La producción, trasiego y venta de drogas es un asunto que se da en la gran mayoría de los países; en mayor o menor medida, el consumo de sustancias adictivas está presente en prácticamente todas las naciones del mundo, sobre todo en las principales ciudades, en las que se identifican poderosos cárteles de traficantes que se enriquecen a través del tráfico ilegal de todo tipo de estupefacientes.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
En ese sentido, el combate a las bandas criminales ha estado determinado por diferentes factores que van desde las diferencias radicales en las perspectivas y contenidos de las legislaciones nacionales; pero también de la eficacia y capacidad de investigación, persecución, control y en algunas zonas, incluso se ha conseguido avanzar hacia una reducción muy importante de su presencia territorial.
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Para el caso mexicano pensar el tema desde esta perspectiva implica que las políticas en materia de seguridad pública deben tener la capacidad de diferenciar cuando se trata de acciones criminales que tienen su origen y que se desarrollen exclusivamente en el territorio nacional, de aquellas que, pueden tener su origen en el territorio nacional, pero ser concluidas fuera del mismo; o bien, que tienen su origen en el extranjero y qué culminan en el territorio mexicano. La tercera opción es que las acciones criminales tomen a nuestro territorio como un espacio a través del cual pueden transitar o desarrollarse tráficos ilícitos que inician en un país extranjero y terminan igualmente en un país extranjero.
Desde que en 1993 fue atrapado en Guatemala Joaquín Guzmán Loera, quedó de manifiesto que el crimen organizado mexicano estaba teniendo o vivía un proceso de expansión acelerada con conexiones de relativa dependencia en un primer momento con los cárteles colombianos, para ir adquiriendo cada vez más poder al amparo de la corrupción y la complicidad de autoridades mexicanas pero también extranjeras, hasta que se convirtieron en poderosas organizaciones autónomas con la capacidad de competir y disputar no solamente procesos de producción, sino también de trasiego y venta final de los estupefacientes.
En ese mismo sentido, el descubrimiento de los túneles que diversos cárteles mexicanos construyeron para lograr evadir a las autoridades norteamericanas e introducir en aquel país grandes cantidades de drogas, pero también de armas que provenían de los Estados Unidos de América hacia México, terminó por confirmar que las actividades delincuenciales habían adquirido una dimensión inédita en el contexto del trasiego de sustancias adictivas ilegales.
La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha insistido en la necesidad de generar instrumentos internacionales de acuerdo y colaboración mutua para un más efectivo combate a la delincuencia organizada transnacional, la cual desarrolla las principales actividades criminales que se dan en el mundo y que abarcan no solamente la producción y distribución de estupefacientes, sino también el tráfico de especies, el tráfico de armas, el tráfico de personas en situación migrante irregular, así como la trata de personas en sus diferentes modalidades.
El caso mexicano es todavía más complejo e implica e impone enormes retos para el combate y la desarticulación de las bandas del crimen organizado, pues se ha consolidado el fenómeno denominado por algunos expertos como de la macro criminalidad o la multi criminalidad, lo que significa nada menos que el control de diferentes actividades delictivas, consideradas anteriormente como del orden común, y que ahora es difícil distinguir cuándo se trata de acciones desarrolladas por grupos o personas empleadas por las organizaciones más poderosas, o incluso personas que delinquen y que pagan cuotas o “permisos” a las bandas criminales para poder cometer sus delitos tales como, el robo, el robo a los negocios, el secuestro, el robo a transporte público, entre otras modalidades delictivas.
Desde esta perspectiva considerar a las bandas criminales con denominaciones que aluden estrictamente a algunas regiones o entidades de la república mexicana, contribuye semánticamente apercibir que se trata únicamente de organizaciones con una amplia y poderosa presencia territorial en México, pero que en realidad tienen conexiones, operadores y socios en otros países. Como ejemplo puede citarse el caso del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, quien reiteradamente denunció que era perseguido aparentemente por el denominado cártel de Sinaloa; pero en otros países tanto de Centroamérica como de Suramérica, diversas autoridades han señalado la presencia de cárteles mexicanos en sus territorios.
En los Estados Unidos de América son constantes las referencias en medios locales o regionales a la palpable presencia de organizaciones criminales mexicanas entre las que se encuentran sin duda el denominado cartel Jalisco nueva generación, el cártel de Sinaloa, el cártel del golfo, el cártel de Juárez, entre otras organizaciones de tipo criminal.
Por otro lado ha habido ya diversos señalamientos en el congreso norteamericano respecto del peligro detener una frontera tan porosa con México, lo cual, más allá del debate coyuntural en torno a la elección presidencial en aquel país, es una importante llamada de atención a toda la región en torno a los riesgos que se corren frente a organizaciones terroristas que podrían utilizar el territorio mexicano, como ya ha ocurrido como el punto de entrada a nuestro país vecino; o bien para el tránsito de aparentes personas vinculadas al crimen para viajar hacia Centroamérica o hacia países suramericanos.
Es un hecho entonces que para dimensionar y hacer cada vez más evidente la urgente cooperación entre países, los cárteles o las organizaciones criminales dejen de ser denominadas exclusivamente con la región es donde tienen su origen, para establecer con toda claridad las conexiones que tienen en otros países principalmente en los Estados Unidos de América y en la región de Centroamérica.
No sería descabellado pues pensar en que las organizaciones criminales podrían en realidad ser consideradas como, solo por citar algunos ejemplos hipotéticos, “Cártel Talismán-Golfo-Phoenix”; o bien “Cártel Quito-Sinaloa-Los Ángeles-Chicago”.
Se trata pues no sólo de una forma de nombrar a los grupos delincuenciales sino ante todo detener la capacidad de diagnosticar su auténtica presencia territorial, sus ámbitos de influencia, su capacidad corruptora, su capacidad para blanquear dinero, su capacidad para depositarlo en paraísos fiscales y rastrear con ello su destino final para estar en mejores condiciones de combatirles.
Seguir pensando a la delincuencia organizada como un fenómeno propio de territorios nacionales constituye un error tanto de percepción como de política pública. De tal forma que lo urgente es construir nuevos mecanismos de cooperación, para homologar legislaciones, compartir de manera segura información e inteligencia, desarrollar estrategias fiscales más eficaces de control y sanción, y lograr reducir mediante estrategias compartidas el consumo de drogas, armas y la contención y erradicación los crímenes como la trata de personas.
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Investigador del PUED-UNAM
