Llamado a Chile y Colombia para un nuevo pacto fiscal

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA SOCIEDAD CIVIL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
LLAMADO A CHILE Y COLOMBIA PARA IMPULSAR UN NUEVO PACTO FISCAL
PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE.

Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado urgente a los gobiernos de
Chile y Colombia para liderar la cooperación regional en torno a un nuevo pacto fiscal
para América Latina y el Caribe. La región lo necesita y no hay tiempo que esperar.
La construcción de una verdadera agenda de recuperación económica y social tras
la pandemia del Covid-19, que reduzca desigualdades, garantice derechos y una
transición verde y justa no puede hacerse sin políticas fiscales progresivas ni sin una
visión compartida y coordinada entre todos nuestros países.

América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y la que más expuesta
está a los desastres climáticos. En este contexto, es especialmente alarmante el alto nivel de recursos públicos que se pierden por los abusos fiscales de grandes corporaciones y las personas más ricas. La evasión fiscal en América Latina y el Caribe cuesta cerca de 300.000 millones de dólares en ingresos fiscales, lo que equivale a 6.1% del PIB regional. Los últimos estudios calculan que el 27% de la riqueza de América Latina está ubicada en paraísos fiscales.

Las prácticas fiscales abusivas por parte de empresas e individuos a nivel global
también privan a nuestros Estados de contar con recursos suficientes para invertir en
servicios públicos y garantizar los derechos humanos, enfrentar la crisis climática y
las desigualdades globales. En un contexto de crisis de precios de materias primas y
alimentos, estas fugas de recursos públicos se hacen más inaceptables e insostenibles.
Por otra parte, gravar la concentración extrema de la riqueza es un punto de partida
imprescindible para que nuestros Estados puedan erradicar la pobreza, reducir las
desigualdades, proteger los derechos humanos, reconstruir mejor tras la pandemia e
invertir en mejores futuros. Es también una condición indispensable para hacer frente a las medidas de mitigación, adaptación y reparación por pérdidas y daños producto de la crisis climática, así como para transitar hacia una economía baja en carbono.

Los esfuerzos mencionados no se pueden emprender desde la voluntad aislada de
algunos gobiernos. Este debe ser un momento histórico en el que se da un giro frente
a décadas de debilidad e injusticia en las políticas fiscales de nuestros países, y vacío
en la articulación de estándares con los países vecinos. Diferentes países de América
Latina han comenzado a adoptar políticas progresivas en materia fiscal a nivel nacional. Ahora toca también dar un paso de concertación regional.

Las organizaciones que suscribimos hacemos un llamado a los gobiernos de Chile y Colombia para aprovechar la Asamblea General de Naciones Unidas para convocar a una cumbre regional contra la evasión y elusión tributaria internacional, la cual se materialice en acuerdos suscritos por una mayoría de gobiernos con voluntades compartidas.

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Mostremos al mundo que América Latina está lista para dejar de ser la región más
desigual y que lo hará con un pacto fiscal que articule la voluntad de luchar contra los
paraísos fiscales y los privilegios tributarios de quienes más tienen.

En el marco de la apertura del 77 período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y en particular del debate general de alto nivel a celebrarse el 20 de
septiembre de 2022, las organizaciones que suscribimos:

1. Considerando la resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de
   25 de septiembre del año 2015, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la que adoptó un amplio conjunto de objetivos globales destinados a, entre otros temas, erradicar la pobreza, enfrentar la desigualdad, combatir la emergencia climática y hacer frente a los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión tributaria.
2. Considerando la resolución 69/313 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 27 de julio de 2015, respecto a la “Agenda de Acción de Addis Abeba” sobre financiación para el desarrollo, la cual establece la importancia de utilizar el máximo de los recursos disponibles, ampliar la base tributaria y combatir los abusos fiscales a nivel transnacional.
3. Considerando la resolución 73/222 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 10 de enero de 2019, sobre la promoción de la cooperación internacional para luchar contra las corrientes financieras ilícitas y fortalecer las buenas prácticas en materia de restitución de activos con miras a fomentar el desarrollo sostenible.
4. Considerando la resolución A/77/226 de la Asamblea General de Naciones Unidas,
   de 26 de julio de 2022, del informe del relator especial para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático y su recomendación de enfrentar los paraísos fiscales para contar con los recursos suficientes para financiar las pérdidas y los daños provenientes del cambio climático.
5. Considerando las recomendaciones del Informe del Panel de Alto Nivel sobre
   Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (FACTI panel) y los llamados del Secretario General de las Naciones Unidas a abordar los paraísos fiscales. Teniendo en cuenta los esfuerzos de otras regiones, tales como la Unión Africana, que desde 2015 estableció un Grupo de Alto Nivel sobre flujos financieros ilícitos procedentes de África.
6. Observando con preocupación los efectos adversos de la pandemia del COVID-19 y de la emergencia climática en los derechos humanos de los pueblos a nivel mundial, especialmente de las comunidades más desventajadas del Sur Global, quienes sufren desproporcionadamente las crisis económicas y sociales, así como las consecuencias de la escasez de agua, inundaciones, disminución de la biodiversidad, y otros tipos de catástrofes climáticas.
7. Observando con preocupación que entre 1985 y 2018 el tipo medio mundial del
   impuesto de sociedades se redujo del 49% al 24% debido a la competencia fiscal (carrera a la baja) y que, también a nivel mundial, el 36% de los beneficios de las multinacionales se trasladan a los paraísos fiscales; mostrando los datos más recientes que se pierden cerca de 500.000 millones de dólares al año debido a los abusos fiscales cometidos por las empresas multinacionales y las personas ricas.
8. Alertando sobre la falta de coordinación política desde los países del Sur Global para adoptar posiciones comunes en asuntos relativos a la reforma del sistema financiero y tributario internacional y considerando que los países en desarrollo no pueden permitirse el lujo de quedarse quietos y esperar a que las economías ricas resuelvan sus propios desafíos, mientras que la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de las multinacionales continúan sin cesar.
9. Convencidas de que impulsar estas medidas a través de una posición común de
   Latinoamérica y el Caribe es clave para transitar hacia una economía basada en los derechos humanos, la sustentabilidad ambiental y la justicia fiscal para reducir la pobreza y las desigualdades.
10. Las organizaciones que suscribimos, hacemos un llamado para un Pacto Fiscal para América Latina y el Caribe que suponga:
    • Asumir un rol de liderazgo global para proteger los intereses propios y de los demás
    países en desarrollo para avanzar en una reforma del sistema fiscal internacional
    que reduzca los beneficios desmedidos que actualmente reciben las economías más avanzadas.
    • Redoblar esfuerzos para lograr un diálogo regional de alto nivel político y con
    participación de la sociedad civil en donde se acuerde una hoja de ruta para la región. En este sentido, instamos a los gobiernos a considerar convocar una cumbre regional contra la evasión y la elusión tributaria internacional y por la erradicación de los paraísos fiscales, así como construir espacios permanentes de coordinación e integración regional en la materia.
    • Abordar una tributación de la riqueza tanto con impuestos de solidaridad como
    recurrentes, que frene la híper concentración de la riqueza y los beneficios extraordinarios y desproporcionados de sectores económicamente concentrados.
    • Enfrentar la opacidad en la riqueza y el capital a través de la implementación de
    un Registro Regional de Activos que vincule todos los activos con las personas que
    realmente controlan la riqueza (propietarios efectivos).
    • Apoyar una Convención Tributaria dentro del marco de las Naciones Unidas que
    permita profundizar reformas multilaterales que busquen una mayor equidad en el diseño final del sistema tributario global, para detener de manera efectiva la erosión de las bases imponibles y el desplazamiento de beneficios.

Organizaciones firmantes

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Argentina Oxfam International
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Argentina
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación México
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia Colombia
Internacional de Servicios Públicos (PSI) Internacional
The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR) Internacional
Observatorio fiscal de la Universidad Javeriana Colombia
Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) Internacional Tax Justice Network Internacional