectividad, pues la dependencia clasificó por cinco años la información porque “se pone en riesgo la persecución de los delitos”.
Zamarripa estudió un curso en el FBI que suele destacarse en su trayectoria y que trató de replicar cuando creó la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Desde allí se operan sistemas de vigilancia y controles verticales de carpetas de investigación, además de que sus operaciones han levantado sospechas de ser usadas políticamente y porque se mezclan con el poder ejecutivo estatal.
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Sin oídos para la ciudadanía
Las protestas ciudadanas se han multiplicado y dar la cara ante a las víctimas no es algo que caracterice a Zamarripa: en la Universidad Iberoamericana en León para exigir justicia del feminicidio de la estudiante Nadia, del que nada se sabe un año después de ocurrido; las marchas de mujeres, que por dos años seguidos han señalado al fiscal por la implacable violencia feminicida; las familias que buscan a personas desaparecidas, quienes tomaron el Teatro Juárez por segunda vez en un año, por la insensibilidad de los peritos de la fiscalía en las búsquedas. Ni siquiera la pandemia de la covid-19 ha logrado parar las manifestaciones de descontento.
Mientras tanto, el fiscal construye una identidad de caudillo al amparo de la justicia, lo que envalentona al partido que lo encumbró, el PAN, y tiene amedrentada a la oposición política. Entre las felicitaciones de sus cercanos y una crítica que pareciera no hacerle mella, Zamarripa ha visto pasar tres gobernadores que le han aceptado todo: grandes presupuestos, crisis, justificaciones de la creciente violencia. Primero como procurador estatal y, luego de una reforma legal, como fiscal con total autonomía. De llegar al final de su mandato, en 2028, habrá durado 19 años en funciones, un hecho sin precedente en América Latina.
Un conflicto sangriento
Durante la gestión de Zamarripa, los cárteles han hecho de Guanajuato una especie de tribuna para demostrar su poderío. Por un lado el Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo negocio principal es la extracción ilegal de combustible, o huachicol; y por el otro el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha convertido en uno de los grupos de narcotraficantes más poderosos del país. Ambos han subido videos a la red, donde muestran su armamento y sus vehículos blindados. Pero uno de los episodios más dramáticos de este enfrentamiento fue en 2017, cuando el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, “el Marro”, arengaba contra sus contrincantes para expulsarlos del estado, una verdadera declaración de guerra entre cárteles.
Mientras tanto, el presupuesto de la dependencia se ha incrementado en más de 160 por ciento en once años, según la cuenta pública: del 1 de enero de 2009 al tercer trimestre de 2020 el fiscal ejerció un gasto de 20,967 millones de pesos (mil millones de dólares). Fue el cuarto estado con más presupuesto en 2019 detrás de Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua.
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Gastos estratosféricos
Carlos Zamarripa fue el artífice en la contratación de una red de videovigilancia asignada sin licitación de por medio a la empresa Seguritech, en un arrendamiento que costó 135 millones de dólares entre 2013 y 2018. Pero la inversión multimillonaria no bastó para pacificar Guanajuato. Incluso a pesar de que hace seis meses se detuvo al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, la violencia no ha parado, como lo muestra esta publicación. (FAVOR EN “esta publicación” INCLUIR EL SIGUIENTE ENLACE: https://www.connectas.org/especiales/carlos-zamarripa-el-caudillo-de-la-justicia-mexicana/ )
En cuatro ocasiones se solicitó una entrevista con el fiscal Carlos Zamarripa, a través de su equipo de comunicación social, para saber su versión de los hechos expuestos aquí, sin embargo no hubo respuesta.
Doce años después de su llegada a la responsabilidad de perseguir los delitos en Guanajuato, el fiscal Carlos Zamarripa ha amasado el mayor y más longevo poder que haya acumulado un fiscal en la vida pública del país. Su entronización para cuidar la productividad del estado y las inversiones locales y foráneas, pero no a los ciudadanos, parece apuntar a una era que México creía superada: hombres fuertes que piensan que ellos son las instituciones. En política mexicana, la vuelta a la era de los caudillos con la justicia a cuestas.
Lea en este enlace la investigación completa
Esta investigación contó con el del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las América.
