En unas cuantas semanas habrán de inaugurarse las primeras estaciones del Tren Maya en el sureste mexicano. La apuesta de la Presidencia de la República con este proyecto es que su impacto sea de tal magnitud, que impulse el desarrollo social y económico de la región que integran los estados de la República por los que habrá de circular, particularmente en Chiapas, el estado que ancestralmente ha sido el más pobre entre las 32 entidades federativas del país.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Poco han importado hasta ahora los señalamientos del posible impacto ambiental negativo que se está generando, sin hacer caso a los principios de precaución y prevención que rigen a toda política pública que tenga algún impacto en los ecosistemas, y que constituyen tesis de Jurisprudencia de reciente publicación, pero cuyos alcances, a la luz de los contenidos de la Constitución, adquieren una dimensión y complejidad mayores.
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Tal como se ha dado a conocer públicamente el proyecto del Tren Maya, deja más preguntas que respuestas ante los retos del desarrollo. Por ejemplo, surge la duda de ¿cuál es el estado del uso de suelo en torno a cada una de las estaciones que están planeadas en el trayecto? ¿Hay medidas en marcha para evitar los procesos de depredación ambiental y territorial, que ya se han vivido y que están en marcha desde hace varios años tanto en Cancún como en Mérida, por citar sólo los dos casos más evidentes en el Sureste?
¿Cuáles son los proyectos que se asocian a la obra física? ¿Hay modelos de inmobiliarias ejidales o indígenas en operación? ¿Serán grandes empresas las que desarrollen la proveeduría de servicios, o se impulsará la construcción de empresas locales y comunitarias que permitan generar una nueva dinámica de generación de empleo, con enfoques de desarrollo sostenible y protección comunitaria de los ecosistemas?
Uno de los grandes riesgos que se corren cuando se impulsan este tipo de proyectos, es el de replicar estrategias de desarrollo local sustentadas en una visión que privilegia la creación de puestos de trabajo mal pagados y de baja calificación para emplear a la mano de obra local; acompañada del arribo de población de otras regiones y entidades, que cuenta con mayor número de competencias laborales, y que profundizan la desigualdad pues son quienes acceden a los mejores puestos y condiciones de trabajo.
¿Se ha desarrollado en la región, una estrategia de formación profesional, para la generación de nuevos negocios, e incluso de nuevas tecnologías, incluidas las ambientales, para que la presencia del Tren Maya fortalezca y potencie las capacidades de los servicios ambientales de la región? ¿O se seguirá el modelo neoliberal, bajo la tesis de que será el propio mercado el que regué la respuesta a la demanda de los servicios y bienes que se habrán de requerir para acompañar el proceso de operación del Tren?
Las lecciones que el país debe extraer de esta mega obra de infraestructura son mayores. Pues debemos ser capaces de pensar en el largo plazo y aprender de lo hecho para evitar errores presentes o futuros que pueden, por tratarse de complejos ecosistemas los que están involucrados, sufrir daños irreparables con el consecuente costo para la nuestra, pero, sobre todo, para las futuras generaciones.
Falta mucho tiempo para evaluar si esta obra realmente marcará un “antes y un después” en los procesos de desarrollo del sureste mexicano. Desde luego que lo deseable es que así sea, pero el problema es que no existen diagnósticos o análisis que se hayan hecho públicos, respecto de cuál será la demanda de uso del Tren una vez que esté completo. ¿Cuántos turistas y de dónde habrán de llegar? ¿Cuáles son las implicaciones para la movilidad local y la empleabilidad de la región? Y, sobre todo: ¿Cuál va a ser el impacto cultural y comunitario en las localidades y pueblos indígenas, en un contexto de creciente violencia y criminalidad en la región?
La idea de construir grandes obras de infraestructura para detonar procesos de desarrollo regional no es nueva. México ha tenido importantes experiencias en la materia. Sin embargo, no ha habido la intención de sistematizar las lecciones aprendidas para mejorar en el futuro y para evitar errores graves de planeación y de impactos no previstos.
Ya ocurrió con los llamados “centros turísticos integralmente planeados”: Cancún y Los Cabos, emblemáticamente; pero también Bahías de Huatulco; Ixtapa y Costa Pacífico, en Sinaloa. Hasta ahora, es cierto que se han convertido en centros que generan una importante derrama económica para sus regiones, pero con costos sociales y ambientales que permiten cuestionar su viabilidad como modelo, tal como se encuentran, en el presente y hacia el futuro en el corto y mediano plazo.
Los resultados de otros “modelos” de desarrollo regional deben alertar y servir como ejemplos. El caso del Bajío es altamente significativo: un enclave industrial como pocos hay en el país, con la integración de clústeres en diferentes sectores productivos, pero que hoy se encuentra inmerso en un complejo proceso de deterioro debido a la impune presencia del crimen organizado. ¿Cómo evitar que el sureste, en los próximos años, se convierta en “otro Guanajuato” donde hay un importante crecimiento del Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo lleva varios años siendo el estado con mayor número absoluto de homicidios dolosos?
Hay otros ejemplos: Tijuana y Ciudad Juárez en la frontera norte. Municipios con un poderoso desarrollo económico y comercial; pero asolados por la delincuencia y la violencia en sus diferentes formas y manifestaciones; y con costos ecológicos que tardaremos décadas en saldar.
Lo que tenemos enfrente no es menor, y nos obliga a recuperar y renovar metodologías de desarrollo regional que, con base en los principios de sostenibilidad, prevención, precaución y responsabilidad intergeneracional, permitan que el territorio se convierta en un nuevo agente que contribuye a la garantía de los derechos humanos y no, como ya ha ocurrido, que funciones como un espacio hostil y que termina desintegrando y lastimando a las comunidades. La elección, no hay duda, debería ser simple.
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Investigador del PUED-UNAM
