Detrás del infierno que vive Celaya, la ciudad cajetera, hay una lucha entre las distintas corporaciones de seguridad pública que es aprovechada por El Marro.
Por: POPLab | David Saucedo @David_Saucedo_ Te invitamos a visitar el sitio de PopLab
Celaya tiene una importancia estratégica para el control de las actividades ilícitas, en el así llamado triángulo de las bermudas o triángulo del huachicol, conformado por los municipios de Salamanca, Celaya y Villagrán. Desde hace año y medio la ciudad cajetera padece la dictadura económica del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), que ha establecido un impuesto de guerra a los celayenses, vía el secuestro, la extorsión y el cobro de derecho de piso. Con los recursos que capta por esas vías, el Marro sostiene y alimenta a sus ejércitos de sicarios. Además, el CSRL recluta jóvenes de los barrios bajos de la ciudad, en donde el desempleo y la falta de oportunidades facilitan la incorporación de los hijos de familias en situación de pobreza de tercera o cuarta generación a los cárteles de la droga. Sobre ese tema ya hemos dado información detallada en un artículo previo. La situación lamentablemente no ha cambiado mucho.
Pero Celaya también es presa de las embestidas de los ejércitos de invasión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que llevan casi dos años tratando de apoderarse de la infortunada ciudad. Para las tropas del Mencho, la ciudad se ha convertido en una obsesión. Sucesivas oleadas de sicarios han sido enviadas para adueñarse de la ciudad, pero todas han sido repelidas y masacradas por el Marro con cuantiosas muertes colaterales. Tal y como comentó el periodista Arnoldo Cuellar, Celaya es una ciudad mártir. Dos carteles se disputan el control de la misma, frente al azoro, complicidad y complacencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Definitivamente, de todos no se hace uno.
Para empezar a desenredar la madeja hay que separar los factores que dieron origen al conflicto, de las tareas que se deben emprender para pacificar la ciudad. Hay que distinguir lo deseable de lo posible, ¿se puede extirpar la presencia del CJNG de los municipios de Guanajuato en donde sentó plaza? Difícilmente se podrá lograr sin el apoyo de la DEA. ¿Se puede disminuir el poder de fuego del CSRL? No se podrá cumplir este objetivo, si no se cuenta con el apoyo de los gobernadores de Querétaro y Michoacán, para cortar las líneas de abastecimiento que tiene el Marro desde dichos estados. Pero ni Pancho Domínguez, ni Silvano Aureoles se ven muy dispuestos a participar en una guerra ajena y en la que tienen todo que perder y nada que ganar. Guanajuato y el gobierno federal caminan solos en un matrimonio a la fuerza, que ni siquiera es por conveniencia.
Entonces, ¿qué es lo que objetivamente se puede hacer en Celaya? Demagogia aparte, el único objetivo real que se puede lograr es la disminución de los índices de violencia. No se podrá eliminar la presencia de los cárteles. Tan solo se puede generar un entorno que inhiba los delitos de alto impacto. Lamentablemente, no se podrá eliminar la violencia homicida. Lo único que se puede hacer es administrarla.
¿Qué pasos hay que dar para ello? En primer lugar, Diego Sinhue Rodríguez debe evitar los errores que cometió Miguel Márquez hace poco más de dos años. Ni Miguel, ni Diego invitaron al CJNG y al CSRL para que se enfrascaran en una guerra interminable por el control en Celaya, pero sí colaboraron con la generación de un cuello de botella que impide poner un freno a la masacre: la designación de Elvira Paniagua como candidata del PAN a la presidencia municipal.
Con una formación legislativa sólida (fue dos veces diputada local), conocimiento amplio de la administración municipal (ocupó las direcciones de Desarrollo Social y de Agua Potable de su municipio) y luego de su paso como subsecretaria de la SEDESHU, Elvira parecía tener un perfil muy superior al de muchos de los alcaldes de Celaya al momento de llegar al poder.
A pesar de ello, en la víspera de la nominación de candidatos a cargos de elección popular, Elvira nunca estuvo en el radar de Miguel Márquez para que se convirtiera en la candidata del PAN a la alcaldía. Había otros prospectos y candidatos que llenaban más el ojo del gran elector, pero una conjunción de hechos aleatorios fueron inclinando la balanza a favor de Elvira.
En primer lugar, la justa pelea que dieron varias diputadas locales panistas (muy destacadamente, Libia Dennise García) en contra de Éctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, para que en las elecciones del 2018 se aplicaran criterios de paridad de género, terminó por forzar a Miguel Márquez a abrir el abanico de las candidaturas a mujeres. Con la misoginia que le caracteriza, Márquez estableció un principio. El PAN lanzaría candidatos varones en los municipios que conforman el cinturón industrial. No se “arriesgaría” a postular a mujeres en León, Irapuato, Celaya y Salamanca, porque al decir de él mismo: “no tenemos mujeres, ¿de dónde las vamos a sacar?”.
Además, en Celaya, los jerarcas del PAN temían la postulación por parte del PRI de Fernando Bribiesca, hijo de Marta Sahagún, quien estuvo muy cerca de arrebatarle el triunfo a Ramón Muñoz, candidato del blanquiazul en las elecciones de 2015. De hecho, al iniciar la campaña de 2018, el PRI iba arriba en las encuestas internas del PAN. Con un candidato como Fernando Bribiesca, Márquez no estaba muy dispuesto a hacer experimentos de equidad de género que, desde su perspectiva, “pondrían en riesgo al municipio”.
De antemano, la nomenclatura azul había definido que en las elecciones de 2018 el PAN postularía mujeres en los municipios del noroeste y sureste de Guanajuato, debido a la baja densidad de población en dichas zonas y porque el bajo peso electoral de los municipios que las conforman no influiría en la elección para gobernador. Con un puñado de municipios de ambas regiones se cumpliría con la cuota de género. María Elena Ramos de Atarjea, Guadalupe Ramírez de Xichú, Berenice Montes de Victoria, Sonia García Toscano de Santa Catarina, Alejandrina Lanuza de Salvatierra, Juana Campos de Tarandacuao y Araceli Pérez de Coroneo se convirtieron en candidatas y a la postre en alcaldesas de sus respectivos municipios gracias a su capacidad… y a los malabares de ingeniería electoral que aplicó la nomenclatura azul para satisfacer los criterios de paridad de género. Otras candidatas como Cindy Arvizu de San José Iturbide, Sagrario Villegas de San Luis de la Paz, etc., no alcanzaron la victoria, pero cumplieron con su papel de sacrificio. Serían recompensadas posteriormente al ser incorporadas en la nómina de gobierno del estado.
Cuando llegó el turno de designar al candidato del PAN en Celaya, sucedió algo inesperado. El PRI, dominado en ese entonces por Gerardo Sánchez, designó a Montserrat Vázquez Acevedo, dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en el estado, como su candidata a la alcaldía. En ese entonces MORENA no figuraba como el rival a vencer en la entidad. Todos veían al PRI como el principal enemigo, municipio por municipio. Pero si el PRI no lanzaba a su mejor gallo (Bribiesca) y se decantaba por una candidata desconocida, aunque totalmente leal a Gerardo Sánchez (Montserrat), entonces el PAN podía flexibilizarse un poco en Celaya.
Las bajas calificaciones de Ramón Muñoz, en su evaluación de gestión como alcalde (que volvían inviable su reelección), las eternas dudas del empresario Mauricio Usabiaga para saltar a la política y las dudas que le generaba Paulo Bañuelos, titular de la SDAYR a Miguel Márquez, retrasaron la designación de un candidato en Celaya. Pero cuando Montserrat Vázquez sorteó exitosamente el acoso del que fue objeto por parte Sergio Marcelino Bravo (uno de los operadores estrella de Gerardo Sánchez) y se registró como candidata del PRI a la alcaldía, Márquez se convenció de que la candidata en Celaya por el PAN podría ser Elvira Paniagua, pues en su lógica la pelea no sería tan desigual si se enfrentaban “mujer contra mujer”.
Como ya hemos mencionado Elvira tenía un buen palmarés. Contaba con experiencia en la administración pública estatal y municipal. Había trabajado como presidenta de la comisión de hacienda en el Congreso local y era reconocida por su honestidad e incorruptibilidad. Los resultados de la contienda dejaron aún más satisfechos a Márquez y su equipo. Elvira ganó la elección con un amplio margen sobre su más cercana competidora, Italia Almeida, candidata de MORENA. A pesar de ello, no fue una campaña sencilla. Durante la contienda, la candidata del PAN enfrentó el boicot financiero de empresarios que empezaron a alimentar económicamente la campaña de Javier Mendoza, ex alcalde y candidato independiente, pero este no logró despuntar. Hubo una operación cicatriz encabezada por el gobierno estatal con los empresarios para que dejaran de apoyar a Mendoza. Pero Elvira también tuvo golpes de suerte. Tal y como ocurrió en otros municipios, la votación priista se dividió entre la candidata de MORENA y la candidata del PRI. Aunque el PAN no lo reconozca, el repunte electoral de MORENA en las elecciones de 2018 le permitió conservar varios municipios. El voto anti PAN se dividió en por lo menos dos candidatos en varias plazas importantes como Celaya, Irapuato o Pénjamo.
Pero hubo un factor que Márquez no incorporó en sus cálculos: el creciente clima de violencia en la ciudad. El director de la policía municipal de Celaya, J. Santos Juárez Rocha, y su escolta fueron asesinados en julio de 2017. Fueron emboscados cuando se dirigían a una reunión del C5 en Salamanca. Otros comandantes de sector habían sido asesinados en semanas y meses previos. Poco tiempo antes se había reportado la sustracción de chalecos y radios de un campo de prácticas de la Policía local por parte de un grupo delictivo. Celaya ya figuraba dentro de los municipios de mayor tasa de homicidio doloso. Es decir, las tropas del CJNG seguían avanzando en el estado y estaban a las puertas de Celaya. Por su parte, el Marro contestaba atrincherándose y afianzando su control sobre la policía municipal.
Mientras el PAN estaba enfrascado en una batalla electoral para cumplir con las reglas de paridad de género, para aplacar a sus empresarios, para repartir dulces a los precandidatos perdedores, para dividir a la oposición y para apuntalar la campaña de su candidata, una lucha más real, más intensa y de mayor alcance se libraba en las calles de barrios y comunidades de Celaya. Elvira no tenía, ni en ese entonces, ni ahora, el perfil para hacerse cargo de una ciudad en llamas, presa de una Guerra de Cárteles.
Tal y como ella misma reconocía en tertulias informales, Elvira carecía de cualquier formación y conocimientos en materia de seguridad pública, que sería el principal reto durante su gobierno. Se requería alguien con experiencia capacidad y temple para hacer frente a la coyuntura. Los quiebres emocionales durante su mandato, que le han llevado a presentar su renuncia (misma que el gobernador Diego Sinhue siempre ha rechazado) solo reafirmaban la necesidad de postular a una candidata(o) cuya bandera fuera la paz, aunque en realidad llegara empuñando el hacha de guerra.
Porque la designación de una candidata del PAN, que a la postre se convertiría en presidenta municipal, pero sin conocimientos en el área de seguridad provocó otro evento desafortunado. El control de la seguridad pública del municipio quedaría nuevamente en manos de Alvar Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. La debilidad de Elvira le abrió la puerta a Alvar. En otras páginas hemos descrito el desastre que ha significado la permanencia de Alvar como secretario de seguridad estatal. En el caso específico de Celaya, Alvar tuvo el mal tino de nombrar a Juan José González González como zar de la seguridad de la ciudad.
González González llegó a la Secretaria de Seguridad Pública celayense en agosto de 2017, luego de la renuncia de César Vázquez en el cargo, quien dejó la secretaría tras el asesinato del ex director de la Policía, J. Santos Juárez. Juan José González fue director de policía en varios municipios, subdirector de dos centros penitenciarios y comandante de mando único en Tarimoro, Yuriria y Jerécuaro. Era hombre de todas las confianzas de Alvar. Consciente de que el desgaste en el cargo provocaría su remoción, se despidió de los medios en una autoentrevista que dio a principios de octubre de 2018. Se despidió del personal de la Dirección de Seguridad Pública y hasta difundió un comunicado en este mismo sentido. Sin embargo, su padrino político entró al rescate. Alvar defendió el trabajo de Juan José González ante Elvira, presidenta electa, logrando con ello su continuidad en el cargo. Lo cierto es que Elvira ratificó a varios colaboradores de primer nivel del ex alcalde Ramón Muñoz, negando implícitamente el espíritu de cambio y renovación que le dio el triunfo electoral. El nuevo gobierno municipal comenzó a trabajar bajo un esquema de “Ramonismo sin Ramón”.
Como secretario de seguridad pública, Juan José González acumuló varias faltas e incumplimientos: nepotismo (contrató a su yerno en un alto cargo dentro de la secretaría), incompetencia (incurrió en subejercicio en las partidas de seguridad) y falta de resultados (los delitos del fuero común en Celaya se dispararon). Pero al igual que Alvar siempre fue muy hábil para encontrar subterfugios para justificar sus errores. Ya en el trienio de Elvira, cuando los eventos de alto impacto se desbordaron, sacrificó a Martín González, director de policía. Aceptó su reemplazo por otro hombre de las confianzas de Alvar: el ex director de la policía leonesa, José Carlos Ramos. De hecho, en el tiempo que se desempeñó como secretario de seguridad pública de Celaya, Juan José González tuvo 4 directores de policía diferentes. Los quitaba y reemplaza como fusibles, descargando sobre ellos la responsabilidad por los malos resultados.
José Carlos Ramos dejó la dirección de policía de León en medio de críticas y cuestionamientos. Una en particular circuló profusamente en redes sociales, sobre todo en cadenas de WhatsApp, aunque no recibió cobertura alguna en medios de comunicación. Integrantes del Grupo de Élite del CJNG detuvieron, interrogaron y videograbaron a un integrante de Cárteles Unidos que, bajo tortura, señaló a José Carlos Ramos de estar a su servicio y recibir sobornos para brindarles protección. La denuncia no trascendió y Ramos siguió desempeñando sus funciones como si nada.
En este contexto, José Carlos Ramos, luego de dejar la Dirección de Policía de León en julio de 2019 (despedido por Héctor López Santillana), se hizo cargo de la Dirección de Policía de Celaya en noviembre del mismo año. El enroque lo operó Alvar desde su despacho, de la misma manera que ha administrado la rotación de mandos por prácticamente todos los municipios del estado. Aplicando un borrón y cuenta nueva en la hoja de servicios de los múltiples comandantes de policía bajo su mando. Como si se tratara de entrenadores de equipos de futbol, Alvar quita a directores de policía que no dieron resultados en un municipio y los coloca en otro en donde jura y perjura, que tendrán un desempeño brillante. Si en el futbol rara veces funciona, en materia de seguridad pública municipal nunca ha ocurrido eso.
Ramos solo duro tres semanas en el cargo. Tomó posesión el 1º. de noviembre y presentó su renuncia el 20 de noviembre, luego de sufrir un atentado. Células del Marro interceptaron los vehículos en el que se transportaba (vehículo principal y coche escolta). Quienes trataron de asesinarlo dispararon más de 300 balas con armas de grueso calibre. Montaron una emboscada en su contra, lo que hace evidente que los asesinos conocían su agenda y sus rutas de desplazamiento. Consciente de que la policía municipal estaba infiltrada por el CSRL y que el CJNG tampoco lo veía con buenos ojos, luego del incidente que vivió en León, Ramos decidió renunciar. Enfrentar las amenazas y atentados de dos cárteles al mismo tiempo no sería valiente, sino temerario y con un solo resultado posible.
Su paso por Celaya quedó marcado por tres movimientos. Alvar designó a José Carlos Ramos. Elvira lo nombró… y el Marro lo despidió. Esa era la correlación de fuerzas en la toma de decisiones de seguridad en el municipio de Celaya. El Marro siempre tenía la última palabra.
El clima de inseguridad que se apoderó de Celaya, las notas en medios nacionales e internacionales, pero sobre todo la caída en encuestas de la popularidad del gobernador en el municipio, provocó que en los cuarteles generales de Diego Sinhue se contemplara por primera vez la posibilidad de nombrar como director de policía a un mando del gobierno federal. Desde hacía meses Elvira Paniagua había deslizado la posibilidad de nombrar a un militar en dicha responsabilidad, con el objeto de forzar la participación de la SEDENA en la atención de los problemas de la inseguridad celayense. Su propuesta fue rechazada. Pero con la renuncia de Ramos, un alfil de Alvar, se abrió una ventana de oportunidad para ello. El propio gobernador encabezó las gestiones para que el nuevo director de policía de Celaya fuera un ex militar o mando policiaco proveniente del gobierno federal. Pero la federación aceptó el reto haciendo una petición sorprendente. Mandaría un mando policiaco de primer nivel a Celaya, pero no como director, sino como secretario de seguridad pública. De igual modo, el director de policía, mandos medios y comandantes de sector serian nombrados por el mando federal. Es decir, el poder de Alvar Cabeza de Vaca y el control que ejerció durante muchos años, vía Juan José González, en la policía de Celaya llegaba a su fin.
Alvar se enteró tardíamente de las negociaciones. Cuando estas estaban muy avanzadas no pudo frenarlas, ni reencauzarlas. Él y Juan José González pensaron que tendría bajo su mando a fuerzas federales en Celaya, pero en realidad fueron echados del municipio sin ninguna consideración. Durante el proceso de entrega-recepción, a Alvar le quedó claro que el nuevo secretario de seguridad pública, Miguel Ángel Simental, no aceptaría ningún tipo de tutelaje.
Simental se había desempeñado como Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Guanajuato durante tres años. Conocía bien el estado e inclusive su familia ya radicaba en Guanajuato. Al momento de recibir el llamado para incorporarse como secretario de seguridad publica de Celaya, se desempeñaba como Titular de la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva Estación en Apatzingán, Michoacán. Poco tiempo después de tomar posesión de su cargo, Simental empezó a despedir a mandos policiacos ligados con Alvar y Juan José González. Dentro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal la remoción de sus comandantes fue percibida no solo como una purga, sino como un rompimiento total. Una cuasi declaración de guerra. Y respondieron con la misma moneda.
En un hecho inédito, policías estatales y municipales tuvieron un enfrentamiento a principios del mes de febrero de este año, en el que dos policías municipales fueron desarmados, detenidos, encarcelados y sujetos a proceso, por presuntamente colaborar con el crimen organizado. En radiopasillo de los círculos policiacos se afirma que en realidad Alvar está respondiendo con la misma moneda a “la falta de colaboración” de Simental con él.
La FGE colaboró activamente con la denuncia que presentó Alvar en contra de los dos elementos de la policía municipal. En contraste, en episodios previos, Zamarripa había mostrado una actitud condescendiente con las faltas que cometían policías celayenses. Así ocurrió con en varios casos, en donde uniformados celayenses fueron detenidos al estar involucrados en la custodia de un trailer con hidrocarburo robado, en casos de secuestro y hasta homicidio doloso. Pero la tolerancia de la FGE hacia las irregularidades y delitos cometidos por los policías de Celaya terminó cuando Alvar dejó de tener el control de la corporación. Por ser un mando federal, Simental sentiría toda la fuerza de la SSPE y de la FGE combinadas.
Pero los problemas de Simental con Alvar no serían los de mayor peso e importancia para el nuevo secretario de seguridad de Celaya. En dos operativos de comando simultáneos, José Luis Montes Santos, director administrativo de la Policía de Celaya y Juan Antonio Zumaya Arteaga, coordinador operativo fueron asesinados por células del CSRL. Santos fue asesinado en calles de la ciudad de Celaya y Zumaya fue secuestrado del autobús de línea en el que se transportaba a la Ciudad de México. Ambos mandos habían llegado a Celaya para colaborar con Simental. Solo unos días después Maricela Patiño Mendoza, comandante de sector fue abatida por sicarios del CSRL. El Marro estaba diezmando significativamente a la policía de Celaya. Mediante tiros de precisión había desarticulado al estado mayor de Simental.
En un nuevo hecho inusitado, Elvira Paniagua rompió con la disciplina que le caracterizó durante toda su trayectoria como funcionaria pública para reclamar el abandono tanto del gobierno estatal, como del gobierno federal, para hacer frente a la inseguridad en la ciudad. Simental había hablado con ella para expresarle la falta de disposición de Alvar para trabajar en equipo con la policía de Celaya. El secretario de Seguridad Pública de gobierno del estado se estaba cobrando las afrentas recibidas con una actitud hostil y de brazos caídos en el mejor de los casos.
Por si algo hiciera falta, a la Guerra de Cárteles que se libra en Celaya había que sumar las pugnas, golpes bajo la mesa y disputas entre las diferentes corporaciones de seguridad pública por el control de los efectivos, presupuestos, plazas, diseño e instrumentación de políticas en materia de seguridad. En Celaya no solo hay una guerra entre capos del narcotráfico. Hay una abierta disputa entre uniformados para ver de qué cuero salen más correas. Lo único malo es que en este juego de vencidas los más perjudicados siempre serán los ciudadanos.
Falta mucho para lograr que la ansiada paz llegue a los hogares de las familias celayenses. Para ello se debe poner fin a las disputas entre las distintas corporaciones de policía. Los partidos políticos con posibilidades reales de ganar la alcaldía de Celaya en 2021 deben postular a candidatos que cumplan con el perfil y competencias que requiere el cago. Se debe limpiar a la Policía de Celaya pasando a retiro a por lo menos la mitad de sus elementos y reestructurándola casi en su totalidad. Hay que dotar a los elementos de vehículos blindados. La Policía de Celaya tiene tiempos de respuesta particularmente altos a las llamadas de auxilio, pues los elementos temen ser emboscados mediante llamadas falsas realizadas por sicarios. Hay que dotar a la policía municipal con armas que por lo menos igualen la cadencia cíclica de las armas de los narcotraficantes.
Pero lo más importante es cambiar de táctica, llegó el momento de hacer ajustes de estrategia. Ni siquiera la contingencia sanitaria ha disminuido la violencia en la región. La estrategia del gobierno federal no ha funcionado, ni funcionará. Esa es la realidad. Ni el CSRL va a abandonar Celaya, ni el CJNG va a soltar a una presa que siente que por primera vez está al alcance de su mano.
Hay que tomar un respiro para sentarse nuevamente y reescribir los planes y programas en materia de seguridad. Hay que estar abiertos y receptivos a nuevas ideas y experiencias exitosas de otras latitudes. Tampoco se trata de inventar el agua tibia, aunque no estaría del todo mal, pues estamos metiendo las manos en agua hirviendo. Pero sobre las opciones reales con las que cuenta el gobierno estatal y federal para resolver este acertijo hablaremos en una siguiente entrega.
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Tal vez los argumentos sean ciertos, medio creíbles. Por tu mal representación geográfica de los territorios municipales, eso de señalar que Comonfort está en medio de calaya y Apaseo, no tiene más que fantasía, seguro, con la misma que escribiste. Seguro te la fumaste antes de escribir. salu2. Alfonso Delgado.