Hasta ahora, ninguno de los aspirantes a la Presidencia de la República ha planteado que uno de los objetivos centrales de su propuesta sea abatir la desigualdad, lo que es más, todos han planteado medidas y tesis que, de llegar a operarse, amenazan con extender el proceso concentrador de la riqueza, así como mantener el ritmo de crecimiento mediocre que se ha mantenido en las últimas tres décadas
Esta semana tuve la oportunidad de presentar, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el texto de Rolando Cordera, La perenne desigualdad, el cual es obligado leer, y del cual destaco cinco tesis sobre las que es fundamental reflexionar, pero, sobre todo, exigir que se coloquen al centro de la discusión pública nacional. Desde esta perspectiva, Cordera plantea, en primer lugar, romper con la idea de que la desigualdad es un destino inevitable. Asumirlo así, sin embargo, implica romper con las relaciones asimétricas de poder que hoy determinan la vida económica y social del país.
Es exigible, entonces, rumbo al 2018, que se establezca como una de las grandes metas nacionales, llegar al año 2024 habiendo reducido las disparidades entre el norte y el sur; y las que existen entre la población en materia de cumplimiento de derechos y acceso a servicios públicos de calidad.
La segunda tesis está vinculada, necesariamente, a lo anterior: el estado no puede renunciar a su función redistribuidora de la riqueza, con el objetivo de darle un sentido nacional al proceso globalizador en que estamos inmersos. Crecer económicamente con equidad, permitiría dinamizar al mercado interno, y comenzar con ello un proceso que permita que la globalización funcione en favor del bienestar de la mayoría de la población.
En tercer lugar, se encuentra la necesaria recuperación del proceso de reforma del Estado, para convertirlo en un auténtico Estado social, comprometido con los derechos humanos, y capaz de cumplir con el mandato garantista que se encuentra en todo el orden jurídico nacional. Esto implicaría “reformar las reformas” para darles un sentido de justicia social, y dotarlas de un carácter eminentemente social.
Una cuarta tesis indica el necesario restablecimiento del Estado de derecho; no sólo para abatir la violencia y la delincuencia, sino para centrar la acción del Estado en la protección y reparación del daño a las víctimas, pero también para implementar una nueva política de Estado para construir nueva pedagogía democrática, y con ello, garantizar que sea justamente desde la defensa de la democracia como forma de vida, como se dé viabilidad y permanencia en el largo plazo al entramado institucional.
Finalmente, la quinta tesis o hipótesis de trabajo, si se quiere, es que el resultado de todo lo anterior debe ser una idea del desarrollo como resultado de una combinatoria de crecimiento económico sostenido, con criterios igualadores de la sociedad, con el propósito de reconciliarnos y ser de una vez por todas una nación generosa y capaz de garantizar bienestar en todas partes.
Reducir la desigualdad exige, debe insistirse, una Reforma Fiscal y hacendaria de gran calado, ésta se ha pospuesto una y otra vez y tampoco se ha conseguido articular procesos de construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación que lo conviertan verdaderamente en el principal instrumento de una política económica dirigida a construir un crecimiento con equidad.
Lo que debe comprenderse es que no puede haber auténtico desarrollo si no hay una democracia arraigada, sustentada en una potente sociedad civil convencida de su defensa; y si no hay simultáneamente un Estado social de derecho arraigado en un sistema institucional comprometido con la ciudadanía y no con los poderes fácticos.
No podemos posponer más la llegada de la hora de la igualdad; y por ello no será ético que en 2018 las y los candidatos evadan este debate: ¿cómo construimos un país incluyente y equitativo? Los ciudadanos esperamos respuestas.
@MarioLFuentes1 Barack Obama presentó su último “discurso a la nación” el pasado marte
