El pasado 29 de septiembre fue asesinado, en un asalto en Celaya Guanajuato, el joven estudiante Gabriel Luna Ibarra. Es un evento terrible que constituyó la “gota que derramó el vaso” en una de las más grandes y pujantes ciudades del Bajío mexicano.
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El 01 de octubre se llevó a cabo una marcha de protesta organizada por estudiantes, para exigir justicia para su compañero, pero también para otros más que han sido asesinados y violentados en el estado de #Guanajuato. Ese mismo día, en la ciudad hubo ocho personas ejecutadas a balazos, y dos policías de las fuerzas de seguridad del estado (FSPE) heridos en un ataca a balazos.
El día de ayer hubo una nueva marcha, nuevamente convocada por estudiantes -el grupo que siempre da la cara por la sociedad cuando hay crisis sociales como ésta-, exigiendo lo más simple y básico que se puede pedir a una autoridad: justicia y seguridad para el patrimonio y la integridad de las personas.
Entre la indignación y el enojo, no deja de resultar esperanzador este tipo de movilizaciones: cánticos, porras, vitalidad pura movilizada para exigirle a las autoridades que hagan su trabajo; actitud y ambiente que contrasta con lo acartonado de las declaraciones y con lo frívolo de la respuesta gubernamental.
Ante el incendio que está socavando a la sociedad guanajuatense, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, el aparente gobernador del estado, ha respondido de la manera más frívola: una intensa campaña en medios de comunicación, pagando a columnistas aplaudidores para promocionar que “Guanajuato es la grandeza de México”. Esta frase constituye una broma de mal gusto ante el reguero de cadáveres y sangre que ha teñido de rojo a la entidad.
La alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, está literalmente escondida, y no sería sorpresivo que la destituyan del cargo, hecho que en el (des)gobierno del estado están midiendo con mucha cautela, porque permitiría fortalecer los argumentos que se han esgrimido en el Congreso de la Unión, solicitando la desaparición de poderes en la entidad.
Un solo dato permite dimensionar la gravedad del asunto, no sólo para Guanajuato, sino para el país: entre los años 2015 y 2018, el número de homicidios dolosos cometidos en la entidad, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pasaron de 969 casos a 3,388, es decir, un incremento de 249% en tres años. Y en ese mismo periodo, como acumulado, se tiene la escalofriante cifra de 7,829 asesinatos. En el último año el registro es de 9.22 homicidios dolosos por día.
En el mismo periodo, en el municipio de Celaya el INEGI tiene un registro de 745 homicidios, es decir, un promedio de 186 casos por año, pero si se considera sólo 2018, se tiene un registro de 281 homicidios. Para dimensionar esa cifra, basta con decir que, en Celaya, en ese año, hubo 400% más homicidios que en todo el estado de Yucatán, en el cual el registro fue de 56 casos en el 2018.
Guanajuato es, junto con Nuevo León, uno de los principales motores económicos del país. Sin embargo: entre 2016 y 2018 creció la pobreza, la migración no cesa, la marginación sigue siendo característica de más de la mitad de los municipios y la desigualdad ha crecido como nunca.
En medio de ese contexto, la mortandad provocada por la delincuencia resulta una amenaza mayor para todos. Se trata de un asunto de envergadura nacional, frente al cual el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no puede no asumirlo como una prioridad de urgencia nacional.
A Diego Sinhué Rodríguez Vallejo se le acabó el margen de maniobra; en las encuestas serias está por debajo de la “media tabla de aprobación ciudadana”. A estas alturas se encuentra ante la disyuntiva de pagar favores de campaña y seguir bajo la instrucción y tutela del exgobernador Miguel Márquez Márquez, o darse cuenta de que él es el gobernador de uno de los estados más importantes del país, y una de las regiones más relevantes de América Latina, y por primera vez, actuar en consecuencia.
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