Este artículo parte de la afirmación de que Chumel no es relevante; el CONAPRED sí. Me explico a continuación: el señor Chumel Torres es un personaje que se mueve entre la comicidad y la violencia verbal. Su presencia pública y la inmensa cantidad de personas que le siguen en redes sociales, no es sino el reflejo de una sociedad que simpatiza y consume el tipo de cultura basura que difunde, ya sea por “medios tradicionales” o por las distintas plataformas ya mencionadas de redes sociales.
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Al igual que muchos otros personajes de ese estilo (el llamado Facundo es otro ejemplo), son productos de la pésima oferta de entretenimiento que tiene la mayoría de los medios de comunicación en México, y cuya presencia en espacios de audiencia relevante está determinada por criterios estrictamente comerciales, o también políticos, pues no hay mejor manera de llevar a cabo críticas o hasta difamaciones, en voz de un personaje cuya seriedad se considera nula.
En este contexto, la discusión que se generó en torno a las nefastas agresiones verbales que hizo el personaje de marras, respecto del hijo menor del presidente de la República, exige un debate muy serio y profundo en tres dimensiones: 1) hasta dónde los medios pueden permitir que en sus espacios haya personajes que sostienen posiciones abiertamente discriminatoria; 2) Cuál es el papel del Estado en la regulación y supervisión de los medios; y 3) cuál es el papel del Estado en la construcción de una cultura de no discriminación y tolerancia, para dar cumplimiento al contenido del Artículo 1º de la Constitución.
Los medios y sus personajes discriminadores
Respecto del primer punto, la discusión se ubica en el ámbito de la autorregulación, los principios y valores que asumen los medios. Se asume que, en una democracia, los medios son entidades de interés público, que están obligados a promover los mejores valores: solidaridad, tolerancia, fraternidad, igualdad, valor éste último que es el fundamento del rechazo a la discriminación y a las actitudes y prácticas estereotipantes.
¿Hasta dónde debe intervenir el Estado?
En el segundo punto, el Estado tiene la responsabilidad legal de regular la actividad de los medios de comunicación, públicos y privados. En ese sentido, debe prevalecer ante todo el principio de la máxima apertura posible; erradicación de toda forma de censura o amenaza en contra de medios y comunicadores; y la mayor cantidad posible de apoyos a medios que promueven los mejores valores sociales; tienen vocación de servicio social; y ejercen la crítica de manera responsable y sustentada.
Todos los derechos, incluido el de la libertad de expresión, tienen, sin embargo, límites; y en este caso, el límite se encuentra en el respeto a los demás; es decir, a pesar de que en el espacio público puede decirse todo, lo que no está permitido, en los márgenes de la democracia, la difamación, el racismo, el clasismo el machismo y la misoginia, y otras formas conexas de intolerancia.
Desde esta perspectiva, cancelar espacios en los que el señor Chumel Torres decía las barbaridades que generalmente sostiene, no es un acto de censura; sino de cerrarle el paso a las actitudes y prácticas discriminatorias, machistas y clasistas.
Es cierto que hay una línea muy delgada entre la censura y la negación de la discriminación. ¿Quién determina, a final de cuentas, hasta dónde el chiste, la broma, el comentario sutil, es un asunto de mera comicidad, y hasta dónde, esos comentarios en realidad transportan los antivalores que minan y corroen los fundamentos más preciados de la democracia? Ese es un debate que no puede agotarse aquí, y en el cual debe profundizarse con seriedad.
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Ua política para la igualdad
Respecto del tercer asunto, relativo a la construcción de una cultura de igualdad y no discriminación, se trata de un mandato constitucional. Y frente a éste, el Estado tiene responsabilidades explícitas. De ahí que no es correcta la visión del jefe del Estado mexicano, quien ha sostenido que el CONAPRED es un organismo que no ha servido para nada; y se basa en un pretendido desconocimiento universal “del pueblo”, respecto de sus logros o lo que ha hecho.
Ante esas afirmaciones, que parecen partir más de un prejuicio, que de una revisión responsable, jurídica, de política pública y presupuestal del CONAPRED, es importante decir que sin su presencia pública, los matrimonios igualitarios, la adopción de parejas de personas del mismo sexo, la muerte voluntaria asistida, el aborto legal y seguro, la visibilidad de los pueblos indígenas, y particularmente de los pueblos afrodescendientes, entre muchas otras agendas, no se habrían conseguido o habríamos tardado mucho más en lograrlo.
Fortalecer a la democracia
Las democracias que han logrado consolidarse y pasar de estructuras políticas con sistemas electorales eficientes, a modelos de Estado de Bienestar, son aquellas que han construido sistemas institucionales para la igualdad; y eso parece que no se está comprendiendo a cabalidad en la presente administración.
Desde esta perspectiva se hace evidente la irrelevancia del personaje Chumel Torres, a quienes hacen relevante sus seguidoras y seguidores, que aplauden sus gracejadas y groserías; que esté o no en los medios de comunicación puede considerarse irrelevante.
Por el contrario, fortalecer al CONAPRED y a otras instituciones que promueven la igualdad, es un asunto de la mayor relevancia para el Estado mexicano, porque en ello nos jugamos la posibilidad, o no, de vivir en una democracia social, capaz de construir un Estado de Bienestar pleno.
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Frase clave: Chumel no es relevante; el CONAPRED sí.
